Tiempo de lectura: 3 minutos
El traslado de los presos de Devoto a Marcos Paz ha sido instrumentado de común acuerdo por los gobiernos de Jorge Macri y Javier Milei como un acto de represión contra la delincuencia. Los pulpos inmobiliarios vienen especulando desde hace años con los efectos de la urbanización de las cinco hectáreas que ocupa la cárcel de Devoto sobre el precio de las propiedades. No fue anunciada ninguna medida de infraestructura de agua y energía para sustentar emprendimientos inmobiliarios de gran porte.
Los 1.500 presos que se encontraban hasta ahora allí hacinados están siendo trasladados por tandas en caravanas fuertemente custodiadas por decenas de vehículos policiales, a 55 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su llegada al nuevo predio penitenciario fue profusamente difundida por las autoridades de ambos gobiernos, esposados y formados de tal modo que recuerdan a los del dictador salvadoreño Nayib Bukele. También serán trasladados a Marcos Paz los presos encerrados en comisarías y alcaidías de la Ciudad.
La construcción del nuevo penal de Marcos Paz y la demolición de Devoto fue acordada entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en 2018. Para los presos y sus familiares, implica un cambio dramático. La nueva cárcel se encuentra retirada en una zona de difícil acceso. A las humillantes prácticas que el Servicio Penitenciario dispensa a los visitantes, ahora se sumará también la lejanía. En el caso de los presos que habían obtenido salidas transitorias, afectará su reinserción y revinculación. La inmensa mayoría de los detenidos son pobres y gran parte de ellos, no tiene condena firme.
La fecha del traslado fue decidida de manera unilateral por Macri y la ministra de Seguridad de Nación, Alejandra Montoliva, haciendo caso omiso a las objeciones presentadas por organizaciones de derechos humanos y por la UBA, en su caso, a raíz de la destrucción del Centro Universitario de Devoto (CUD), fundado en 1985.
El CELS denunció que el traslado se realizó de forma intempestiva y sin aviso previo a las familias de los internos, sus defensores y organismos de control, como prevén los protocolos vigentes desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara a la Argentina en el denominado “Caso López”, justamente por trasladar presos sin evaluar su situación individual ni permitir un control judicial previo. Los protocolos establecen que las personas detenidas, sus allegados, familiares y abogados deben contar con precisiones sobre los tiempos, la modalidad y el destino exacto de cada movimiento, para interponer los reclamos que consideren pertinentes llegado el caso. Entre los presos trasladados, se encuentra Milton Tolomeo, detenido junto a Eneas Gallo durante las protestas contra la ´reforma´ laboral.
En cuanto a los estudiantes privados de su libertad, los funcionarios hicieron caso omiso del estado avanzado del cuatrimestre y del pedido de la UBA de que fueran derivados a Ezeiza, donde funciona otro dispositivo universitario y, además, queda a mitad de camino respecto de Marcos Paz. En cambio, provocativamente, los estudiantes del ex CUD fueron traslados en la primera tanda, antes que el resto. La posibilidad de continuar sus estudios en la nueva sede está, por lo menos, cuestionada. Por lo pronto, nunca estuvo prevista. Lo confirma el hecho de que nunca se selló un nuevo convenio entre la UBA y el Servicio Penitenciario, a pesar de haber mantenido largas conversaciones. Llegado el caso, tampoco está asegurada la llegada de los profesores.
El gobierno de Jorge Macri apañó el reclamo de los vecinos más recalcitrantes del barrio como ariete detrás de una movida inmobiliaria. Devoto es uno de los barrios ascendentes de la Ciudad. Los alrededores de la Plaza Arenales vivieron un cambio sustancial en los últimos años. Con la demolición de la cárcel, los especuladores confían en que el auge inmobiliario podría extenderse a zonas aledañas, por ejemplo, Monte Castro. Se estima que el aumento del precio de las propiedades podría alcanzar entre el 15 y el 50 %. Por otro lado, todavía hoy no hay claridad sobre el destino que tendrán las cinco hectáreas que ocupaba la cárcel. Se habla de un "complejo de viviendas" y espacios verdes, eufemismo de un negociado.
La cárcel de Devoto, como la ESMA, es un testimonio histórico de la violencia del Estado. Fue el lugar de encierro de los presos políticos de las dictaduras de Onganía y Lanusse, liberados el 25 de mayo de 1973 por ´el Devotazo´. Bajo la última dictadura, fue un centro de torturas y también de concentración de presos políticos. Fue el escenario de la Masacre del Pabellón 7°, ocurrida en 1978, en la que murieron un centenar de detenidos, bajo una represión feroz, declarada crimen de lesa humanidad recién en 2014.
