El hijo de Massera va a juicio oral por la apropiación de bienes de detenidos-desaparecidos

La apropiación de bienes de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar fue una práctica sistemática de terrorismo de Estado. Los represores de las fuerzas armadas y de seguridad saqueaban literlamente los bienes y propiedades de sus víctimas durante los operativos. Se llevaban dinero, joyas, electrodomésticos, muebles, automóviles. Los grupos de tareas se dedicaban al vaciamiento de empresas, mediante la creación de empresas fantasmas o la transferencia a otras patronales aliadas, siendo Papel Prensa uno de los casos más emblemáticos. La justicia, hasta el momento, ha contabilizado más de 600 compañías arrebatadas a sus dueños con estos métodos. También utilizaban documentos falsos, extorsión bajo tortura y coacción a detenidos en centros clandestinos para transferir propiedades, cuentas bancarias y hasta empresas a nombre de los represores o testaferros de estos. Una de las bandas más activas en estos menesteres fue la que operó en la ESMA, con una lógica cuasi empresarial y que tenía como responsable político-militar a Emilio Eduardo Massera, comandante en jefe de la Armada e integrante de la junta de gobierno. Hacia dentro de la ESMA se destinaron espacios para almacenar y gestionar el patrimonio incautado. El robo no era un acto espontáneo de un represor en particular, sino una tarea distribuida y organizada con participantes específicos destinados a "tasar" y gestionar los bienes apropiados.

Según la justicia, uno de los más enérgicos apropiadores de bienes que actuó en la ESMA fue Eduardo Enrique Massera, hijo mayor de Emilio, quien llegó a ser comandante de la Armada durante la dictadura. Massera Jr se encuentra observado por la justicia por haber sido parte de la asociación ilícita que se apropió de los bienes de quienes eran secuestrados y, en la mayoría de los casos, desaparecidos del predio controlado por la Armada.

Eduardo Massera hoy se encuentra procesado por el robo de bienes. Tenía planes de realizar un viaje por España, Italia y Francia, pero desde el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 le denegaron la salida del país y, de yapa, fijaron el inicio del juicio oral y público por el robo de bienes en la ESMA: comenzará el próximo 23 de septiembre. El fiscal Félix Crous pidió además a los integrantes del TOF 5 que actualizaran el embargo sobre sus bienes, que al día de hoy asciende a apenas $500.000.

Además de Massera, el comienzo del juicio oral encontrará en el banquillo de los acusados a Jorge Eduardo Acosta, Ricardo Miguel Cavallo, Adolfo Miguel Donda, Jorge Carlos Radice, Juan Carlos Rolón, Alberto Eduardo González y Juan Antonio Azic. Todos integrantes de grupos de tareas de la ESMA. Todos ellos ya fueron juzgados anteriormente por diversos crímenes, recibiendo condenas de diferente tenor - y varias absoluciones.

Si bien Massera hijo no era parte de la "planta permanente" de la ESMA, la justicia lo señala como integrante, desde 1977, de la banda que se apoderaba de los bienes de los detenidos desaparecidos. Testimonios de sobrevivientes de la ESMA lo han mencionado en sus declaraciones. Juan Gasparini, en su testimonio, señaló que "el comentario era que él venía por cuestiones relacionadas con la administración y el financiamiento de ese campo de concentración".

Por su parte, Marta Álvarez lo ubica en Besares 2025, una propiedad robada que era usada como sede de Chroma SA, una productora de contenidos audiovisuales que habían montado los represores de la ESMA y que hacían funcionar con mano de obra esclava. "Todo el tema legal de este negocio fue manejado por el hijo de Massera llamado Eduardo", declaró la sobreviviente ante la justicia (ídem).

La sobreviviente Miriam Lewin también recuerda que Eduardo Enrique Massera estaba en las oficinas de Cerrito 1136, donde Massera padre montó su búnker al retirarse de la Armada y desde donde proyectaba su inserción política ´en democracia´. Según Lewin, Massera hijo estaba acompañado asiduamente por Jorge Radice, que se había ganado el aprecio del Almirante Cero por su destreza con las finanzas y con las armas. "Eduardo Massera y Jorge Radice actuaban como una suerte de filtro de Emilio Massera. Ellos manejaban todas las actividades", declaró la periodista ante la justicia.

Para el fiscal Jorge Taiano, Eduardo Massera fue un engranaje fundamental para el apoderamiento de 26 hectáreas ubicadas en Chacras de Coria, en la provincia de Mendoza, que pertenecían a Victorio Cerutti, Horacio Palma, Conrado Gómez y Oscar Massera Picolini, todos secuestrados en 1977. La asociación ilícita tenía su terminal final en la sociedad anónima Misa Chico, creada en 1981, que sirvió para blanquear propiedades y bienes robados de las personas detenidas desaparecidas. El socio mayoritario de Misa Chico era Eduardo Massera, pero también tenían participación su hermano menor Carlos Massera y Pedro Añón. Para la fiscalía, estaba claro que uno de los principales objetivos de la asociación ilícita fue que los bienes de los desaparecidos pasaran a integrar el patrimonio de quien había sido el comandante de la Armada y principal responsable de los crímenes que se perpetraron en la ESMA.

El despojo de los secuestrados tenía el objetivo de financiar parte del aparato represivo, pero sobre todo estaba al servicio del enriquecimiento de oficiales y suboficiales.