Tranqueras de hierro sobre rutas públicas: el avance del capital extranjero en Chubut
Escribe Iara Bogado
Una tranquera con custodia privada deja aisladas a familias mapuches.
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En plena Meseta chubutense, la impunidad terrateniente ha dado un nuevo paso. Sobre la Ruta Provincial 12 —arteria clave que conecta con Gualjaina y parajes rurales como Costa del Montoso y El Mayoco— una pareja de empresarios instaló una tranquera de hierro alegando propiedad privada. El hecho ocurre en tierras de comunidades mapuches que denuncian el avance de Luciana Zárate y su marido estadounidense desde que se radicaron en El Maitén. Como señala el portal ANB: “Se trata de un sector ubicado a unos 35 kilómetros del cruce con la ruta Nacional 40 [...] lo que dimensiona el impacto que tiene la restricción del paso en una zona ya de por sí aislada” (19/03/26).
Este atropello cuenta con la complicidad del Estado. Las comunidades denuncian al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) como responsable de vender tierras habitadas y legitimar el despojo con documentación fraudulenta (El Rompehielos, 3/12/24). Mientras se pavimentó la ruta con fondos públicos, la burocracia estatal "olvidó" completar el papeleo, permitiendo que Vialidad Provincial responda hoy que la pareja no comete ninguna ilegalidad (La Nación, 19/03/26).
La familia Castillo Quilaqueo resiste en sus tierras ancestrales este enclave colonial. Ya en 2024 denunciaron el desvío del arroyo para una laguna artificial privada —perjudicando a toda la región de Gualjaina y Costa de Lepá—, además del robo de animales y ataques a balazos contra sus perros. Miriam Castillo describió la crueldad del aislamiento forzado: “Mi mamá tiene problemas de salud [...] no pueden salir en vehículo, ni tampoco se puede entrar para pedir asistencia médica [...] una tranquera con candado nos impide, y más adelante una zanja de dos metros de profundidad” (El Rompehielos, 3/12/24).
Por su parte, la empresaria busca justificar el cerco criminal apelando a supuestos daños en su predio, declaró en radio que grupos "autoproclamados mapuches" dañan su predio y que intentaron tapar una fosa construida para un guardaganado (La Nación, 19/03/26). Lo que la empresaria llama "fosa", para los pobladores es una trampa de dos metros destinada a impedir el paso de ambulancias y familias.
Hoy, la Ruta 12 cuenta con custodia privada para garantizar el bloqueo. La comunidad mapuche destaca la doble vara del Estado: si ellos ejercieran una medida similar en defensa de su territorio, la Infantería ya habría actuado. Ante la ocupación empresaria, hay pasividad oficial. Los pobladores cuestionan la pasividad de las autoridades, y comparan el caso con situaciones similares donde propietarios privados restringen accesos públicos, como el caso Lewis en Lago Escondido (La tecla Patagonia, 19/03/26).
La pasividad de Vialidad Provincial y el accionar del IAC no son errores burocráticos, sino una decisión política de amparar el avance de intereses privados sobre derechos comunitarios. Mientras el discurso oficial pregona la libertad, en la Meseta esa 'libertad' se traduce en tranqueras con candado y patovicas que deciden quién pasa y quién no. El despojo en la Ruta 12 demuestra que, para las familias de la zona, el Estado solo aparece para legitimar su expulsión. El poder económico, sea local o extranjero, puede adueñarse de lo público ante la mirada cómplice de las autoridades, condenando al aislamiento a quienes habitan y trabajan la tierra desde siempre.
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