Catamarca: masacre social y ambiental y negociados a favor del gran capital minero

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, ha decidido no presentarse a un nuevo mandato, pero ya tiene su candidato: Gustavo Saadi, actual intendente de la capital. Saadi, aunque no emerge del riñón de la camarilla justicialista que lidera Jalil, ha confluido dando apoyo a toda la política que durante estos tres años ha llevado adelante el gobierno provincial. De hecho, en el escenario provincial ninguno de los otros potenciales candidatos que van apareciendo de los distintos partidos patronales cuestionan la política del gobierno provincial y su alineación colaboracionista con el gobierno de Milei. Esto ya quedó expresado en su integración del Consejo de Mayo, el apoyo a la contrarreforma laboral, la Ley Bases y la Ley de Glaciares, apoyo de hecho a la integración de Argentina al Escudo de las Américas, el conjunto de la legislación y medidas represivas, etc. A su turno, Jalil ha aplicado esa misma política de ajuste y represión en el ámbito provincial.

La Legislatura ha convalidado casi sin reparos la política en curso. De la misma manera ha actuado la justicia provincial. Todo el régimen político está embarcado detrás de esta política

A pesar de los intentos de rescate de parte del PJ nacional para que Saadi se integre a las listas o frente que impulse el PJ a nivel nacional, Jalil y ahora también Saadi persisten en su política de colaboración y acuerdo con el gobierno nacional.

Catamarca, un eslabón de la cadena de suministro de imperialismo

Catamarca es destacado por los grandes capitales internacionales como una de las zonas cordilleranas con mayores recursos y reservas comprobadas de minerales críticos. Con el RIGI, las nuevas leyes laborales y ambientales (nueva ley de glaciares), esos capitales se aseguran una gran renta minera a la altura de la que brindan países con tradición minera como Chile o Perú, lo que potencia diversos emprendimientos ya en curso (litio) y abre paso a otros, como es el caso de Agua Rica, orientado a la explotación del cobre.

Actualmente, el litio y el cobre forman parte de la disputa internacional por las cadenas de suministro de la transición energética. El Departamento de Estado norteamericano impulsa la diversificación de esas cadenas y la incorporación de proyectos argentinos a ese circuito, en un cuadro internacional signado por la guerra mundial.

Catamarca queda así incorporada a una estructura que excede sus fronteras: capital internacional, minerales críticos, RIGI, infraestructura, proveedores y exportaciones. La relación entre Jalil y Milei tiene en este punto su fundamento material.

La sucesión y los negocios capitalistas

La transición política se expresa también en la relación que Jalil y Saadi vienen construyendo con las organizaciones empresariales.

Jalil acaba de anunciar la eliminación de Ingresos Brutos para la industria transformando a toda la provincia en una zona franca para grandes capitales industriales. Longvie inmediatamente anunció que va a abrir una planta para producir anafes y calefones, fundada en los beneficios impositivos que brinda la provincia. Saadi, por su parte, se reunió con la conducción de la UIA para discutir inversión, empleo y competitividad. El sector comercial reclamó inmediatamente recibir el mismo tratamiento fiscal.

El mismo sentido tiene el llamado Polo Minero que Jalil y Saadi acordaron instalar en el sur de la Capital. El proyecto concentra organismos y actividades vinculadas a la minería, incluyendo dependencias administrativas, resguardo de muestras y maquinaria, mediante inmuebles municipales cedidos a la Provincia.

La sucesión, por lo tanto, no espera al cambio de gobierno para reorganizar las relaciones con el capital: Jalil y Saadi ya están construyendo las instituciones que deberán administrar la expansión minera.

Jalil y la Argentina Week

Jalil fue uno de los gobernadores que integró la delegación que concurrió con Milei a Francia al evento Argentina Week. Allí, entre otros, se anunció el impulso al proyecto minero de Agua Rica, a cargo de la minera Glencore que obtuvo la aprobación del RIGI para una inversión estimada en 4.000 millones de dólares y una futura producción, principalmente de cobre, de 200.000 toneladas anuales de cobre. Se ha anunciado que las obras del proyecto comenzarían en noviembre del 2027 (después de las elecciones nacionales) y la mina entraría en funcionamiento recién en 2031.

Con todo, dentro de todos los proyectos mineros que se han anunciado éste es el que tiene más posibilidades de concreción, dado que se ha asociado con minera La Alumbrera dando lugar al proyecto MARA, por lo que ya cuenta con gran parte de la infraestructura y logística existente que se puso en pie para la explotación de la Alumbrera (dique de cola, mineraluducto, FFCC, puerto en Rosario, etc.).

Mientras los problemas de vivienda y urbanización de las ciudades y los pueblos no tienen respuesta, de la misma manera los reclamos en materia de salud o educación, todo lo cual son sometidos a una política de ajuste presupuestario permanente, los recursos disponibles están destinados a volcarlos a caminos, energía, capacitación, en función de los proyectos mineros.

Mientras Glencore y Agua Rica tienen como boca de salida el Atlántico, el gobierno paralelamente está volcando recursos hacia el Camino Chuquisaca, de más de 100 kilómetros, que conecta Antofagasta de la Sierra con Tinogasta, atravesando la zona cordillerana y articulando la Puna con Fiambalá y el corredor hacia el oeste provincial hacia el paso Paso San Francisco.

Estas obras son reclamadas por otras mineras, que apuestan a que su producción litífera o de cobre y otros minerales tengan como vía de salida el Pacifico en base a un acuerdo binacional con Chile (el corredor de Atacama), facilitando el acceso a los mercados de China y EEUU.

Jalil y la burguesía local

Con este escenario, distintos sectores del empresariado provincial, que se agrupan como potenciales proveedores mineros, reclaman que las grandes mineras concentren sus compras en la provincia para evitar una nueva “ilusión Alumbrera”.

El gobierno de Jalil hace lobby a favor de estos sectores. Pretende asociar de alguna manera a la burguesía local como socio menor del negocio megaminero y transformar al estado asociándolo en algunos de esos emprendimientos, en especial a través de YMAD, máximo que ahora el estado catamarqueño cuenta con la presidencia y mayoría del directorio, lo que le permite acaparar el 60 % de las regalías que le corresponda a YMAD, como es el caso de Farallón Negro o en los emprendimientos donde se encuentre asociado a las multinacionales mineras como sería ahora con el proyecto MARA

Los trabajadores de la construcción que están construyendo algunas minas, y algunos sectores de obreros mineros de emprendimientos ya funcionando, de manera aun tímida, han hecho su aparición reivindicativa como ocurrió con el conflicto en Minera del Altiplano, de Rio Tinto, que incluyó reclamos salariales y de seguridad luego de que trabajadores quedaran aislados durante más de 72 horas bajo condiciones climáticas extremas.

La cuestión social y el boom minero

Mientras se anuncian proyectos multimillonarios (lo mismo se hizo bajo Menen con los anuncios de la Alumbrera), la política que se ha impuesto en todos estos años es de un violento ajuste tanto en el sector estatal como en el privado.

Esta cuestión debe distinguirse de los anuncios y resultados sociales de la minería, porque la mayor parte de las inversiones anunciadas todavía no se ha ejecutado. Por el contrario, la provincia ha asistido a numerosos cierres de fábricas. En el Gran Catamarca, el desempleo llegó al 6,4 % en el segundo trimestre de 2026, el subempleo o el trabajo precarizado al 15,8 % (pero las cifras son mucho más elevadas pues se encuentran disimuladas pues la mayoría de los municipios tienen miles de trabajadores bajo la condición de becados, con pagas equivalentes a un plan social, pero que deben cumplir horarios y días de trabajo).

La pobreza alcanzó al 37,3 % durante el primer semestre y la morosidad de los hogares llegó al 22,1 % del monto adeudado, una de las tasas más altas del país.

La expansión minera también está produciendo conflictos con comunidades y territorios.

En El Alto, comunidades de Ancasti y Frías cuestionaron el procedimiento de participación ambiental del proyecto de Litios del Norte y colocaron el agua y la producción ganadera en el centro de la disputa. En Peñas Negras, la comunidad diaguita sostiene su oposición a proyectos de exploración de oro y cobre y denuncia la falta de consulta sobre su territorio ancestral. El conflicto incluye antecedentes de represión y persecución a quienes enfrentan el avance de los proyectos mineros. Distintas comunidades de la puna catamarqueña han anunciado la formación de un movimiento de coordinación autoconvocado para enfrentar de conjunto estos atropellos.

Toda la política en curso conduce a una profundización de la polarización social. La respuesta hasta el momento más contundente la han dado la docencia autoconvocada que superando el bloqueo de la burocracia de ATECA y de la Intersindical (que agrupa a 5 sindicatos docentes) irrumpieron con un movimiento de masas que obligaron al gobierno a tener que dar marcha atrás con algunas medidas de ajuste. Lo mismo ha ocurrido con los trabajadores de la salud y sectores estatales.

La autoconvocatoria y la coordinación como método para abrir paso a una lucha de conjunto por los reclamos que emergen de toda esta política referida al salario, las condiciones de trabajo, las jubilaciones, la defensa del agua y el medio ambiente y de todos los derechos democráticos, ha demostrado que es el camino.

Política Obrera apuesta a este rumbo y por esa vía poner de pie una vanguardia socialista en la provincia.