El Congreso, los partidos y la burocracia sindical son responsables del golpe jurídico de la Corte en la cuestión de tierras

La decisión de la Corte de revocar un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del mega DNU 70/23 ha producido un estallido del régimen pseudo democrático de Argentina. Los responsables últimos de la sentencia de la Corte son el Congreso, los partidos en su conjunto, y por sobre todo la burocracia de la CGT y de los sindicatos, que fueron incapaces de hacer caer un DNU de abuso de poder con decenas de capítulos y centenares de artículos. Fue rechazado solamente en el Senado, de modo que siguió vigente de modo tácito hasta que se pronunciara Diputados, que no lo ha hecho en los tres años corridos desde entonces. La CGT no declaró una huelga general activa hasta su derogación. Las disposiciones del DNU que fueron paralizadas en sede judicial, como el caso de la reforma laboral o la ley de alquileres, se convirtieron en ley. Quien apeló el fallo de la Cámara de La Plata fue el procurador general Eduardo Casal, nombrado por el macrismo "en comisión" en 2017.

El fallo de los cortesanos y los subrogantes invitados también se impone mediante el sigilo: no se pronuncia sobre la legalidad del artículo que anula el artículo 154 y deja en vigencia la ley 26.737, que limita la tenencia de tierras rurales por parte de sujetos extranjeros al 15 % del territorio en cuestión. Cuestiona que la Cámara aceptara que fuera un asunto de "incidencia colectiva", que era asumido por la Asociación de Ex Combatientes de Malvinas; esa instancia podría volver a declarar la inconstitucionalidad de ese artículo, pero tendrá que hacerlo sobre otras bases. Todo este hilo discursivo, que se elabora después haber dejado el asunto en el archivo durante dos años y medio, tiene su propia pizca. Así como asegura que los Ex Combatientes no son un sujeto colectivo de soberanía, ha negado la incidencia colectiva de los juicios por jubilaciones, con la intención de que los fallos favorables no se extiendan al conjunto del sector pasivo que litiga ante la Justicia. El propósito es no quebrar al Tesoro, haciéndole pagar las sentencias, para que pueda seguir atendiendo a la deuda pública. Hay, sin embargo, otra cosa más: los cortesanos y por sobre todo Horacio Rosatti quieren que el sistema judicial quede disciplinado al alto tribunal, como lo demostró al imponer su presidencia en el Consejo de la Magistratura. En un mundo capitalista que se caracteriza por una crisis de dominación política internacional, persecuciones a migrantes, cuestionamientos de ciudadanía, golpes destinados a desconocer resultados electorales, y corrupciones que envuelven al poder político y a sus jefes de gobierno, la cabeza del Poder Judicial procura seguir arbitrando y funcionando. La Corte tiene por delante una demanda de Cristina Kirchner contra su proscripción política.

Los vividores del parlamentarismo han salido a protestar el fallo disfrazados de estadistas, cuando son los principales responsables del adefesio, al haber dejado en vigencia el DNU de marras por tres años completos. Los empuja a la protesta la onda de demagogia electoral en que convirtieron la manifestación política de la Selección Nacional por Malvinas, a la que luego se subió el anglófilo Milei, sionista por añadidura cuando Israel ha votado siempre en la ONU contra la soberanía de la República Argentina en el archipiélago y su plataforma adyacente. “A terra é nossa”, proclaman los privatizadores seriales, los entreguistas de los recursos naturales y los exinternacionalistas. Acá hay un filón electoral, se dicen a sí mismos, pero todavía no saben cómo neutralizar la sentencia de los cortesanos. Los acontecimientos obligan a poner una nueva mirada sobre la sesión del Senado que trató el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Patricia Bullrich no había puesto casi reparos en apartar del proyecto el capítulo de tierras rurales (que elevaba el derecho de tenencia extranjera al 25 %, lo que fue saludado como una gran victoria). La exmontonera menemista y expalestinense convertida al sionismo estaba al tanto de este golpe jurídico de los tres cortesanos, ahora con yapa, porque ya no hay límite alguno para la extranjerización. Era el momento de debatir ese capítulo, no apartarlo, para votar, por lo menos, la derogación parlamentaria del artículo 154 del decreto. La “piba” los madrugó. El Parlamento, como el puerto de Nueva York en la década del 50, es un “nido de ratas”. El impasse político con la población que no puede pagar deudas usurarias suma este nuevo impasse, ante las manifestaciones de que Diputados tendrá dificultades para acabar ahora con el DNU de hace cuatro años. El kirchnerismo no verá oportuno atacar a la Corte que debiera permitir a su lideresa presentarse a unas PASO.

Los capitalistas del campo no hacen ‘lobby’ a favor de la argentinidad de las tierras rurales, por el contrario. En esto también hay un equívoco, porque un terreno rural puede convertirse en no rural, por ejemplo, de campo de papas a proyecto inmobiliario, o uno desértico, en un centro de datos para la Inteligencia Artificial. El ruralismo pide un piso para extranjerizar, pero no de terreno, sino de dinero; se puede enajenar al extranjero, pero a partir de una cierta suma de dólares. Es otra manifestación de las contradicciones de un negocio común, entre los propietarios de tierras, de un lado, y los “pool de siembras” apalancados por fondos de inversión, del otro.

En momentos en que el seguro contra un default del Tesoro cotiza a 19 dólares sobre 100, la irrupción de golpe judicial suma a la creación de una crisis de régimen. En lugar de dispersar reivindicaciones es necesario centralizarlas y unirlas mediante una huelga general. Es lo que ha ganado el centro del debate de la docencia universitaria. En cuanto a la extranjerización, las organizaciones obreras deben reivindicar el ejercicio del control de las disposiciones legales, porque las autoridades nacionales, provinciales y municipales hacen la vista gorda a la supervisión o pasan la gorra para autorizaciones arbitrarias y unilaterales.