La docencia universitaria en un momento decisivo

Esta semana, habrá diferentes jornadas de paro en todas las universidades del país. Las dos Conadus han acordado un paro de 72 horas entre el 30 y el 2 de octubre Los gremios universitarios de la CGT (FEDUN, FATUN) organizan paros de 24 horas fragmentados por región, mientras que los sindicatos que responden al rectorado de la UBA (APUBA-FEDUBA) harán paros rotativos por facultad. El día 30 vence el plazo fijado por el juez Cormik días atrás, para que el gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento y resuelva el aumento del 33% resuelto en la medida cautelar que el juez ordenó cumplir.

Distorsión

Las huelgas que tendrán lugar esta semana, sin embargo, no reflejan el verdadero sentimiento que recorre a la docencia universitaria en todo el país. En las consultas impulsadas previamente por CONADU, el paro por tiempo indeterminado fue la opción más votada, como en los casos de COAD- Rosario (50,8% sobre 2.287 votantes) y ADIUC - Córdoba (37% de 1161). También logró imponerse como opción más votada en ADUM - Mar del Plata, ADIUG - General Sarmiento y ADUNSE- Santiago del Estero y otras 3 universidades más. En CONADUH, asambleas de importantes sindicatos llevaron como mandato iniciar a partir del 1° de octubre la huelga hasta que el gobierno pague la deuda salarial; así sucedió en ADUNS - Bahia Blanca, ADIUNT- Tucuman, Sitradu- Entre Ríos y ADUCOR-Córdoba. NO ocurrió así en AGD, donde su dirección impulsó el paro por 5 días, no la huelga general.

La conclusión es clara: una franja importante de la docencia llegó a la conclusión que los paros aislados no sirven, y hace falta una huelga general hasta ganar. En las redes sociales de los docentes, la crisis provocada por el fallo del juez Cormik ha desatado una clara consigna: “PARAR HASTA COBRAR”.

Distorsionando ese mandato, las federaciones han evitado ese camino. Quieren marcar el paso, con paros desgastantes, hasta la Marcha Federal del 15 de octubre convocada junto a los rectores.

Pero las autoridades universitarias han abandonado la exigencia de aplicar la LFU tal como fue votada. Están en una componenda con el gobierno en torno del presupuesto 2027. Firmaron el acta de junio pasado junto a las burocracias sindicales y hoy negocian partidas de sus gastos generales en el Congreso. Los bloques políticos a quienes responden en su mayoría los rectores son los que le dieron a Milei, en el Congreso, las herramientas para que su programa llegara hasta donde llegó. Pero la política del consejo de Rectores (CIN) ha fracasado miserablemente: ya presentado el presupuesto, tuvieron que admitir que no alcanza ni para cubrir los salarios y que las universidades no podrían abrir sus puertas el año próximo. Aun así, su horizonte es mendigar partidas. La mezquindad política se transformó en colaboración abierta. Dar por perdido al aumento previsto en la Ley de Financiamiento tiene una clara implicancia: significa cristalizar el retroceso histórico experimentado en estos años en los salarios, becas y programas de investigación. Es admitir el piso de derrumbe al que ha sido llevada la educación superior, y trasladar la cuestión a algunos puntos porcentuales -irrelevantes- de aumento a discutir el año que viene.

El escenario que enfrentamos

¿Cuál es el cuadro de conjunto para nuestra lucha? El gobierno ajustador de Milei-Caputo atraviesa un impasse catastrófico. Los ajustes brutales de los gastos sociales, educativos o de salud no han servido para sostener el favor de los acreedores internacionales que desconfían que el gobierno, incluso con la masacre social perpetrada, pueda cumplir con sus vencimientos de deuda. La economía se encuentra en estado de desintegración, como lo demuestra el derrumbe industrial y el aumento de la pobreza. Adentro del propio Estado y del propio régimen, se ha abierto una crisis y una deliberación política. Mucho antes de las elecciones, los ajustadores temen que una rebelión popular termine dándole su propia salida a una situación intolerable. En ese rumbo, los obreros de Vaca Muerta, han protagonizado huelgas; también en la salud y, naturalmente, en la educación y las universidades.

El fallo del juez Cormik se inscribe en esa crisis. Naturalmente, el gobierno de Milei se prepara para desconocerlo, por la vía de otras argucias legales o, sencillamente, ignorándolo. A ese gobierno, sólo le podremos imponer el aumento previsto en la Ley de Financiamiento con una lucha decisiva, y este es el momento para que la docencia universitaria le aseste un golpe al gobierno por la aplicación de la ley y la recomposición salarial. Desde Política Obrera proponemos:

• Asambleas interclaustro en cada facultad, con docentes, no docentes y estudiantes, que discutan y voten mandatos.

• Que las asociaciones de base que votaron el paro por tiempo indeterminado convoquen a un plenario nacional de delegados con mandato de base para coordinar la huelga indefinida: PARAR HASTA COBRAR

• Un pliego común: aplicación íntegra de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición de la deuda salarial, actualización de las becas estudiantiles y rechazo del Presupuesto 2027.

• Coordinación con las luchas en curso.