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El brutal desahucio de Maricarmen Abascal, una anciana jubilada de 87 años discapacitada que fue sacada en camilla por la policía tras vivir 71 años en su piso del barrio de Retiro en Madrid, se ha convertido en el detonante de una reacción popular. La indignación acumulada contra la carestía insoportable de la vivienda estalló en las calles de la capital y en las principales ciudades del país, dando lugar a movilizaciones multitudinarias que culminaron con la instalación de una acampada permanente en la Puerta del Sol.
En la movilización de Madrid y en ciudades de Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Oviedo, miles de trabajadores, jóvenes, mayores e inquilinos hicieron retumbar consignas contra el poder inmobiliario y el Estado: "¡Ni una Maricarmen más!", "¡O cae el rentismo o cae el gobierno!", "¡Casas sin gente, gente sin casa!" y también "¡Si el martes no hay decreto, habrá huelga general!". La organización convocante es el Sindicato de Inquilinos que reclama un decreto de emergencia que pare los desalojos y plantea la movilización de vecinos para impedirlos y la huelga general de inquilinos, es decir el no pago del alquiler.
Desalojos
El ensañamiento policial y judicial contra Maricarmen no es un hecho aislado ni un "exceso judicial", sino una práctica sistemática del Estado en amparo del capital financiero e inmobiliario. En España se ejecutan en promedio 45 desahucios diarios (casi 25.000 al año), de los cuales cerca del 75% obedecen al vencimiento de contratos e impagos bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esta violencia arrastra un tendal de antecedentes trágicos (suicidios de inquilinos en Madrid. 2018 y en Barcelona, 2021), que el régimen intenta silenciar y que ponen de manifiesto el carácter criminal que ha adquirido la especulación inmobiliaria.
En el caso de Maricarmen, el desahucio se ejecutó a pesar de que existían advertencias del comité de vivienda de la ONU indicando que la jueza debió paralizar la orden, dictámenes sociales de vulnerabilidad, ofertas de mediación del Ministerio de Vivienda e incluso la propuesta concreta de una particular que se ofreció a pagar la totalidad del alquiler a precios de mercado de por vida. El fondo propietario (Urbagestión) rechazó la suma de dinero e insistió en el desalojo porque la ganancia de los fondos especuladores no proviene del arrendamiento tradicional ni del cobro de una renta fija, sino de la acumulación y valorización ficticia del activo inmobiliario a través de la reventa acelerada (flipping). Los inmuebles en manos de estos pulpos/buitres no funcionan como viviendas ni como bienes de uso, sino como capital ficticio colateralizado: títulos financieros respaldados por la garantía física del inmueble (colateral) que cotizan en los mercados y en los fondos de inversión internacionales para capturar expectativas de rentas futuras. Aceptar un pago o congelar la renta ata la propiedad a una inquilina y frena la especulación de ese capital ficticio. Si el edificio mantiene contratos de "renta antigua" protegida por leyes anteriores o personas vulnerables, el mercado financiero considera que la garantía colateral vale poco. Para elevar de inmediato el valor de cotización de esos títulos colateralizados en la bolsa, los fondos necesitan vaciar los edificios, extinguir esos contratos históricos amparados, fragmentar las unidades para alquileres turísticos de corta estancia o revender la propiedad en bloque a un precio inflado a otra corporación. Las apelaciones morales a los "derechos humanos" de la ONU o la caridad privada chocan de frente contra el papel del Estado capitalista, cuya función esencial es defender la inviolabilidad de la propiedad privada de los capitalistas y la ganancia mediante el monopolio de la fuerza pública.
Los buitres pulpos que defiende el régimen
La masa inmobiliaria en España ha sido entregada a este puñado de pulpos del capital transnacional que operan bajo el paraguas fiscal de las SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario). Estas sociedades son vehículos financieros promovidos inicialmente bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero (PSOE) en 2009 y perfeccionados mediante la reforma del PP en 2012, diseñada para atraer grandes fondos de inversión a cambio de concederles una tasa del 0% en el Impuesto sobre Sociedades. Esta exención tributaria casi total, sumada a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2013 impulsada por el PP -que recortó los contratos de 5 a 3 años para acelerar el "desahucio exprés"- y al mantenimiento intacto de este andamiaje bajo las gestiones del PSOE y Sánchez, permite a los fondos buitre maximizar beneficios sin pagar impuestos corporativos en el país. Muestra de esta continuidad fue la votación del 15 de septiembre de 2026, cuando el PSOE se abstuvo en el Congreso (sumando su voto al rechazo de la “derecha” PP, Vox y Junts) para bloquear el proyecto de ley que pretendía prohibir la compra de viviendas a fondos especuladores.
Existen conexiones directas entre los fondos y el personal político del régimen: el principal lobby del fondo Blackstone ("El casero de España") está presidido por Joan Clos, exministro de Industria y exalcalde de Barcelona por el PSOE. A su vez, en 2013 y bajo la gestión municipal de Ana Botella (PP) en Madrid, Blackstone compró 1.860 viviendas públicas protegidas a precio de saldo. Por su parte, el fondo Cerberus Capital Management absorbió carteras masivas de “ladrillo tóxico” (inmuebles o préstamos hipotecarios impagables) del BBVA y Banco Sabadell, teniendo en su filial española como consejero y asesor clave a José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno del PP y de Ana Botella.
Rescate bancario y el papel de la Sareb
La imposibilidad actual de acceder a una vivienda en España es la consecuencia directa de cómo el capitalismo global afrontó la quiebra financiera de 2008. En los años previos a 2008, los bancos de Wall Street crearon una ingente cantidad de créditos hipotecarios de alto riesgo en EE. UU. (subprime). Para sacarse ese riesgo de sus libros y seguir prestando, "empaquetaron" esos miles de hipotecas basura en productos financieros complejos (titulizaciones, CDOs, etc.) con falsas calificaciones de máxima seguridad. Los bancos europeos (alemanes, franceses, británicos) compraron masivamente estos paquetes financieros porque daban un rendimiento alto.
Aunque las cajas de ahorros españolas prestaron dinero masivamente para la burbuja inmobiliaria local, para financiar semejante volumen de crédito se endeudaron fuertemente en el interbancario europeo. Cuando los bancos europeos sufrieron pérdidas gigantescas por la quiebra de la deuda subprime en EE. UU., todo el sistema financiero internacional se quedó sin liquidez. Es decir, la burbuja inmobiliaria española (2000-2007) se financió con préstamos baratos de la Eurozona (sobre todo alemana y francesa), que a su vez estaba profundamente conectada con Wall Street.
Cuando en 2007-2008 las hipotecas subprime colapsaron y Lehman Brothers quebró, los bancos internacionales entraron en pánico y dejaron de prestarse dinero entre sí. De la noche a la mañana, a la banca española le cerraron el grifo del crédito externo. Los bancos y cajas de España se quedaron con un agujero enorme: miles de millones en préstamos impagados y en inmuebles/terrenos que ya no valían lo que decían sus balances. Una quiebra en cadena amenazaba con destruir la moneda única (el Euro). Las autoridades europeas (el Banco Central Europeo y la Comisión Europea) exigieron a los países de la periferia (España, Irlanda, Grecia) que saneasen sus bancos con dinero público para proteger el sistema financiero europeo global. Para salvar a las entidades al borde de la quiebra sin que las pérdidas las asumieran los acreedores internacionales (Wall Street y la gran banca europea), el Estado español intervino con dinero público bajo los gobiernos de Zapatero (PSOE) y Rajoy (PP), culminando en la creación de la Sareb (el "banco malo") para absorber los activos inmobiliarios tóxicos de la banca y sus pérdidas. La actual imposibilidad de acceder a un techo es el resultado directo de ese salvataje capitalista a la quiebra financiera de 2008.
Lejos de utilizar los más de 50.000 millones de euros en inmuebles y terrenos absorbidos para constituir un parque de vivienda público y social, la Sareb empaquetó el stock en "carteras macro" y se lo vendió con descuentos de entre el 50% y el 70% a los fondos buitre de Wall Street. El Estado saneó los balances de la banca privada endeudando a la población trabajadora y entregó las ciudades al capital inmobiliario internacional, mayoritariamente de Estados Unidos.
Así, en España existen más de 3,8 millones de viviendas vacías. Esta escasez es una estrategia deliberada de bancos, SOCIMI y fondos buitre, que prefieren mantener miles de inmuebles desocupados o volcados al alquiler turístico para restringir la oferta, disparar los precios y revalorizar sus activos financieros.
El bloqueo del crédito hipotecario y la servidumbre del alquiler
El sistema bancario rescatado endureció drásticamente las condiciones de concesión de préstamos, exigiendo ahorros previos inasumibles para salarios que apenas cubren la canasta básica. Mientras la juventud y las familias trabajadoras quedan excluidas del crédito hipotecario, la banca y los fondos buitre compran paquetes enteros de inmuebles al contado.
Este bloqueo deliberado del crédito convierte el alquiler no en una elección, sino en una condena de servidumbre financiera: al no poder comprar, los trabajadores son arrojados a un mercado de alquileres confiscatorio donde pagan rentas que superan varias veces la cuota de una hipoteca, impidiendo cualquier capacidad de ahorro y garantizando la extracción sistemática del salario por parte del capital inmobiliario.
La cooptación y complicidad de la izquierda del régimen
El ascenso y capitulación de la llamada "izquierda alternativa" (Podemos, Sumar y sus confluencias) constituye una lección política fundamental. Nacidos al calor de las plazas del 15M (2011) y del movimiento contra los desahucios (PAH) bajo consignas de ruptura, estos sectores utilizaron la movilización popular como un mero trampolín de acceso al parlamento para integrarse al régimen burgués e incorporarse al gobierno imperialista del PSOE y la OTAN.
Tras casi ocho años en los pasillos del poder y los ministerios, se han mostrado absolutamente incapaces para impulsar una política de vivienda social o frenar los desahucios. Asumieron la lógica del Estado capitalista, administraron las excusas de las "competencias autonómicas" y sirvieron de cobertura por izquierda mientras el parque público de vivienda se mantenía en un miserable 1,5% del total (frente al 9% de media europea). Más aún: formaron parte de un Ejecutivo que prioriza el desvío de recursos hacia el aumento del gasto militar y el rearmamento para la OTAN (superando el 2% del PIB) por encima de las necesidades habitacionales de la masa trabajadora.
Las burocracias de las principales centrales sindicales del país, Comisiones Obreras (CCOO vinculadas a las corrientes derivadas del stalinismo PCE) y la Unión General de Trabajadores (UGT con vínculos con el PSOE), juegan un papel de contención y parálisis consciente. Totalmente integradas a las mesas de "concertación social" y al diálogo institucional con la cámara patronal y el Estado, CCOO y UGT limitan su intervención a declaraciones formales sobre cómo "los alquileres devoran los salarios", pero se niegan rotundamente a organizar la fuerza de la clase obrera contra los desahucios.
Las centrales burocráticas no convocan a paros ni promueven acciones de desobediencia civil o huelgas de alquileres. Su integración al Estado las convierte en un freno contra el desarrollo de un plan de lucha unificado que vincule las demandas de las fábricas y centros de trabajo con el conflicto por la vivienda en los barrios.
Desindustrialización, precariedad y la crisis salarial
La crisis habitacional se remonta también a la reconversión económica que sufrió España desde su ingreso en la Comunidad Económica Europea. La destrucción de la base industrial en las décadas de 1980 y 1990 liquidó empleos estables con convenios protectores, sustituyéndolos por el turismo de masas, la hostelería y los servicios precarios.
Del fenómeno del "mileurista" de 2005 (jóvenes que cobraban 1.000 euros) se derivó hacia el "submileurismo" posterior a 2008. Hoy, la clase trabajadora destina más del 60% de sus ingresos al pago del techo.
Sindicato de inquilinos y huelga general
El Sindicato de Inquilinas ha canalizado la indignación acumulada que colocó en el centro del debate político la huelga de alquileres con el no pago. Sin embargo, su planteo padece de un límite de fondo: al circunscribir la huelga exclusivamente al terreno del alquiler y al sujeto "inquilino" aisladamente, desvincula la crisis de la vivienda de la lucha general contra el capital y el Estado burgués, responsables del desahucio de Maricarmen y de la crisis de la vivienda.
La huelga de alquileres por sí sola expone a las familias trabajadoras al choque directo contra la policía, la justicia y los procesos de desalojo si no está respaldada por el método histórico de la clase obrera: la paralización de la producción y la huelga general de todos los trabajadores. La renta de la tierra no se cobra en el vacío; se extrae de los salarios miserables pagados en las fábricas, las empresas de servicios, el transporte y la administración.
Pero existe sobre todo un límite estratégico de la acción sindical corporativa o focalizada de particularización de las luchas. Bajo este planteo -alineado con la agenda woke, las causas identitarias desvinculadas de la lucha de clases, el indigenismo o el sexismo fragmentario y, en definitiva, las corrientes que se oponen a la construcción de partido revolucionario de la clase obrera-, el problema de la vivienda corre el riesgo de aislarse como una simple demanda sectorial ("inquilinos") en lugar de asumirse como una trinchera del conflicto general de clase. Esto causa que la vivienda, la tierra o el trabajo dejan de entenderse como frentes de una misma explotación de fondo y pasan a competir entre sí por cuotas de regulación o derechos parciales dentro del propio orden existente y produce atomización, La “trinchera sectorial” disuelve el sujeto colectivo clase obrera en identidades hiperespecíficas, generando aislamiento, impotencia y una sensación de vulnerabilidad que paraliza la capacidad de respuesta masiva.
Sin una articulación consciente que conecte la lucha del inquilino con la totalidad de la fuerza trabajadora, la particularización termina funcionando como un dique de contención que absorbe la energía transformadora y neutraliza cualquier posibilidad de una victoria de conjunto, junto con la incorporación de sus direcciones al Estado como ya ha ocurrido-.
Para que la lucha por la vivienda no quede encasillada en una resistencia corporativa o en una presión para que el Gobierno del PSOE apruebe parches legislativos trampa (como los decretos que intentan colar desregulaciones en la Ley del Suelo), es indispensable superar el marco del "sindicalismo de inquilinos" y coordinar la acción con las asambleas de fábrica y de lugar de trabajo.
Para conquistar el derecho a la vivienda y frenar el despojo, la clase trabajadora debe tomar la dirección de la lucha con sus propios métodos e independencia política, contra los gobiernos de la guerra:
Paralización e interrupción inmediata de todos los desahucios sin alternativa habitacional real y definitiva.
Expropiación sin indemnización de todas las viviendas en manos de la Sareb, los fondos buitre y los grandes tenedores, para ponerlas bajo gestión directa de las organizaciones de trabajadores e inquilinos.
Apertura de los libros contables de las SOCIMI, inmobiliarias y fondos especuladores para poner al descubierto el fraude y la estafa financiera.
Transformar la huelga de alquileres en un plan de lucha e intervención unificada de toda la clase trabajadora -superando la parálisis de las burocracias de CCOO y UGT- con paros, piquetes y huelga general para derrotar la carestía de la vida, el negocio del ladrillo y el programa de ajuste y guerra del gobierno.
