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El gobierno dio curso al decreto que oficializa la reforma migratoria en el país, publicado el día jueves en el Boletín Oficial con el número 366/2025 y la firma del presidente Javier Milei. Este endurecimiento en casi todos los ítems modifica el acceso a la salud, la educación y libertades civiles básicas para los extranjeros y migrantes. Con esta reforma, todo inmigrante con alguna condena será expulsado, toda entrada por paso ilegal implicará la expulsión, se cobrará el servicio de salud y también la educación. En este sentido, salvo emergencias “se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio”. Para entrar al país “deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten el propósito de su ingreso y que cuentan con un seguro de salud”, consagrando un impedimento para acceder a la salud pública a todos los no residentes. La categoría de residencia precaria tendrá 90 días de validez y puede ser revocada unilateralmente por migraciones. Aclara que el mayor rigor no violará el ‘principio de reunificación familiar’ que pueda afectar una cancelación de residencia o impedimento de ingreso, un agregado incorporado bajo premisa de la Iglesia. Una definición difícil de respetar ante una deportación y que puede llevar a disputas, prorroga de plazos o una judicialización.
En el decreto se improvisan definiciones que no tienen respaldo o consenso entre los especialistas. El DNU pone como antecedente la Ley de Migraciones del kirchnerismo votada en el 2003 que “regula la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas en el país”. Según el gobierno, la actual jurisprudencia es laxa ya que “reconoce numerosos derechos a quienes hubieren ingresado o permanecido de forma irregular en el territorio nacional” y que las diferentes categorías de residencia “no tienen relevancia en lo que refiere al acceso a la salud y a la educación entre otros derechos”. Para Milei, reconocer derechos elementales a una población en tránsito sería un vicio jurídico. Los libertarios quieren reescribir el derecho migratorio y el derecho internacional.
Seguido a esto, Milei ensaya otro exabrupto sin respaldo al “desalentar el ‘turismo de natalidad’ una de las formas de abuso a la ley migratoria más recurrente de los últimos años, el cual se realiza con el único fin de que el hijo sea nacional argentino y, en consecuencia, permita a los padres acceder a una residencia permanente”. El delirante planteo ultrarreaccionario deduce que los padres planificarían un embarazo con el fin de obtener los “beneficios” de vivir en Argentina permanentemente, un país con uno de los índices de pobreza más alto de Latinoamérica. Un planteo que va de la mano de los “tours sanitarios” que ya sugirió Manuel Adorni.
Primeras repercusiones
El antecedente de este ataque a los migrantes fue el agite derechista del propio Ministerio de Capital Humano en ocasión de la movilización de organizaciones de desocupados en diciembre del 2023, en donde anunció que se retiraría cualquier beneficio o plan social al que salga a luchar y que para los extranjeros esto podría llevar a la deportación, bajo título de “el que corta no cobra”. Desde ahí en adelante, los episodios de violencia y represión policial en barrios populares son cada vez más habituales. El más reciente fue en la localidad de Quilmes, donde un niño fue seriamente herido mientras se encontraba en un comedor del Polo Obrero. Poco antes en Bajo Flores un vecino y compañero del Polo Tendencia casi pierde un ojo en plena calle en un allanamiento descontrolado. El día de ayer fueron reprimidos los vecinos de la Villa 1-11-14 que protestaron en la Av. Perito Moreno ante la falta de luz.
Esto muestra una política de conjunto desde Kicillof a Milei-Bullrich, pasando por los gobernadores de las provincias norteñas, en un ataque con foco en los barrios donde viven en mayor número los migrantes de países limítrofes.
A pesar de esta campaña, en medios como Clarín volcaron la realidad migratoria del país, en contraste con los mitos y elucubraciones xenófobas de los liberticidas. En Argentina los extranjeros son el 4,2 %, el INDEC en sus últimas publicaciones viene mostrando una caída en número y un viraje en procedencia. En el censo 2010 los inmigrantes fueron unos 2 millones de los 46 millones totales, casi repitiendo la cifra del censo del 2001 y cayendo un 0,2 %.
El cambio en la última década fue la llegada de migrantes desde Venezuela, siendo el tercer país en cantidad detrás de Paraguay y Bolivia. Del total de 1.947.862 extranjeros censados el 27 % son paraguayos, los primeros, aunque en caída del 3 %. Segundo los procedentes de Bolivia en un 17 % y luego los venezolanos en un 8,4 %, unos 163.000 en su mayoría jóvenes de menos de 30 años. Del total de extranjeros la mitad se encuentra en la provincia de Buenos Aires y el 22 % en la ciudad de Buenos Aires.
En 2023 los migrantes que hicieron la ciudadanía fueron 188.162, en el 2024 cayeron a 156.791 y hasta abril de este año solo fueron 52.010. Los números indican lo contrario a la crisis migratoria que deforma Milei.
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Reforma migratoria: entre la deportación en masa y la ciudadanía paga Por Leonardo Perna, 27/05/2025.
