Bahía Blanca: funcionarios y exfuncionarios fomentan delaciones contra docentes de las escuelas preuniversitarias de la Universidad Nacional del Sur

Escriben Manuel Martín Rodríguez y Agustina Vaccaroni

Tiempo de lectura: 3 minutos

En el marco del conflicto universitario, en Bahía Blanca, un grupo reducido de padres de estudiantes de las escuelas preuniversitarias de la Universidad Nacional del Sur, efectuaron una exigencia escrita para obtener información sobre las asistencias e inasistencias docentes. Reclamaron a la dirección del Consejo de Enseñanza Media y Superior, que reúne a las autoridades de las escuelas, para que informe el registro de la inasistencia, el procedimiento administrativo que se siguió ante dicha inasistencia y las consecuencias para el docente que faltó, fuera ejerciendo su derecho a huelga o por licencias reglamentarias contenidas en el Convenio Colectivo de los docentes universitarios y preuniversitarios de la UNS. Exigen esta información bajo la Ley de Acceso a la Información Pública. El impulsor de la nota de reclamo es Leonardo Valente, docente del Departamento de Economía de la UNS, empresario y ex funcionario del anterior intendente, Héctor Gay, del PRO. Las firmas que acompañan son cerca de cuarenta nombres, un número irrisorio si consideramos que las cinco escuelas pre universitarias contaron con más de 2.400 alumnos en 2025.

Este grupo ha accedido a información sensible de los docentes mediante la creación de una App. Allí, cualquier persona puede acceder e “informar”, más bien delatar, la actividad de los profesores. Esta actividad de espionaje llega luego de que las autoridades del rectorado dejaran pasar varias afrentas en lo que va del año. La situación de mayor gravedad se desenvolvió en el marco de la discusión por el paro por tiempo indeterminado. En ese contexto, se realizó una denuncia penal a la directora del Consejo de Escuela por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esa denuncia se hizo pública en los medios de comunicación, divulgándose nombres y DNI de muchos docentes provistos por el propio rectorado. El rectorado hizo un guiño a estos padres descontentos con los paros cuando, a fines, del cuatrimestre anunció que extendería el ciclo lectivo hasta fines de diciembre en las escuelas pre universitarias.

El martes posterior al conocimiento de la nota de reclamo de este grupo de padres, una muy nutrida asamblea de ADUNS rechazó el ataque. Las autoridades de las diferentes escuelas pre universitarias han acordado, a diferencia del rectorado, en no proveer ninguna información a particulares que no tienen incumbencia en la regulación de la tarea docente. Posteriormente a la asamblea, se concentró en la sede del rectorado demandando una reunión y se hizo un semaforazo. En la asamblea la decepción de los docentes fue manifiesta al indicar que se sentían desamparados y que se preguntaban qué haría el rectorado al respecto. La respuesta de las autoridades ha sido nula: la vicerrectora mantuvo una reunión con los docentes presentes en la concentración de rectorado y no emitió ningún repudio ante la situación. No es nada sorprendente luego de que fuera ella misma quien solicitó instrucciones a la delegación local del ministerio de trabajo para mejor aplicar la Ley de Modernización en la UNS. Luego de una campaña contra el paro y la necesidad de volver a las aulas, el rectorado de la UNS suscribió el acta acuerdo del 10 de junio entregando, junto a las burocracias sindicales, el reclamo por los salarios y el presupuesto, según la Ley de Financiamiento Universitario.

El desenvolvimiento de este mecanismo de vigilancia y delación se produce cuando el propio Milei ha tildado de terroristas a docentes y estudiantes que ejercen su derecho a huelga en una situación económica desesperante. La injerencia de las familias en la contratación, la permanencia y el despido de docentes, así como sobre el diseño curricular dictado en las aulas está inserto en la Ley de Libertad Educativa que aún no logró tratamiento parlamentario pero que no fue retirada del recinto y por la cual se desliga al Estado de su rol como garante de la educación.

Es más urgente que nunca una respuesta contundente al ataque a la docencia y la educación pública de todos los niveles. A poco de terminar la semana de paro votado por la CONADU Histórica, no hay noticias de la continuidad de la medida ni de instancias que puedan discutirla. El camino es el de la docencia de Tierra del Fuego, no el de las burocracias que acuerdan con el gobierno y la patronal.

Suscribite al canal de WhatsApp de Política Obrera