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El fallo por el encubrimiento del crimen de Mariano Ferreyra vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda para el régimen político: el asesinato no fue solamente el accionar de una patota sindical, sino la expresión de un entramado de negocios, burocracia sindical, servicios de inteligencia y cobertura judicial que durante años garantizó la impunidad.
La condena dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 8 contra operadores ligados a las maniobras de encubrimiento confirma que detrás de los disparos del 20 de octubre de 2010, existió también una red dedicada a proteger a los responsables políticos del crimen. El fallo expone las relaciones entre sectores de Comodoro Py, ex agentes de inteligencia, funcionarios judiciales y la burocracia ferroviaria encabezada por José Pedraza. Sin embargo, 15 años después de los hechos, ha impuesto penas módicas a dos protagonistas menores de una operación delictiva que involucró nada menos que a jueces titulares de la Cámara de Casación Penal, incluido su presidente en aquel entonces, Eduardo Riggi.
Entre los condenados aparece Octavio Luis Aráoz de Lamadrid, condenado a cinco años de prisión por tráfico de influencias agravado. Aráoz de Lamadrid era un viejo operador judicial ligado a los circuitos de poder de Comodoro Py y mantenía vínculos económicos con la Unión Ferroviaria y con Belgrano Cargas. Según la investigación, cobraba dinero mediante facturación trucha mientras intervenía para influir sobre jueces de la Cámara de Casación favorables a Pedraza. Su figura sintetiza la relación orgánica entre sectores del aparato judicial y los negociados sindicales.
También fue condenado Luis Ameghino Escobar, quien recibió tres años de prisión. Ameghino Escobar integraba la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Casación Penal y era conocido dentro de la trama como “el señor de las teclas”, porque tenía acceso directo al sistema informático que definía el reparto de expedientes. La acusación probó que manipuló el sorteo para garantizar que la causa recayera en la Sala III de Casación, donde operaban magistrados considerados cercanos a los intereses de Pedraza.
En cambio, otro de los implicados fue Ángel Luis Stafforini, señalado como el hombre encargado de mover el dinero de los sobornos. Aunque el tribunal lo consideró responsable de cohecho activo agravado, terminó absuelto porque la acción penal prescribió. Stafforini era una figura clave del entramado empresario-sindical construido alrededor de la Unión Ferroviaria y Belgrano Cargas, uno de los centros del negocio ferroviario de la época. La misma suerte tuvo otra de las acusadas, Susana Planas, también directiva del Belgrano Cargas.
Otros involucrados no llegaron a juicio por fallecimiento. Es el caso de José Pedraza. Su propósito era direccionar la apelación de la prisión preventiva contra su patota hacia la sala que integraban Riggi, Mitchel y Catucci, los tres jueces coaligados para asegurar su excarcelación. En medio del tembladeral político que provocó el crimen de Mariano, tenía el objetivo de alejar la posibilidad de caer detenido. Sin embargo, la operación se ventiló a través de las escuchas telefónicas ordenadas por la Justicia en la causa principal, que inevitablemente iban a caer en manos de los abogados de las víctimas de Pedraza. La jueza de instrucción Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño actuaron "de inmediato" antes de que el dinero llegara a manos de los jueces. Conclusión: estos salieron indemnes, a pesar de que las escuchas revelaban no sólo la transacción en curso sino también muchas numerosas "atenciones" recibidas por estos de parte de Pedraza y compañía. Su sobreseimiento definitivo fue el último acto judicial de nada menos que Norberto Oyarbide, cuando se despidió de Comodoro Py. Aunque Riggi fue sobreseído y evitó llegar al juicio, la fiscalía pidió nuevamente su indagatoria este año al considerar que existen elementos para investigar su participación en el pacto de encubrimiento. Riggi es un octogenario. Las chances de que vaya a pagar por esta corruptela van de escasas a nulas.
En la trama aparecía además Juan José Riquelme, también fallecido antes del juicio oral. Riquelme actuaba como nexo entre los servicios de inteligencia, la burocracia sindical y los tribunales federales. La causa reconstruyó cómo operaba utilizando vínculos históricos dentro de la SIDE y relaciones personales con jueces y funcionarios judiciales. Su papel muestra hasta qué punto los aparatos de inteligencia funcionaban como articuladores de operaciones políticas y judiciales.
El asesinato de Mariano ocurrió durante una movilización de trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca que reclamaban el pase a planta permanente. La tercerización laboral no era un fenómeno marginal: constituía uno de los pilares del negociado ferroviario sostenido por concesionarias privadas, el Estado y la burocracia sindical. Mientras miles de trabajadores cobraban salarios miserables y permanecían precarizados, las cajas multimillonarias de las empresas y de la Unión Ferroviaria crecían gracias a ese régimen de explotación.
La burocracia de Pedraza actuaba como garante de ese sistema. No se trataba simplemente de una “desviación mafiosa”, sino de una función política concreta: disciplinar a los trabajadores para preservar negocios compartidos con empresarios y gobiernos. La patota que atacó la movilización actuó liberada por la Policía Federal y bajo la mirada de un aparato estatal que desde hacía años integraba a la burocracia sindical como un engranaje de gobernabilidad.
Las nuevas condenas muestran además otro aspecto central: el intento de garantizar impunidad mediante operaciones judiciales. La investigación probó la existencia de pagos, tráfico de influencias, manipulación informática de expedientes y vínculos aceitados entre operadores judiciales y sectores de inteligencia. El aparato de encubrimiento funcionó como una continuidad del propio crimen.
Durante años, distintos sectores del poder político buscaron presentar el asesinato como un “exceso” aislado. Sin embargo, la causa dejó al desnudo el vínculo orgánico entre el Estado, las patronales ferroviarias y la burocracia sindical. El crimen de Mariano fue la consecuencia directa de un régimen de precarización laboral sostenido desde arriba.
La figura de Mariano Ferreyra quedó asociada desde entonces a la lucha contra la tercerización y la burocracia sindical. Su asesinato produjo una enorme conmoción popular y abrió una crisis política que obligó al poder a avanzar con condenas que inicialmente no pretendía impulsar. La movilización popular y la presión de organizaciones obreras, estudiantiles y de derechos humanos fueron decisivas para quebrar parcialmente la impunidad.
A más de quince años del crimen, las condiciones estructurales que lo hicieron posible continúan vigentes. La precarización laboral sigue siendo una política de Estado; las burocracias sindicales continúan integradas al aparato gubernamental; y los negociados en el transporte siguen financiándose con subsidios públicos mientras se deterioran salarios y condiciones laborales.
El fallo conocido esta semana vuelve a recordar que el crimen de Mariano no pertenece solamente al pasado. Expone la persistencia de un régimen político donde las redes de corrupción, las patotas sindicales, sectores del aparato judicial y los servicios de inteligencia actuaron en defensa de intereses económicos comunes. La condena al encubrimiento confirma, en definitiva, que el asesinato no fue obra de individuos aislados sino la expresión de un sistema social y político profundamente corrupto.
