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En el marco de la brutalidad policial que impulsa Patricia Bullrich, el gobierno liberticida presentó un nuevo régimen orgánico para la Policía Federal. Consiste en darle un mayor poder a la inteligencia criminal, un estado emergencia por dos años en las fuerzas y una reestructuración de su estructura, todo avalado por la Ley Bases. De esta manera, se pondría en pie el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), conformando una nueva estructura en la PFA.
La celeridad del gobierno nacional de sacar el decreto se debe a que el 8 de julio caducan las facultades delegadas que el Congreso de la Nación le sirvió en bandeja a Milei.
El proyecto de DNU que circula entre funcionarios del área de Seguridad y entre los altos oficiales, habilita a realizar detenciones por hasta 10 horas a quien no pueda acreditar su identidad y hacer allanamientos sin orden judicial.
Según el texto que ha trascendido, la PFA dejará de centrar sus funciones en el patrullaje y prevención de delitos menores, para pasar a ser una “policía líder en investigación proactiva”. La reforma orgánica también saca de la cancha a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que le retira toda competencia sobre las fuerzas federales, “y se estructura a partir de un esquema jerárquico centrado en agencias federales, inteligencia criminal y superintendencias especializadas” (5/6/2025).
Entre los propios personeros del régimen, la reforma genera controversias. Juristas especializados señalan la inconstitucionalidad de la modificación por decreto del código penal. Fernando Carbajal, ex juez federal de Formosa y actual diputado nacional de la UCR por esa provincia, señaló que "ese tipo de detenciones están mal en cualquier contexto, es volver al concepto de 'detención por averiguación de antecedentes” Entre otras irregularidades se suman las contrataciones sin llamado a licitación previa y la re-asignación de recursos, habilitando jugosos negocios para la caja de la pandilla libertaria. El proyecto de DNU también establece un Programa Presupuestario de Modernización, que tiene como principal destino la adjudicación de tecnología y equipamiento al servicio de las investigaciones.
El DNU habilita a la Federal a llevar adelante el ciberpatrullaje en las redes sociales sin autorización judicial previa, con la premisa de la “prevención” de delitos en espacios públicos digitales, sin especificar qué instancia sería considerada como tal. En este punto, Bullrich abreva de Aníbal Fernández quien, siendo ministro de Seguridad de Alberto Fernández, dio vía libre a la persecución por las redes sociales. Este punto augura posibles choques con otra de las facciones libertarias, la de Santiago Caputo, que a través de la SIDE quiere monopolizar la ciberinteligencia en las redes sociales, para lo cual creó la Agencia de Federal de Ciberseguridad (AFC).
El proyecto de reforma de la ley Orgánica, se fundamenta en el “surgimiento de nuevas amenazas delictivas, el crimen organizado internacional, los cambios sociales (...) (que) tornan necesario actualizar sus misiones, modificar la estructura, cambiar y reorientar su sistema de recursos humanos, e iniciar un proceso de fortalecimiento de sus capacidades" Y se sostiene en el proyecto que "resulta necesario que la Policía Federal tenga como principal misión la investigación de delitos federales y complejos".
La “modernización”, como es presentado por el gobierno, tiene como modelo al FBI. Prevé que se lleve adelante un “programa de ingreso y formación específico para universitarios graduados dentro de la Policía Federal; para ese proceso de modernización se mencionan a la Policía Federal de Brasil” (Clarín 9/6/2025). En esta línea de acción, la Dirección General de Inteligencia Criminal tendrá bajo su jurisdicción “recolectar, analizar y administrar información sensible”, y por Boletín Oficial ya se designó al nuevo director de la cartera, Ricardo José Ferrer, que se desempeñó como director nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y fue quien estuvo al frente de la coordinación de la brutal represión del 12 de marzo último y que fue utilizado en su momento por Bullrich como un fusible ante los cuestionamientos que se dirigían hacia ella.
La ministra de Seguridad, con este reordenamiento de la PFA quiere implantar una intervención en regla del Estado en la vida social, por medio de su brazo armado, cuando las luchas van creciendo.
