Tiempo de lectura: 4 minutos
Hoy comenzó el juicio en la causa unificada Hotesur-Los Sauces. Los principales acusados son la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo, actual diputado nacional. También estarán sentados en el banquillo de los acusados Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, ya condenado en la causa Vialidad; y los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, dueños del Grupo Indalo. Entre los delitos que se les atribuyen figuran lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas. En total, suman 32 imputados.
La acusación apunta a que los fondos públicos que recibieron empresarios beneficiados por el kirchnerismo retornaron al patrimonio de la familia Kirchner a través de sus negocios hoteleros e inmobiliarios. En el caso de Báez, se trata del dinero destinado a la obra pública en Santa Cruz. Según la fiscalía, parte de ese dinero volvía a los K mediante el alquiler de habitaciones en su complejo hotelero de El Calafate. En la sentencia dictada en 2022 contra Cristina Fernández, los jueces hicieron expresa referencia a sus vínculos comerciales con Báez, aunque nunca pudieron probar el pago de sobreprecios ni el direccionamiento de las licitaciones. En la causa Vialidad, CFK no fue juzgada ni condenada por enriquecimiento ilícito.
En el caso de López-de Souza -otros empresarios que, al igual que Báez, vieron crecer exponencialmente su patrimonio durante los gobiernos K-, se habrían visto beneficiados de una supuesta retención indebida de impuestos por más de $8.000 millones, que no ingresaron a la AFIP. En este caso, parte de ese dinero habría regresado a la familia Kirchner a través del alquiler de propiedades en Puerto Madero. Dicho esto, en la causa Oil Combustibles, donde se investiga específicamente la maniobra de evasión impositiva, López y De Souza fueron absueltos. El caso se encuentra en manos de la Corte Suprema. El expediente ya lleva un recorrido de una década.
En septiembre pasado, el Tribunal Oral N°5 había dispuesto el desdoblamiento de ambas causas, en virtud de que faltaban completar medidas de prueba en uno de los expedientes. Pero el fiscal Diego Velasco apeló y solicitó su reunificación, al entender que se trataba de un único y mismo delito y que 11 de los acusados figuran en ambas causas. El asunto llegó a la Cámara de Casación. Allí, con el voto de los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, se decidió la reunificación y que se juzgaran en un mismo juicio. En su fallo, el juez Petrone argumentó que "la decisión de separación del trámite de un proceso obstaculiza el avance de la causa hacia la etapa de juicio y, con ello, la posibilidad de que la pretensión punitiva en los términos en que fue promovida por los acusadores obtenga una respuesta jurisdiccional dentro de un plazo razonable". Contra toda la jurisprudencia existente, y sobre todo teniendo en cuenta que no hay presentados particulares damnificados y que no se trata de un delito de sangre sino presuntamente económico, el juez pondera la "pretensión punitiva" por encima de las garantías a los acusados, revocando la decisión del tribunal de primera instancia. No sería extraño que los abogados defensores hagan reserva de presentar un caso federal y pedir, oportunamente, la nulidad del juicio. Desde el kirchnerismo denuncian que "se cambian las fechas de las audiencias para complacer a la querella y acomodar el tiempo procesal al calendario político" (LPO, 20/10).
La causa había sido abierta originalmente solo para investigar las contrataciones irregulares de Hotesur S.A. y, más tarde, se incorporó el expediente Los Sauces para finalmente ordenar su unificación y elevación a juicio en 2019. En el año 2021, el mismo Tribunal Oral Federal N°5, pero con otra composición de jueces, sobreseyó a los acusados. En 2024, la Corte Suprema rechazó ese fallo e intimó a dar inicio al juicio oral que comenzó este viernes 23 de octubre con la primera audiencia.
El principal argumento de la fiscalía es que los alquileres de estas compañías concentran un 86 % de la facturación total de Hotesur y Los Sauces en el período investigado (2008-2016) y para esto toman como base las facturaciones realizadas y los libros contables de las empresas de los Kirchner y los otros implicados. No hizo falta una pesquisa: todos los contratos se encuentran declarados y los pagos, bancarizados. Incluso, según las presentaciones de la defensa, los precios de los alquileres se han mantenido en relación con precios de mercado. Está fuera de discusión que toda la operación inmobiliaria se realizó "en blanco". La existencia de un conglomerado delictivo los fiscales la "deducen" del vínculo de camarilla entre los imputados. Uno de los principales argumentos de la fiscalía, por ejemplo, es que la empresa administradora de los hoteles de la familia Kirchner, Valle Mitre, perteneciente a Lázaro Báez, presentaba deudas por más de 6 millones de pesos mientras continuaba pagando alquileres mensuales por las habitaciones de los dos hoteles de la firma Hotesur S.A. que nadie ocupaba. Los negocios inmobiliarios de los Kirchner comenzaron a gestarse a finales de la dictadura, desde un estudio jurídico, haciendo negocios con la circular 1050, que indexó los créditos hipotecarios de manera exorbitante y obligó a los endeudados a malvender sus propiedades. Seguirían con la compraventa de tierras fiscales en Santa Cruz, adquiridas a precios reducidos y revendidas con ganancias extraordinarias, y otras propiedades adquiridas con créditos concedidos por el Banco de Santa Cruz, entonces en manos de los Eskenazi, que les cobraban intereses equivalentes a los que devengaban sus depósitos en dólares en el mismo banco.
En conclusión, las causas por "corrupción" siguen los vaivenes de ´la política´. Por lo pronto, la mayor condena que recibió CFK hasta ahora no fue su encierro domiciliario por 6 años en San José 1111 sino su inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La Corte, recordemos, dejó firme la sentencia de Vialidad en vísperas del cierre de candidaturas en 2025, apremiada por el calendario electoral.
