Caso Brisa Páez: La Justicia procesó a ocho miembros de la Armada por “violencia institucional” y “violencia de género”

Un cabo de la Armada preso y otros siete suboficiales y marineros procesados son algunas de las primeras medidas que tomó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado después de investigar un entrenamiento ocurrido el 4 de abril durante una práctica antidisturbios en el Polo Educativo de la Armada, en la base de Vicente López.

El “entrenamiento” dejó en riesgo de muerte a la marinera voluntaria Brisa Páez, de 21 años, y dejó muy golpeados y con heridas sangrantes a varios de sus compañeros. Brisa ingresó a la fuerza hace solo cuatro meses para realizar tareas administrativas.

El cabo segundo Juan Gabriel Escobar, a cargo de la instrucción, quedó detenido con prisión preventiva porque fue el que pateó a Brisa repetidamente en todo el cuerpo con patadas voladoras, la hizo caer de espaldas y golpearse la cabeza contra el suelo varias veces. Escobar fue hasta hace unos meses pareja de Brisa y un testigo declaró que lo oyó decir que a ella le “dieran duro”. Los testigos y la propia víctima declararon que Escobar impidió en varias oportunidades que la joven pudiera levantarse del suelo después de que la derribara.

A pesar de que era evidente que la chica estaba muy afectada, con un gran hematoma en la frente, los jefes se negaron a interrumpir el entrenamiento y continuaron golpeándolos. Uno de los marineros relató que una decena de sus compañeros “estaban llenos de golpes, raspones y moretones” y que los superiores les dijeron “que era mejor que no dijéramos nada”, declaró bajo juramento en el juzgado. Pero no fue el único que refirió esa advertencia. Otros la repitieron en términos similares, pudo confirmar Página/12. “Si alguien les pregunta qué les pasó, ustedes tienen que decir que se golpearon en su casa”, relató otro de los testigos.

Terminada la práctica, Brisa se descompensó y fue derivada a la enfermería, donde le dieron un calmante y le pusieron un cuello ortopédico. Un rato más tarde se le paralizó parte del cuerpo y comenzó con convulsiones. La internaron en Campo de Mayo y la gravedad del cuadro obligó a inducirle un coma durante 11 días.

La familia de la joven -el padre es marino de carrera- expresó severas críticas a la atención que recibía en Campo de Mayo al punto que Arroyo Salgado ordenó que se constituyera una junta médica independiente presidida por el neurólogo externo, Ignacio Previgliano. Encontraron varias lesiones cerebrales. La chica fue derivada al Hospital Militar Central y los padres declararon más tarde que Previgliano “le salvó la vida a nuestra hija”. Aunque continúa en terapia intensiva, evoluciona favorablemente y en las últimas horas le sacaron el respirador artificial.

La jueza también procesó al suboficial Miguel Angel Reyes, encargado de Sección de Contrainteligencia, y a varios marineros. Dos marineros a los que los jefes trataron de endilgarles las golpizas fueron sobreseídos. La Justicia investiga, además, si hubo algún tipo de encubrimiento sobre lo sucedido, “dado el tiempo que transcurrió hasta que Páez pudo recibir el tratamiento adecuado, y sobre las contradicciones sobre la causa de la lesión que sufrió la joven” (Infobae /5).

No sólo Brisa fue golpeada brutalmente por los instructores. Otros voluntarios salieron de la práctica sangrando. Según consta en la causa, los superiores les ordenaron que, ante la Justicia, dijeran que se habían golpeado en sus casas. Incluso Brisa, en su primera declaración, tomada en el Hospital Militar, dio la misma versión.

Cabe preguntarse por qué los marinos, que tienen prohibido intervenir en “disturbios” populares, reciben “entrenamiento antitumulto” para aprender “a reprimir conflictos civiles” (sic). La Nación lo describe como “una preparación para enfrentar situaciones de protestas violentas, disturbios civiles o motines con el objetivo de restablecer el orden” (18/4). La resolución data de 1997, gobierno de Carlos Menem y se escuda en la necesidad de que los marinos estén capacitados para sofocar “disturbios internos”… dentro de la propia Armada. No se realizaba desde hace años pero el ministro Petri lo resucitó en línea con la decisión del Ministerio de Defensa y del gobierno nacional de hacer participar a las Fuerzas Armadas en la represión interna.

Un ejemplo es el Plan Julio Argentino Roca, a partir del cual Petri ordenó el despliegue de las fuerzas armadas, en coordinación con el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, en la Zona de Seguridad de Fronteras Norte y Noreste, desde el 15 de abril al 15 de diciembre del 2025. El Plan Roca es la continuación del Plan Güemes, que terminó con el asesinato del trabajador Fernando Gómez en la frontera de Orán, Salta.

Este mes el gobierno habilitó por decreto que las Fuerzas Armadas intervengan en los conflictos internos y custodiar “objetivos estratégicos” como puertos, centrales eléctricas o edificios gubernamentales, sin necesidad de declarar un estado de sitio, un poder antes reservado para circunstancias excepcionales, subordinando al Ejército a prioridades de policía interna.

Violencia, tortura, encubrimiento. El trato dispensado a la marinera y sus compañeros es una buena muestra de que la condición criminal inherente de las Fuerzas Armadas sigue intacta. Para que ejerzan esas habilidades las quieren en la represión interna.