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El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el gobierno nacional al Congreso ha desatado una de sus primeras crisis con relación a la derogación de importantes artículos vigentes en la Ley de Discapacidad. El gobierno ya había intentado vetarla, sin éxito. La introducción de estos cambios supone un cambio de táctica. Se trata de un violento ataque a miles de trabajadores ligados a este sector, así como de las personas alcanzadas por esta ley y a sus familias. Los jefes de los bloques libertarios en Diputados y Senadores dijeron no estar al tanto de esta posición oficial y haberse enterado recién una vez presentado el proyecto de Presupuesto. Patricia Bullrich apuntó contra Luis Caputo, dejando expuesto al gobierno nuevamente en un punto crítico.
En el proyecto de Presupuesto se contempla la eliminación de la Emergencia en Discapacidad y derogar cuatro artículos claves, relativos a la pensión no contributiva, los pagos a los prestadores y las prestaciones de salud obligatorias.
Las actuales leyes vigentes establecen que la pensión no contributiva puede ser percibida en casos de inserción laboral -con un tope de hasta dos salarios mínimos- y que la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD) es suficiente para acceder a la misma. Con la derogación propuesta por el gobierno, las pensiones por invalidez pasarían a ser adjudicadas bajo la condición de “invalidez laboral”, lo que exige un porcentaje superior al 76% de discapacidad. Este criterio es contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual Argentina se encuentra adherida, y generaría un recorte significativo de beneficiarios al volver incompatibles la pensión y el trabajo formal. Al mismo tiempo, las personas que perdieran su trabajo no podrían volver a solicitar la pensión, como se contempla en el esquema actual. La última modificación que se propone es la eliminación del artículo que supone el traspaso automático de todos los beneficiarios al nuevo sistema y deberán reempadronarse. La pensión es equivalente al 70 % de la jubilación mínima.
En el caso de los prestadores, se deroga el Nomenclador de Prestaciones Básicas que garantiza un arancel único en todo el país. En el nuevo esquema, el gobierno presentará una tabla de mínimos y dejará a discreción de las obras sociales y prepagas el monto a abonar a los prestadores. Esto puede derivar en una presión a la baja de los aranceles abonados y una disminución salarial que golpea de lleno a los trabajadores del sector. Los organismos que nuclean a los prestadores denuncian en la actualidad un desfasaje del 30% respecto a la inflación. Aseguran que la eliminación del aumento mensual de los nomencladores por el IPC es un golpe letal al sistema.
Por otra parte, el proyecto contempla la eliminación de la cobertura médica obligatoria con el piso de prestaciones de la Ley 24.901, que obliga a las obras sociales y prepagas a brindar cobertura total en prevención, rehabilitación, educación y apoyos necesarios para lograr una vida autónoma.
Mientras tanto, continúan los debates en las comisiones para encaminar una prórroga de la emergencia en Discapacidad hasta diciembre del 2027, de acuerdo a la dilación sancionada en Diputados con el voto de peronistas, libertarios, Provincias Unidas y el FITU.
El Ministerio de Salud declaró no estar al tanto de estos agregados en el proyecto. Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, al ser consultado sobre este punto declaró que el Presupuesto contemplaba el criterio “de máxima” (LN, 17/07), habilitando la negociación para consensuar un agravio ´de mínima´.
La votación de todos los diputados, con la excepción del santacruceño José Garrido, había sido un compromiso entre los bloques para dilatar cualquier resolución sobre el tema de los endeudados y la Discapacidad, que asiste a la situación dramática que exponen en todas las oportunidades los familiares y prestadores del sector.
El ´malestar´ generado entre oficialistas y opositores en este punto por lo sorpresivo del planteo, muestra que el gobierno está decidido a seguir el camino de la motosierra al servicio del capital financiero y la banca.
