Trump y Paz Pereira toman por asalto el Ministerio Público de Bolivia

Apenas dos días después de que el Departamento de Estado estadounidense revocara la visa de 21 funcionarios judiciales bolivianos por su supuesta vinculación con el “narcoterrorismo” y por representar una “amenaza para la seguridad del Estado de derecho de las Américas” (La Nación, 28/09), la policía boliviana, bajo orden directa del poder ejecutivo nacional, ha detenido al Fiscal General de la Nación, Róger Mariaca y al Fiscal general de Santa Cruz, Alberto Zeballos, junto a otros 12 funcionarios judiciales, la mayoría de ellos fiscales y jueces. Otros cuatro detenidos serían empleados que intentaron sacar varios bolsos de dinero en una ambulancia, de un condominio perteneciente a Mariaca y Zeballos (El Deber, 01/10).

La iniciativa norteamericana fue la señal de largada de un amplio operativo político para descabezar el Ministerio Público. El lunes mismo, tanto Mariaca como Zeballos, en sendas conferencias de prensa, solicitaron los fundamentos de dicha acusación. Ambos insinuaron que enfrentaban una represalia por la investigación e imputación del ex asesor presidencial y agente de la CIA, Fernando Cerimedo, acusado de tentativa de femicidio. La Asamblea Legislativa Plurinacional es la única que puede nombrar y remover al Fiscal General de la Nación. El trámite implica una investigación y un juicio de responsabilidad, es decir un largo proceso.

Al día siguiente, el diario cruceño El Deber (1/10) dio a conocer audios en donde el narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, detenido en marzo de este año en Santa Cruz y extraditado a Estados Unidos posteriormente, señalaba a Mariaca como un “amigo” y afirmaba que habría pagado sobornos a funcionarios del ex presidente masista Luís Arce. Con la aparición pública de estos audios, que se habrían realizado en el momento de la detención de Marset, se justificó la detención de estos fiscales y demás funcionarios judiciales.

Los empleados del Ministerio Público denunciaron que los efectivos que realizaron el allanamiento del ministerio no contaban con orden judicial ni imputación clara. Lo calificaron de ilegal. Denunciaron el arresto de Mariaca como un “secuestro”. Al día siguiente, el vocero Presidencial anunció el arresto del Fiscal Superior Luís Montaño Morales, quién se autonominó como Fiscal General de la Nación para evitar un “vacío legal”, por “usurpar funciones” (ídem).

El carácter ilegal de las detenciones ha sido denunciado por el vicepresidente Edmand Lara. El abogado de Nadia Beller, la ex pareja de Cerimedo, tomó en sus manos la defensa legal de Mariaca y Zeballos. Ha presentado una denuncia penal contra el presidente Paz Pereira por haber ordenado estas detenciones sin orden ni investigación judicial conocida (ídem).

El Escudo de las Américas en marcha

El Departamento de Estado norteamericano presentó las sanciones a los funcionarios judiciales bolivianos como parte de una medida más general contra funcionarios y ciudadanos de Bolivia, Perú y Ecuador; y como parte de los compromisos establecidos bajo la conformación del Escudo de las Américas (La Nación, 28/09). Lo cierto es que, de las 27 personas afectadas con la revocatoria de sus visas, 21 eran funcionarios judiciales bolivianos.

La medida no ha tomado de sorpresa a Paz Pereira y su gobierno, ya que el presidente boliviano aprovechó su viaje a EEUU, en ocasión de la última asamblea general de la ONU, para reunirse con el secretario de Estado norteamericano, Marcos Rubio; y con funcionarios del FMI, el BID y del Banco Mundial (Opinión, 28/09). El secretario de Estado trumpista posteó en su cuenta de X que la “administración Trump apoya firmemente” a Paz Pereira y que "las acciones emprendidas por Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer de nuestro hemisferio un lugar más seguro, más fuerte y más próspero" (El Deber, 01/10), sin importarle que no estén claras las imputaciones ni orden judicial alguna para las detenciones de Mariaca y Zeballos. El segundo de Rubio, el subsecretario de Estado, Cristopher Landau, atacó directamente al Ministerio Público como un peligro de “politización” y “corrupción” (ídem). Finalmente, EEUU sacó un pronunciamiento del Escudo de Las Américas firmado por todos sus países integrantes, en apoyo del gobierno de Paz y de su asalto sobre el ministerio Público.

Golpe institucional

El diario El Deber, histórico vocero de la derecha y la oligarquía cruceña, que ha sido parte del operativo del gobierno para este golpe sobre el Ministerio Público, advierte a Paz Pereira que ahora tiene el “desafío” de establecer “cuáles son las órdenes judiciales o fiscales que sustenten” los arrestos en curso y que la “posibilidad de eventual extradición o entrega de ciudadanos bolivianos requeriría un procedimiento jurídico específico y no puede darse por hecha únicamente a partir del movimiento de aeronaves o de versiones de inteligencia”.

El derechista cruceño Tuto Quiroga, por su parte, ha señalado que “no basta, de parte del Gobierno norteamericano, con decir este, este, este” y que “las restricciones de visa no equivalen por sí mismas a una sentencia penal ni acreditan la comisión de un delito” (El Deber, 01/10).

El Tribunal Supremo de Justicia Boliviano, se ha limitado a declarar que se garantizará el “debido proceso” para todos los arrestados. El vicepresidente Edmand Lara, por su parte, ha denunciado un complot del Paz Pereira y la policía en su contra para destituirlo y apresarlo.

Ante semejante crisis, la COB, que sigue participando en las mesas de “diálogo” del gobierno, ha emitido un comunicado de “apoyo” a Mariaca en el que no denuncia su detención ni al imperialismo; por el contrario, convoca a Paz Pereira a “mantener la unidad, la paz social y el respeto por las instituciones democráticas”. La COB ni siquiera se delimitó de las más de 150 detenciones y 300 causas contra dirigentes y activistas obreros y campesinos que impulsó Mariaca como Fiscal General durante su última huelga general. Mariaca fue quien acusó de terrorista y pidió la captura del secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, en mayo pasado; orden revocada a pedido de Paz Pereira para avanzar en un acuerdo con la COB contra la rebelión popular. La Tupac Katari ni siquiera ha emitido comunicado. La integración de las burocracias obreras y campesinas al régimen político boliviano es total.

Esta avanzada imperialista y de Paz Pereira, puede tener como objetivo inmediato el cese de las investigaciones de Cerimedo y su eventual liberación, para frenar una crisis de alcance internacional por sus vínculos con los gobiernos derechistas y trumpistas de la región; y con sus corruptelas. Por eso el apoyo cerrado de todos los gobiernos del Escudo.

Días antes del retiro estadounidense de visas a Mariaca y otros funcionarios judiciales, desde EEUU, el presidente boliviano emitió el decreto 5527, que le da la potestad al poder ejecutivo nacional para “reorganizar, disolver o liquidar” las empresas públicas del Estado boliviano, lo que abre la posibilidad efectiva de privatizaciones en el área minera e hidrocarburífera, en nombre del “ajuste del gasto” y el combate a la “corrupción”. Paz Pereira se apoya en la derrota de la rebelión boliviana para avanzar en una contrarrevolución contra las masas. Esto agudiza el antagonismo entre su gobierno, el régimen político boliviano y las direcciones obreras integradas a él, por un lado; y la clase obrera y los explotados bolivianos por el otro.

La movilización obrera y campesina contra el imperialismo y el fascismo en Bolivia y en Latinoamérica, es más urgente que nunca.