Catamarca: imputan a Bruno Corzo, referente del movimiento autoconvocado docente, por participar de una protesta
Escribe Daniel Blanco
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El Juzgado Federal N° 1 de Catamarca, a través de la Policía Federal, notificó al docente Bruno Corzo, uno de los principales referentes del movimiento autoconvocados para presentarse el próximo miércoles 26 de agosto en sede judicial, en carácter de imputado en una causa caratulada “s/ entorpecimiento de servicios públicos (art. 194)”. La causa se habría iniciado a partir de actuaciones de oficio de la Fiscalía y estaría vinculada con una jornada de protesta de alcance provincial realizada por docentes autoconvocados durante el mes de marzo, en el marco de una lucha por aumento salarial, estabilidad laboral y mayor presupuesto para la educación pública. La cédula de notificación no precisa con claridad los términos de la imputación ni los hechos que se le atribuyen a Bruno, pero todo indica que se pretende individualizar y judicializar su participación en las movilizaciones de aquel período. Además de docente, Bruno Corzo es dirigente de Política Obrera en la provincia y fue candidato a diputado provincial en las últimas elecciones.
El expediente estaría relacionado con una actividad desarrollada el sábado 7 de marzo por la tarde, cuando la docencia autoconvocada realizó una jornada de visibilización sobre la Ruta Nacional 38. Con carteles, redoblantes y altavoces, los trabajadores hicieron visible ante vecinos y automovilistas el conflicto salarial y la situación de la educación pública. La protesta fue presenciada por efectivos de Gendarmería y personal Policial de la Provincia, quienes se limitaron para consultar sobre la modalidad de la actividad y hasta colaboraron con el ordenamiento del tránsito. No hubo, durante la jornada, advertencias o intimación vinculadas con la comisión de un eventual un delito ni tampoco órdenes de desalojo.
La utilización posterior de una jornada pública de protesta como fundamento para una imputación federal constituye, por lo tanto, un acto de persecución política de un alcance mayor, pues detrás de esta acción judicial se apunta a intimidar a todo el movimiento autoconvocado que, en las diversas localidades donde está constituido, realiza movilizaciones y concentración callejeras.
Durante marzo, la docencia autoconvocada protagonizó una intensa movilización en toda la provincia, en medio de las negociaciones paritarias entre el gobierno de Raúl Jalil y la burocracia sindical de ATECA y la Intersindical. Las movilizaciones en plazas y rutas expresaron el rechazo de los trabajadores a un esquema salarial que terminó adaptándose a la política de ajuste y recorte presupuestario oficial. En paralelo, el gobierno provincial amenazó con descuentos, que luego efectivamente aplicó, y con la apertura de sumarios contra docentes que participaron del paro nacional del 2 de marzo, en ejercicio del derecho a huelga frente a la conciliación obligatoria, donde el Estado provincial pretende erigirse en juez y parte. La judicialización de una protesta de esas características aparece como una extensión de la política de disciplinamiento desplegada contra los trabajadores de la educación, la salud y estatales que se movilizaron en esas jornadas.
La imputación contra Bruno Corzo adquiere además una dimensión política particular porque se produce después de otras medidas de regimentación contra docentes que participaron de la organización de una oposición a la burocracia sindical de ATECa, sindicato de base de CTERA. Junto a otros trabajadores, Bruno Corzo integró la lista Magenta-Verde en calidad de candidato a Secretario General de la misma, para disputar la conducción del sindicato. Finalmente fue proscripta por la burocracia. La expulsión ilegal del sindicato y ahora la intervención del aparato judicial configuran, en conjunto, un cuadro de persecución que busca individualizar en un trabajador un ataque dirigido contra el conjunto de la docencia y los trabajadores.
La pretensión de perseguir mediante la Justicia Federal un conflicto que nació de una lucha gremial y salarial constituye un agravamiento de la represión y de la regimentación estatal sobre el derecho a huelga y a la protesta. Frente a este avance, corresponde impulsar una campaña con el reclamo de sobreseimiento del docente Bruno Corzo y el inmediato archivo de la causa, junto con el pleno respeto al derecho de los trabajadores a organizarse, protestar y movilizarse por sus reclamaciones.
