Catamarca: tendencias a una rebelión general en medio de la decadencia del régimen provincial

Catamarca atraviesa una situación marcada por la combinación de crisis económica, descomposición política y una creciente conflictividad social. Plantea, aún de forma embrionaria, la tendencia hacia una lucha de conjunto de los trabajadores y sectores populares. Los reclamos obreros, las autoconvocatorias docentes, las protestas en el sector de la salud, los conflictos fabriles, las tensiones en el aparato represivo y las movilizaciones ambientales comienzan a converger en un cuadro general de cuestionamiento al régimen provincial. Mientras el gobierno de Raúl Jalil intenta sostener un esquema de ajuste y entrega de recursos estratégicos, amplios sectores de la población son empujados a la marginalidad social, en un contexto de deterioro de la infraestructura y de las condiciones de vida.

El gobierno provincial se encuentra atravesado por una crisis económica y financiera. Al cierre de las sesiones legislativas de 2025, la Legislatura habilitó la toma de deuda por hasta $138 mil millones. La licitación inicial para colocar esa deuda quedó desierta, lo que obligó al Ejecutivo a una contratación directa con el Banco Nación, por $45 mil millones, destinada a obras de infraestructura. Paralelamente, la administración provincial colocó recursos en el mercado financiero: solamente durante enero colocó más de $50 mil millones en plazos fijos y fondos comunes de inversión con “excedentes transitorios”. Este doble movimiento —endeudamiento creciente y colocación de fondos públicos en instrumentos financieros— revela el carácter especulativo de las operaciones del gobierno provincial.

En cuanto a los recursos estratégicos, el gobernador Jalil encabezó gestiones internacionales, incluyendo viajes a Nueva York, para promover inversiones mineras y avanzar en la explotación de tierras raras y otros minerales. La intervención de la empresa israelí Mekorot en la administración del agua, profundiza el control extranjero sobre recursos fundamentales. Esta política se encuentra respaldada por la colaboración legislativa de todas las fuerzas del régimen, que acompañaron las reformas reaccionarias del gobierno nacional, incluyendo la contrarreforma laboral y los cambios en la legislación sobre glaciares, con el aval incluso del espacio kirchnerista encabezado por Lucía Corpacci.

La reciente rebelión policial obligó a Jalil a llevar el ingreso inicial del escalafón de seguridad a 1.200.000 pesos y a 1.400.000 pesos desde abril, junto con otras concesiones. Si bien el conflicto fue rápidamente encauzado, dejó expuesta la fractura interna del aparato estatal.

Para los estatales, el gobierno impone un esquema salarial de aumentos bimestrales atados al IPC, mientras los ingresos reales continúan deteriorándose. Este esquema prospera allí donde las burocracias sindicales logran mantener su control sobre los trabajadores y desarticular las autoconvocatorias. En Salud, sin embargo, el descontento continúa creciendo: trabajadores del interior participan en acciones conjuntas con docentes y municipales autoconvocados, mientras en la capital se declaró el estado de lucha contra la paritaria firmada por ATSA.

La situación en Vialidad Provincial ilustra el carácter del ajuste. Allí el salario básico se ubica por debajo de 800 mil pesos, por lo que los trabajadores dependen de adicionales para acercarse a la canasta básica. La burocracia sindical actúa como una verdadera policía del gobierno para impedir el resurgimiento de las autoconvocatorias. En la administración pública y en el sector de obras públicas predomina un clima de confusión fomentado por una camarilla proburocrática que, al margen de ATE y UPCN, constituyó recientemente su propia estructura gremial tras las autoconvocatorias de principios de 2025.

El objetivo del gobierno es claro: llevar el salario básico de todos los estatales —incluidos educación, salud, obras públicas y vialidad— a un rango de 800 a 850 mil pesos, sobre el cual aplicar ítems y adicionales para superar apenas el millón de pesos y luego imponer el ajuste automático por inflación. Incluso en la paritaria docente, la ausencia del propio Jalil —aún de gira internacional— coincidió con la maniobra de la burocracia sindical que abandonó su propio petitorio para adoptar parcialmente el reclamo de los docentes autoconvocados.

Los trabajadores de la salud autoconvocados, reunidos en asamblea en el Hospital Central San Juan Bautista, rechazaron la paritaria firmada por la conducción sindical y ratificaron su propio pliego de reclamos, además de confirmar su participación en la movilización docente provincial. Este proceso expresa un creciente cuestionamiento a las direcciones sindicales tradicionales.

El ajuste también golpea a los municipios. Bajo el argumento de la reducción de la coparticipación, el gobierno provincial comunicó a los intendentes del interior que ya no habrá transferencias extraordinarias para cubrir salarios, lo que abre la perspectiva de recortes y cesantías. En la capital, el intendente Gustavo Saadi avanzó con su propio esquema de ajuste, imponiendo un aumento salarial del 14 % en tres cuotas hasta julio.

La colaboración de las burocracias sindicales atraviesa todos los terrenos. Esta política permitió desarticular en gran medida la defensa de los puestos de trabajo frente a la crisis industrial.

En paralelo, crecen los focos de conflicto ligados al modelo extractivo. En Fiambalá, vecinos se movilizaron contra el impacto ambiental de la actividad minera y denunciaron la falta de control y transparencia en el manejo de los recursos. En el oeste provincial, particularmente en Tinogasta, Belén y Andalgalá, se desarrollaron cortes de ruta protagonizados por docentes, trabajadores de la salud y municipales autoconvocados que llegaron a afectar el tránsito vinculado a la actividad minera.

Las propias condiciones climáticas recientes expusieron la crisis de la infraestructura provincial. Las lluvias provocaron daños en escuelas, edificios públicos y caminos en departamentos del este como El Alto, Santa Rosa, Paclín, Ancasti y La Paz, paralizando actividades escolares y económicas. El deterioro de rutas y servicios básicos contrasta con la prioridad oficial de orientar la obra pública hacia la infraestructura minera.

En efecto, el gobierno reconoce abiertamente que sus principales inversiones están destinadas a facilitar el desarrollo extractivo. Jalil defendió el Fideicomiso Minero como herramienta para financiar obras, mencionando proyectos energéticos en Laguna Blanca, asfaltado en el Salar del Hombre Muerto y el avance de la ruta que conectará Fiambalá con El Peñón, además de obras vinculadas al hospital de Antofagasta de la Sierra.

Incluso dentro del propio sector minero emergen conflictos. Los trabajadores del Proyecto Fénix realizaron en febrero un paro total convocado por AOMA en reclamo de mejoras en condiciones laborales, seguridad y representación sindical. Al mismo tiempo, en Tinogasta proveedores locales denuncian que la empresa Xi-Jin Mining excluye a empresas y trabajadores de la región de sus contrataciones.

En este cuadro general, la autoconvocatoria docente aparece como el proceso más dinámico y con mayor proyección. Desde el interior provincial —en localidades como Tinogasta, Andalgalá, Belén y Santa María— se han desarrollado asambleas, movilizaciones y cortes de ruta que comienzan a reactivar experiencias de organización popular y coordinación entre distintos sectores de trabajadores.

El cuadro que se configura en Catamarca combina la crisis de infraestructura, el ajuste económico y la entrega de recursos estratégicos con un creciente proceso de reacción social. Mientras el gobierno maniobra para imponer su programa de ajuste con el auxilio de las burocracias sindicales, los trabajadores comienzan a explorar caminos de organización independiente.