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La jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº2 del distrito de Lomas de Zamora, ha suspendido preventivamente la ley que redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, sancionada hace tres meses.
La disposición alcanza a la provincia de Buenos Aires, por el término de 60 días. La Federación Familia Grande Hogar de Cristo, había interpuesto un habeas corpus preventivo a los efectos de impedir que menores de entre 14 y 16 años sean privados de su libertad frente a la eventual comisión de delitos. La entidad, en cuya cabeza se encuentra "el padre Pepe", sostiene que no hay infraestructura ni material ni recursos humanos para implementar la norma; la criminalización de menores de 16 profundizaría el hacinamiento de los reclusos, ya que no existen ni establecimientos ni ningún tipo de dispositivo que permita recepcionar demanda prevista. Se estima que años anteriores 3.000 jóvenes en la provincia de Buenos Aires fue sobreseído por su edad.
La entrada en vigencia de la ley se había diferido justamente para evitar un colapso. La prenda de cambio para poner en marcha el “Regimen Penal Juvenil” - el compromiso de partidas presupuestarias para alcanzar ampliar la capacidad de los dispositivos de encierro, no se produjo.
La jueza asimismo advierte que cita a los organismos responsables para que manifiesten cuáles han sido las políticas para poder implementar el sistema que votó el Congreso. .
En cuestión de horas, la resolución de la jueza Pascual disparó una serie de expresiones políticas. Patricia Bullrich, repite que un juez no puede impedir el cumplimiento de la ley - que “el que las hace las paga”. La senadora del "protocolo antipiquetes", no le dedicó en cambio ningún renglón a los sobreseimientos de la Cámara de Casación a "Fred" Machado, el contador narco socio de Espert y varios funcionarios de la Rosada.
El ministro de Interior Diego Santilli ha reclamado el juicio político de la magistrada. Sebastian Pareja, el alter ego de Karina Milei, introdujo el pedido de jury a la provincia bonaerense. Los ´republicanos que supimos conseguir´, ante un fallo que ni siquiera toca el fondo del asunto. Los dardos apuntan a Kicillof. Pareja acusó -sin pruebas- al gobierno bonaerense de haber recurrido a una jueza cercana al peronismo. “No es casualidad que estén boicoteando esta ley”, afirmó Bullrich. Sin embargo, Kicillof no ha dicho nada hasta el momento. La jefatura del organismo encargado de velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes esta en cabeza del "Cuervo" Andrés Larroque. Simultáneamente, fiscales de los departamentos judiciales de Mar del Plata y San Isidro, según La Nación (9/9), anunciaron que desconocerían la medida adoptada por la jueza. Un funcionario judicial desconozca una resolución legalmente adoptada incurre en un delito. Uno de los ´rebeldes´, el fiscal marplatense Fabián Fernández Garello, por caso, "reconoció que la descripción de lo que allí sucede no difiere de lo que ocurre en otros distritos y establecimientos debido a la superpoblación de internos y a la falta de personal para el servicio", pero advirtió que “con ese criterio se podría suspender el Código Penal por la situación de las cárceles de todo el país”. El "régimen penal juvenil" está concebido como una picadora de carne - y sus defensores lo entienden así.
