Marielle Franco: el juicio a los autores intelectuales del asesinato muestra los nexos entre el capital inmobiliario, el poder político y los paramilitares

Tras casi ocho años de movilización popular en reclamo de justicia, la Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil inició el martes 24 el juicio contra los cinco autores intelectuales del asesinato de la concejala socialista Marielle Franco, ocurrido el 14 de marzo de 2018.

Ese día, dos exagentes de la Policía Militar de Río de Janeiro, un cuerpo de élite que actúa en las barriadas pobres de Río de Janeiro, acribillaron a balazos a Marielle y a su chofer, Anderson Gomes. Concejala socialista, madre soltera, socióloga, militante por los derechos de la juventud y de las mujeres negras de las favelas, lesbiana, defensora de los derechos de la diversidad sexual, Franco tenía 38 años y se dirigía a una actividad en “La casa das pretas”.

Dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Marielle se había criado en el complejo de favelas de Maré, en la zona norte de Río, un lugar popularizado por la canción "Alagados" ("Inundados"), del grupo brasilero Os Paralamas do Sucesso. Había sido la quinta concejala más votada en las elecciones municipales de 2016 de Río de Janeiro.

En el proceso judicial que comenzó esta semana y tiene lugar en Brasilia, bien lejos de Río de Janeiro, tienen un rol protagónico dirigentes políticos, exjefes policiales y la “hipótesis de una organización criminal que habría convertido el control territorial en plataforma de poder” (Instituto Marielle Franco, Página/12, 24/2). Dos de los acusados son políticos poderosos: Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, y su hermano João “Chiquinho” Brazão, exdiputado federal.

La Fiscalía también denunció a Rivaldo Barbosa, comisario de la Policía Civil de Río, que estaba a sueldo de los hermanos; a Ronald Paulo Alves, expolicía militar; y a Robson Calixto Fonseca, conocido como “Peixe”, antiguo asesor del Tribunal de Cuentas fluminense.

Que Barbosa fuera uno de los cerebros del crimen fue un shock para la familia Franco. El jefe de la Policía Civil de Río “era la persona que nos recibía, que abrazaba a mi madre y a mi padre, el que nos decía que para él resolver el caso Marielle era una cuestión de honor”, explica Anielle Franco, hermana de Marielle y ministra de Igualdad Racial en el gobierno de Lula.

La pesquisa de la Procuraduría demostró el nexo entre el poder político, la policía militar y las bandas paramilitares, llamadas “milicias” en Brasil. El exjefe de Policía Rivaldo Barbosa asumió la conducción de la Policía Civil un día antes del crimen y habría colaborado en la planificación y en la garantía de impunidad de los autores intelectuales. A su vez, Robson Calixto Fonseca fue el intermediario entre los hermanos Brazão y paramilitares en distintos municipios, además de haber obstruido la investigación y ocultado pruebas.

Marielle fue asesinada por defender el derecho a la vivienda de los favelados, de las comunidades afrodescendientes (quilombolas) y de los campesinos. Y por denunciar las trapisondas para apropiarse de sus tierras por parte de los paramilitares en Río de Janeiro, grupos criminales que controlan zonas enteras.

Franco enfrentó en el Concejo Municipal un proyecto impulsado por los hermanos Brazão que proponía legalizar las tierras usurpadas por las milicias. Según la investigación, los hermanos habrían utilizado sus cargos públicos para viabilizar loteos irregulares, transformando el control territorial en una base de poder político. El propósito del asesinato fue eliminar “a una dirigente considerada estratégica, intimidar a otros activistas sociales y garantizar la continuidad del dominio territorial”.

La acusación presentó como pruebas las escrituras de al menos 89 terrenos en el área dominada por la milicia a nombre de los hermanos Brazão y que se refieren a lotes públicos ocupados ilegalmente y regularizados mediante fraudes. Como pago, al sicario Lessa le habían ofrecido algunos de esos terrenos “recalificados”.

Según la Fiscalía, los terrenos eran supuestamente ocupados por personas pobres que pedían la usucapión y después los vendían a precios irrisorios a los hermanos Brazão. "Cualquiera que se opusiera a la legislación usada para regularizar esos terrenos representaba una amenaza y eso ocurrió con Marielle Franco, que pasó a reunirse con habitantes de esas regiones y a defender la expropiación de esos terrenos para su uso en la construcción de conjuntos de viviendas de interés social", dice la presentación.

Las favelas despidieron a Marielle con un funeral multitudinario. Joelma de Souza, amiga de la víctima y educadora social, dijo entonces: “Es un intento de acallar no solo a la mujer, sino a la representación política de la mujer negra y de las favelas. Hasta los que no la conocían se paraban en la calle y se abrazaban. La favela está de duelo”. En ese momento, Río de Janeiro se encontraba bajo la intervención militar del general de brigada Walter Braga Netto, luego ministro de Defensa de Jair Bolsonaro y más tarde su compañero de fórmula en las elecciones de 2022, que perdieron frente a Lula. Marielle se había convertido en una enemiga frontal de la intervención y de las bandas policiales y parapoliciales que asolaban las favelas.

“Yo viví en Maré la intervención militar durante 14 meses. Los habitantes de las favelas sabemos exactamente lo que es el ruido del tanque en sus puertas. ¿Dónde va a atacar? ¿A dónde va a apuntar el fusil? La Oficina del Defensor del Pueblo está en contra, el Ministerio Público también. En Maré duró más de 14 meses y costó más de 600 millones de reales”, había gritado Marielle pocos días antes de su asesinato ante la Cámara de Concejales, al recordar la ocupación militar del conjunto de favelas entre 2016 y 2017 y compararla con la intervención de Braga Netto.

El sábado anterior, después de que el 41.º Batallón de la Policía Militar matara a tres jóvenes de la favela de Acari, Franco lo denunció como un “batallón de la muerte”.

Los autores materiales del crimen, el expolicía y sicario Ronnie Lessa y el paramilitar Élcio de Queiroz, fueron condenados a decenas de años de prisión en 2024. “Más importante que arrestar a esas ratas mercenarias es responder la pregunta: ¿quién mandó a matar a Marielle?”, reclamó entonces la viuda de Franco, Mónica Benicio.

Está probado que los asesinos salieron a perpetrar el crimen desde el barrio cerrado de Barra de Tijuca, donde vivía Jair Bolsonaro, entonces diputado federal que preparaba su campaña presidencial de 2018.

“Hoy no se juzga solamente este crimen horrendo, sino esa estructura de poder del crimen organizado, en relación con las milicias y la apropiación ilegal de tierras en Río de Janeiro”, alegó la abogada María Victoria Hernández Lerner, representante de la única sobreviviente del atentado, Fernanda Chaves, jefa de prensa de Marielle.

“El caso Marielle abrió la tapa de las alcantarillas, y por ahí sale lo peor que puedas imaginar”, declaró Anielle Franco, hermana de Marielle y ministra de Lula.

En las últimas dos décadas, las “milicias” paramilitares han dejado un reguero de 700 muertos en Brasil, según un estudio reciente de la Universidad de São Paulo y el Centro Brasileño de Análisis y Planificación (Cebrap). A fines de octubre de 2025, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, del Partido Liberal liderado por Bolsonaro, ordenó una masacre de por lo menos 130 jóvenes en los complejos de Penha y Alemão, dos bolsones de pobreza compuestos por numerosas favelas.

Muchas de esas muertes siguen impunes y olvidadas. Se espera que el veredicto por el asesinato de Marielle Franco se conozca este miércoles.