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Todo el edificio fascistoide de los Milei y los Macri se sacudió con el parazo de los trabajadores del subte contra las provocaciones judiciales y políticas del gobierno porteño.
Durante una medida de fuerza parcial -una apertura de molinetes-, una patota de la Policía de la Ciudad irrumpió en la estación Juan Manuel de Rosas con la intención de llevarse detenido y hacer comparecer por la fuerza al delegado Sebastián Carrizo, invocando órdenes de la fiscal Celsa Ramírez. Otros dos delegados -Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia- se interpusieron para frenar ese atropello. Resultaron detenidos ellos. Poco después, sin mayor justificación, fue detenido también Néstor Segovia, actual secretario general de AGTSyP.
Los trabajadores respondieron con una huelga maciza, simultánea y en todas las líneas -incluido el Premetro-, sin distinción de afiliación. La burocracia de la UTA -a pesar de que es el único sindicato formalmente reconocido en el subte y monopoliza las negociaciones paritarias- quedó dibujada como un cero a la izquierda. Jorge Macri dobló la apuesta. Desde España, posteó en X "no vamos a aceptar extorsiones mafiosas. El que bloquea un servicio esencial va preso", junto a un video donde se observa a Dellecarbonara mientras es retirado esposado del andén. Simultáneamente, el gobierno porteño conminó a la empresa y a los sindicatos a garantizar el 50 % del servicio, en función de las disposiciones de la "ley de modernización laboral" que declara al transporte de pasajeros servicio "trascendental". Fue la señal para el ingreso en escena de un cuerpo de rompehuelgas, entrenado por la patronal, con el propósito de poner en marcha las formaciones. Los piquetes en las cabeceras lo impidieron. Los trabajadores resistieron en sus puestos de trabajo. La huelga del subte fue un revulsivo para todos los trabajadores de la Ciudad. El servicio recién se normalizó por la tarde, luego de que fueran liberados los tres compañeros.
La liberación de molinetes había sido convocada contra la imposición de descuentos y sanciones arbitrarias que la empresa viene aplicando contra trabajadores y activistas. La fiscal Ramírez -un peón del gobierno Macri- presta respaldo jurídico a esa ofensiva. Su actuación contra los trabajadores del subte precede con mucha antelación a la "contrarreforma laboral" de Milei. Ya en 2018 había impulsado una causa por "asociación ilícita" contra siete compañeros por una huelga, lo que fue rechazado correctamente por el juez de turno. Meses atrás, repitió la acusación, pero ahora ampliada a 180 trabajadores del subte que participaron de protestas por el envenenamiento por asbesto en formaciones y talleres. Pidió, además, que se los separara de sus puestos de trabajo o se les impusiera un chaleco judicial, para impedirles participar de nuevas protestas. La pretensión que persiguen Macri y Ramírez es ilegalizar la organización obrera y disolverla por medios policiales. Pero el subte es un polvorín. La tarifa evoluciona en sentido contrario al deterioro de los salarios. Por esa vía, la patronal embiste contra conquistas históricas del subterráneo, como la jornada de 6 horas, al propiciar las horas extras para redondear un sueldo de supervivencia. Mediante los salarios de hambre también promueve la polifuncionalidad, forzando a los compañeros a tomar otras tareas para acceder a recategorizaciones. Ha reintroducido la tercerización. La ´desabestización´, en cambio, es una promesa largamente incumplida. Los trenes afectados siguen circulando. El celo que a justicia exhibe para perseguir al activismo del subte no lo aplica a la hora de proseguir la denuncia penal que los trabajadores iniciaron contra funcionarios y empresarios por la compra de formaciones contaminadas.
Jorge Macri pretende traccionar su carrera política mimetizándose con la ultraderecha libertaria. La contundente respuesta de los trabajadores del subte marca un rumbo para enfrentar a los gobiernos fascistas de este tipo. Este paro, como las huelgas docentes, han revelado la impotencia del aparato del Estado para imponer las ´prestaciones mínimas´ que exige la contrarreforma laboral votada por el peronismo y la CGT. Pero además pocas huelgas en el subte recogieron un apoyo tan sólido y unánime de la base como la de ayer.
La conclusión es sencilla: cuando la clase obrera reacciona, los fascistas de escritorio tiemblan.
