Mendoza: Cornejo reprime la movilización contra la ley de destrucción de los glaciares

Las movilizaciones contra la Ley de Glaciares impulsada por el gobierno liberticida tuvieron una importante participación en las provincias que se verán directamente afectadas. En la ciudad de Mendoza se han realizado importantes concentraciones en el tradicional KM 0 provincial, que fue también epicentro de las manifestaciones contra la derogación de la Ley 7.722 (Ley del Agua) en las distintas oportunidades que el gobierno provincial intentó avanzar en favor de la megaminería en la provincia.

Las movilizaciones en defensa de los Glaciares y el Agua han sido duramente reprimidas por el gobierno provincial, que ha instaurado desde hace años un protocolo que criminaliza la protesta callejera anticipando al protocolo antipiquetes de Milei-Bullrich. Los detenidos en diversas movilizaciones de manera completamente arbitraria han sumado más de 40. En la última manifestación, el pasado miércoles 8 de abril, 8 manifestantes fueron detenidos cuando se producía la desconcentración de las columnas y asistentes. Previamente, un fuerte operativo policial había confrontado con los manifestantes durante todo el desarrollo de la actividad.

Cornejo no ha dudado en acompañar al gobierno liberticida desde el minuto uno desde su llegada a la Rosada. La habilitación de la megaminería en Mendoza, en zonas hoy protegidas, es un viejo proyecto del radicalismo y el peronismo mendocino, que han sido siempre confrontados por una fuerte movilización popular. En semanas anteriores al debate en el Congreso Nacional, se registraron importantes manifestaciones en Uspallata contra el proyecto minero San Jorge. En dichas movilizaciones se produjeron decenas de detenciones.

Al mismo tiempo, existen intereses enfrentados dentro de la propia burguesía cuyana, debido a que el acaparamiento del agua se encuentra en manos de los bodegueros y, de manera reducida, en las empresas que embotellan agua. Estas divisiones al interior de la propia clase capitalista han sido siempre un punto de quiebre en el tratamiento parlamentario. Lo que une a la clase capitalista es su pretendido derecho a la monopolización de los recursos naturales y su explotación en favor del lucro privado y en desmedro de la vida humana.