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La situación en Portugal ha entrado en ebullición bajo el Gobierno de minoría de Luís Montenegro (Aliança Democrática / PSD). Cerca de 350.000 trabajadores estatales han tomado la iniciativa con una ofensiva callejera y huelguística que paraliza los servicios neurálgicos del Estado.
Esta masiva huelga de la administración pública general -que tuvo su primer gran pico de paralización el 2 de octubre- fue convocada por el Frente Común de sindicatos (una federación sindical que agrupa al sindicato de trabajadores de funciones públicas, el sindicato de la administración local y el sindicato del municipio de Lisboa), nucleados bajo la central sindical Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP-IN).
El cierre masivo de escuelas y guarderías, el colapso en la recolección de residuos urbanos y la parálisis de las oficinas de la Seguridad Social, los registros y los tribunales demuestran la fuerza de la base obrera y su capacidad para frenar los resortes vitales de la sociedad. Sin embargo, toda esta parálisis es responsabilidad patronal y gubernamental porque se niegan a dar respuestas a los trabajadores que sostienen el funcionamiento cotidiano del país.
En este torrente se sumó de inmediato la huelga de la aerolínea EasyJet, convocada por el sindicato que agrupa a los tripulantes de cabina, que comenzó este mismo 2 de octubre y se extenderá hasta el 6, logrando frenar el 80% de los vuelos en protesta contra la precarización patronal y enfrentando el uso ilegal de rompehuelgas para reventar el paro.
En el marco de los servicios públicos esenciales, también se sumó la huelga de los sindicatos de técnicos y de la Federación de Sindicatos de Transportes y Comunicaciones en la empresa Synchro (adjudicataria de los centros de contacto de la Seguridad Social), cuyos trabajadores con más de diez años de antigüedad perciben salarios de miseria y tienen el subsidio de alimentación congelado desde 2017.
Las protestas continúan sumando sectores de peso como la huelga indefinida al sobretrabajo que mantiene la Federación Nacional de Profesores (FENPROF) -una medida en la cual los docentes no realizan las tareas burocráticas extracurriculares con las que el Estado intenta maquillar el colapso educativo; con la rebelión de los técnicos de la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA) en los puestos fronterizos, que exigen un suplemento salarial que el gobierno les niega; con los paros del personal no docente en las escuelas; y el profundo malestar entre los empleados bancarios.
Frente a la bronca y la combatividad de las bases, las direcciones sindicales, si bien se ven obligadas a convocar medidas de fuerza, su estrategia busca canalizar el descontento hacia una presión negociadora inofensiva o hacia paros aislados. Pretenden contener la irrupción obrera para evitar que ponga en jaque a todo el régimen político. La enorme energía de los trabajadores -que vacía oficinas, escuelas y aeropuertos- choca permanentemente con los intentos de la burocracia de negociar migajas a espaldas de los trabajadores y evitar la huelga general.
El conflicto se proyecta hacia nuevas medidas. El próximo 17 de octubre se llevará a cabo una gran manifestación nacional convocada por la central sindical CGTP-IN en Lisboa, Oporto y Coímbra, seguida de cerca por un nuevo paro general de la administración pública el 24 de octubre. Hacia finales de año se anunció una huelga general del sector bancario y una nueva fase de paros de la tripulación de easyJet programada para el pleno periodo festivo navideño, del 19 al 23 de diciembre.
El presupuesto de guerra
Frente a este ascenso obrero, el Gobierno pretende cerrar el conflicto ofreciendo sumas miserables -apenas un incremento de 56,58 euros para 2026 y de 60,52 euros anuales para el periodo 2027-2029-. Esta propuesta consagra un profundo achatamiento de la escala salarial: mientras el salario mínimo nacional ha tenido que subir por decreto escapando apenas de la indigencia, los sueldos de las carreras generales de la administración pública se han mantenido prácticamente congelados. Esta compresión de las escalas ha provocado que un trabajador estatal con años de servicio y responsabilidades técnicas cobre casi el piso básico, acumulando una pérdida de poder de compra de casi 300 euros mensuales en relación con el Salario Mínimo Nacional.
Este choque salarial impacta en el debate parlamentario del proyecto de Ley del Presupuesto del Estado para 2027, cuya votación general en la Asamblea de la República está fijada para los días 27 y 28 de octubre.
Cuando los trabajadores reclaman aumentos para recuperar su poder adquisitivo, la patronal y el Estado responden que "no hay dinero".
Pero este ahogo se repite en todos los países de la Unión Europea. Los presupuestos nacionales se vacían para sostener tres pilares del saqueo capitalista: el gasto militar masivo y los créditos de guerra exigidos por la OTAN; el pago serial de los intereses de la deuda pública a los grandes fondos buitre y la banca internacional; y los millonarios subsidios y rescates encubiertos a las corporaciones.
Nos encontramos ante una Europa profundamente convulsionada y en crisis por la guerra, sujeta a la estrategia militarista de la OTAN y subordinada al imperialismo norteamericano, que le vende armas y monta bases militares en su territorio, como la Base Aérea de Las Lajes (en las Azores), donde Estados Unidos realiza sus operaciones militares en territorio portugués.
Las masivas huelgas que paralizan sectores clave en Francia, los potentes acampes por la vivienda que sacuden a España, y los paros del transporte público urbano, ferroviario y aéreo en Italia confirman que la clase trabajadora europea no está pasiva frente a los gobiernos de la guerra.
El desarrollo de los procesos huelguísticos coloca a la clase obrera en una nueva experiencia para reorganizar una vanguardia.
