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Durante su paso por Paris, Luis Caputo y Diego Santillo anunciaron el programa "Ciudadanía por Inversión" o "Pasaporte Dorado". Cualquier persona que realice un aporte directo al Tesoro de U$D 350.000 o suscriba un título público de U$D 800.000 creado específicamente para este programa, recibirá la ciudadanía argentina. En la presentación, Caputo lanzó "Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo", aunque por el contrario se encuentra en el fondo de la tabla de inversiones.
Durante su alocución en París, Caputo confesó que la iniciativa surgió luego de un viaje de Milei al centro de esquí de Sun Valley, en el estado de Idaho, residencia de "tecnomillonarios". Fueron estos quienes exhortaron al gobierno liberticida a ponerle precio a la ciudadanía argentina.
La base legal de la "ciudadanía por inversión" se sustenta en el decreto 366/25, publicado en mayo del año pasado, por el que modificó la Ley de Ciudadanía para permitir la naturalización mediante una "inversión relevante", dejando a consideración del Ministerio de Economía qué monto sería "relevante". También se eliminó el tiempo de residencia como factor. Complementariamente, se creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Economía y encargado de diseñar, promocionar y gestionar esos programas. Al mismo tiempo, se elevaron drásticamente los requisitos burocráticos del trámite corriente para obtener la naturalización para extranjeros sin fortuna. Hasta entonces, los modos de obtener la nacionalidad eran dos años de residencia en la Argentina, tener hijos argentinos, practicar la docencia, establecer industrias, servir en las fuerzas armadas, expandir la frontera, pero Milei eliminó casi todos y los reemplazó por uno solo: la inversión ´relevante´ en el país.
Negociado
Junto a este nuevo andamiaje legal, el Ejecutivo también lanzó una licitación internacional para contratar consultoras privadas para emitir hasta 5.000 informes favorables. Estas empresas tendrían la prerrogativa para aprobar las solicitudes.
Los DNU tuvieron un largo periodo de gestación. Estuvieron precedidos por audiencias en la Casa Rosada entre el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y ejecutivos de la firma británica Henley & Partners, que se presenta como la más grande del mundo en el negocio de la "ciudadanía por inversión". Según elDiarioAR, Henley & Partners asesoró al Gobierno durante un año y medio. Luego del anuncio de Caputo y Santilli, desde Henley & Partners publicaron en su cuenta de Instagram que está "lista para comenzar de inmediato el proceso de incorporación de interesados" (elDiarioAR, 7/10). Negocio cerrado. En un segundo posteo sobre el tema ofreció pruebas de su cooperación, con una foto de Steffen y colaboradores en la Casa Rosada, en el que se puede leer que "durante los últimos 18 meses, Henley & Partners mantuvo numerosas reuniones y trabajó con el Gobierno en Buenos Aires. Estamos encantados de ver que nuestras consultas y aportes están dando frutos" (ídem).
En 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea terminó de anular el programa de venta de ciudadanía que Henley & Partners desarrollaba en Malta a cambio de U$D 640.000, por la polémica generada sobre los receptores del "pasaporte dorado". Solo en ese negocio, la firma británica obtuvo una ganancia de U$D 55 millones en comisiones, tanto de quienes se postulaban para obtener la ciudadanía maltesa (y con ello, la libre circulación por Europa). Los negocios de Henley en Malta se terminaron luego de que, en 2017, fuera asesinada la periodista Daphne Caruana Galizia, quien investigaba el negocio de las ciudadanías compradas.
Años antes, Henley se había hecho fuerte en el Caribe. Un informe del Parlamento británico acusó a la firma de financiar campañas políticas en San Cristóbal y Nieves, un microestado que se convirtió en un laboratorio de ensayo de la venta de ciudadanía con bajísimos requisitos. El negocio se expandió por microestados vecinos. En 2022, a partir de documentos internos de Henley, se supo que su empresa había gestionado pasaportes caribeños para empresarios que resultaron luego acusados o condenados por fraude, lavado de dinero y contrabando.
La confirmación por parte de Caputo del proyecto le viene como anillo al dedo a Henley & Partners, que en su página web señala que el pasaporte argentino permite el libre tránsito por 170 países y la posibilidad de extender el beneficio "dorado" en la "tercera economía de América Latina" a la familia del interesado, a cambio de U$D 100.000 por cabeza, o U$D 25.000 si los hijos son menores de 18 años.
A la fecha, los países que ofrecen Citizenship by Investment son Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Austria (que cuenta con un programa muy selectivo y de alta inversión), Malta (mediante el Programa de Inversiones Individuales), Turquía (por medio de inversión inmobiliaria) y, ahora, la Argentina, destinado a inversores significativos. Según Dominic Volek, director de Clientes Privados de Henley & Partners, la "Argentina agrega una nueva dimensión".
La ciudadanía por inversión y el RIGI forman parte de la misma estrategia para atraer al capital interesado en explotar la actividad minera, petrolera y energética. A la estabilidad por décadas que promete el régimen de inversiones, se suma el reaseguro del ´pasaporte dorado´. En el caso de los Peter Thiel, significa luz verde para la instalación de centros de datos en la Patagonia, sin límites a la ´extranjerización de tierras´ en el horizonte.
