Presupuesto 2027: un dibujo al servicio del pago de la deuda que profundiza la miseria social

Escribe Joaquín Antúnez

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El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Parlamento este martes, en sus lineamientos generales, ´dibuja´ una inflación del 18% interanual (21,2% anual), un dólar a diciembre 2027 de $1.847,60 y un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI). Asimismo, ´prevé´ un incremento de salarios en torno al 25,4%. De este modo, vaticina una recuperación de los ingresos y, por lo tanto, un aumento del consumo.

En el presupuesto 2026, estipulaba una inflación del 10,1% que será triplicada y alcanzará el 29% a fin de año. El crecimiento del PBI, este año, será del 2,1%, muy por debajo del 5% que había estipulado, incluso con un tipo de cambio artificialmente subvaluado. La actividad industrial se encuentra en caída libre. Se calcula que la capacidad industrial se utiliza al 58%, así como la inversión ha retrocedido el 2,1%, sumando cuatro trimestres consecutivos de caída. Entre los proyectos aprobados y los que se encuentran en revisión para acogerse a los beneficios del RIGI, que sumarían inversiones por más de 200.000 millones de dólares en total, no se ha desembolsado un centavo. Las ´previsiones´ del gobierno no tienen correlato con la realidad.

Mientras tanto, se profundizan el desempleo y los precios ´regulados´ (energía, servicios) y los de los alimentos se ubican cómodamente por encima de la inflación promedio. El gobierno ha sumado una camada de 1,7 millones de “nuevos” pobres en los últimos 6 meses. Junto a los 7 millones de morosos y más de 20 millones de endeudados, estos números reflejan el derrumbe de los ingresos de los trabajadores. El presupuesto 2026 es la pantalla de una política orientada exclusivamente a satisfacer al capital financiero. Como Milei ha advertido, todas las partidas del Presupuesto 2027 se encuentran subordinadas al cumplimiento del pago de intereses.

Déficit financiero

En materia fiscal, el presupuesto prevé obtener un superávit primario del 1,3% del PBI y, una vez descontados los pagos de intereses de la deuda, un 0,2% de superávit financiero. Sin embargo, como señala el análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el superávit financiero anunciado mes a mes por la Secretaría de Hacienda utiliza el criterio contable de "Base Caja", que computa solo el dinero que efectivamente salió de las cuentas del Estado en ese período, dejando de lado los intereses devengados de títulos y bonos como Lecaps, Boncaps, Duales y el ajuste por inflación del capital de los bonos CER. Si estos fueran incluidos, el superávit financiero del 0,2% se convertiría en un déficit cercano a los 4% del PBI. Este mecanismo ha sido utilizado por Milei desde el comienzo de su gestión. Lo que demuestra que, luego del recorte catastrófico en materia de jubilaciones y prestaciones sociales, sanitarias y educativas, el régimen libertario no ha logrado superar la insolvencia del Estado. El gasto de deuda alcanza el 9,2% del presupuesto anual, siendo la segunda partida individual de mayor peso. Su peso, eventualmente, continuará engrosándose, en la medida que los pagos se financian con nueva deuda y acumulan tasas cada vez mayores, que incluso duplican las internacionales. Argentina se dirige a una cesación de pagos.

"Motosierra"

El gobierno ha utilizado el Presupuesto como vía para liquidar cualquier debate parlamentario sobre Discapacidad y financiamiento universitario.

En el proyecto de Presupuesto se contempla la eliminación de la Emergencia en Discapacidad y la derogación de cuatro artículos clave de la ley de Discapacidad, relativos a las pensiones no contributivas (volverán a ser incompatibles con cualquier otra remuneración laboral), pagos a prestadores (se elimina el alcance universal del nomenclador y las tarifas que sujetas a la ´libre negociación´ entre prestadores, obras sociales y prepagas) y prestaciones obligatorias (el Estado dejará de garantizar la atención médica establecida en los programas mínimos obligatorios en aquellos servicios o tratamientos que no se encuentren disponibles en el sistema público).

En cuanto al presupuesto universitario, el gobierno se mantiene desconociendo la Ley de Financiamiento. El proyecto de presupuesto prevé 7,3 billones de pesos para las universidades frente a los 11 billones que pidieron los rectores. La pérdida salarial de 2024 y 2025, por lo tanto, quedaría consolidada. Pero, además, el proyecto de Presupuesto contempla que las asignaciones presupuestarias pueden ser paralizadas si el Ministerio de Capital Humano si éste considera que no se presenta la información necesaria para justificar los gastos. Es decir, se establece un régimen de auditoría permanente. Las partidas salariales serán cerradas en noviembre de 2026 y sólo se ampliarán bajo autorización del Ejecutivo, paralizando cualquier ampliación de la planta docente.

Por otro lado, el gobierno prevé la derogación de los mecanismos que actualizan de manera automática la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares. Quedarán sujetos a la discrecionalidad del Ministerio de Capital Humano. La eliminación de estos artículos es una vieja pretensión del gobierno, que ya los había incluido en los proyectos de Presupuesto 2025 y 2026.

Represión

Entre las partidas que se incrementan, figura una fuerte inversión en el rearme y equipamiento de las Fuerzas Armadas, así como una mayor disposición de recursos a los controles fronterizos y otros puntos considerados ´estratégicos´.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementa su presupuesto en cerca del 34% en el proyecto y la ampliación de su planta permanente.

Debate parlamentario

El debate sobre el Presupuesto 2027 comenzará formalmente en el mes de octubre en las distintas comisiones. El gobierno tiene previsto reunirse con los gobernadores ´dialoguistas´ para reunir sus votos.

Los presupuestos siempre han servido como moneda de cambio, y en este caso servirá para destrabar otros proyectos como el de Reforma política.

El camino para los trabajadores lo marcan los docentes fueguinos, que cumplen 7 semanas de huelga indefinida por el salario.

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