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Tras las sucesivas provocaciones patronales -que incluyeron el accionar de matones privados dentro de la planta, amedrentamientos y la amenaza de desalojo de la torre-, la Justicia Penal de San Isidro resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra 24 compañeros de FATE. Entre los procesados figuran el Secretario General del SUTNA, integrantes de la Dirección Nacional y de la Seccional San Fernando, delegados y trabajadores de base. La decisión fue apelada por los abogados del sindicato y reclaman el sobreseimiento de todos los acusados.
La resolución del juez de Garantías N° 4, Esteban Rossignoli, avaló el dictamen del fiscal Marcelo Fuenzalida y las exigencias de la patronal encabezada por Javier Madanes Quintanilla. Les imputa los delitos de “turbación de la posesión” y “daños”. El tribunal echa mano a la arbitraria figura de la “coautoría funcional” o responsabilidad colectiva para encausar a los dirigentes del SUTNA por el solo hecho de haber estado en el establecimiento. La justicia penal criminaliza el derecho a huelga y la presencia de los trabajadores dentro de la fábrica en defensa de sus puestos de trabajo.
El fallo oculta deliberadamente el origen del conflicto: un lockout patronal ilegal e intempestivo ejecutado por Madanes Quintanilla para liquidar más de 2.000 puestos de trabajo directos sin presentar procedimiento preventivo de crisis ni concurso de acreedores.
En estos momentos, el acampe que se había montado en el acceso a la planta languidece, tras ocho meses de conflicto. Un núcleo reducido sostiene la presencia en el tanque. Es parte del grupo que tomó la iniciativa de cruzar el alambrado cuando se encontraron con el anuncio de cierre en la entrada, al regreso de las vacaciones.
Pende sobre ellos la amenaza de desalojo, que viene siendo postergada desde el inicio del conflicto por sucesivas presentaciones y apelaciones judiciales. El 17 de septiembre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la fábrica, pero otro fallo lo frenó, al conceder un recurso de casación. La medida se encuentra en manos del tribunal superior.
En paralelo prosigue otra demanda, en este caso impulsada por el sindicato, para que Madanes Quintanilla pague las quincenas adeudadas, correspondientes a los meses que lleva cerrada la planta.
