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Tanto el gobierno de Milei como el de la Ciudad han lanzado un feroz ataque contra la jueza contravencional porteña Karina Andrade por haber dispuesto, en la madrugada del jueves 13, la libertad de 114 detenidos durante la marcha de los jubilados y sus alrededores. El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona -un verdadero delincuente- amenazó con abrirle un sumario en el Consejo de la Magistratura y pedir su destitución. Por su parte, Jorge Macri -que sumó a la Policía de la Ciudad al operativo represivo orquestado por Patricia Bullrich- fingió indignación porque la mitad de los liberados tendría “antecedentes penales”, lo cual no ha sido corroborado por ningún medio judicial ni periodístico.
El hecho es que Andrade se atuvo estrictamente a lo previsto en las leyes y en la Constitución. No abrió juicio sobre las cuestiones “de fondo” ni puso coto a la investigación de los hechos. Simplemente señaló que habían transcurrido largas horas desde que la fiscalía convalidó las detenciones, sin que se aportaran datos sobre las circunstancias que las rodeaban ni de los supuestos delitos que se les atribuían a los detenidos.
“A medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial. Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”, apunta Andrade en su resolución.
También desmiente a los medios y pseudoperiodistas ensobrados por el gobierno, al destacar, por ejemplo, que “ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”. Los reportes policiales remitían en forma genérica a “los hechos del Congreso de la Nación”, sin aportar ningún tipo de detalle. “Nótese que hasta las 22.17 horas aproximadamente el tribunal había sido informado de catorce detenciones y la información que se conoció después da cuenta de que la cantidad de detenidos a disposición de este fuero resultó ser mucho mayor”.
Esto lo atribuye a “las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad”, diseñado por Bullrich, que consistió en una cacería de manifestantes y no manifestantes. Andrade apunta también que, al momento de resolver, tuvo en cuenta “que se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión, entre otros”, a los que considera “baluartes del sistema democrático”.
La represión dispuesta por Bullrich y Macri tuvo el propósito indisimulable de dispersar tempranamente a jubilados e hinchas ante una manifestación que se perfilaba muy numerosa –en las primeras horas de la tarde había varios miles frente al Congreso-. Las denuncias contra Bullrich se multiplican: provocadores policiales infiltrados, torturas, arbitrariedades y atropellos de todo tipo.
El hecho más grave, por lejos, ha sido la tentativa de homicidio contra el fotógrafo Pablo Grillo, quien todavía pelea por su vida. Grillo recibió el impacto directo de una granada disparada con una pistola lanza gases, como se aprecia en las imágenes difundidas en las redes. De la misma manera fue asesinado el docente neuquino Carlos Fuentealba. La pistola lanza gases se encuentra prohibida en gran parte del mundo justamente por considerarse un arma potencialmente letal, y Bullrich la puso nuevamente en uso para dispersar multitudes. La ministra mintió descaradamente, afirmando que Grillo había sido afectado por un ´rebote´ y lo justificó al ´revelar´ que era militante kirchnerista.
El próximo miércoles, salgamos nuevamente a las calles en apoyo a los jubilados y sus reclamos. El 24 de marzo, seamos multitudes en todo el país contra el gobierno represor.
