Tiempo de lectura: 2 minutos
En medio del proceso de disolución y liquidación de IOSFA, Milei rubricó el DNU 1286/2026 que limita el traspaso de personal a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), fundamentado en “evitar un desequilibrio financiero y presupuestario”.
El 5 de febrero el Gobierno emitió el DNU 88/26, por el cual oficializó la disolución de IOSFA y en su reemplazo dispuso la creación de dos estructuras paralelas: la OSFA, que depende del Ministerio de Defensa, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. La reestructuración, bajo la batuta del ministro de Defensa, el militar Carlos Presti, se impuso debido a la crisis financiera por la que atravesaba IOSFA, generada durante la gestión de su antecesor, el actual diputado libertario Luis Petri. Este fue denunciado por desviar dinero para su campaña electoral de 2025 y por el pago de sobreprecios. En diciembre de 2023 IOSFA, la tercera obra social más grande del país, era superavitaria.
Por el reciente decreto, el gobierno liberticida dispuso que el personal civil no pase automáticamente de IOSFA a OSFA, ni que el traspaso sea de carácter generalizado. Al frente de la nueva obra social se encuentra el general de brigada Pablo Plaza, que se encargará de precisar cuántos trabajadores necesitará.
Fuentes de OSFA señalaron que “el DNU 1286 actualiza el marco legal de la reorganización iniciada en febrero, con el objetivo de construir una obra social financieramente sostenible y garantizar la continuidad y calidad de las prestaciones para la familia militar”. Al día de hoy OSFA cuenta con 325.000 afiliados en todo el país. Por su parte, desde el Poder Ejecutivo justificaron el recorte de personal esgrimiendo que el traslado integral de personal habría generado “un grave desequilibrio financiero, operativo y presupuestario” en la OSFA, en un contexto donde ese organismo tiene vedado destinar más del 8 % de sus recursos a gastos administrativos y de funcionamiento (Infobae, 28/10).
De esta manera, el Gobierno busca hacer frente a los desmanejos financieros, que se tradujeron en reclamos de prestadores, recorte de atención de afiliados y falta de medicamentos, a través del recorte de 1.500 trabajadores de farmacias y hoteles que se encontraban bajo la estructura operativa de IOSFA.
ATE ha dejado trascender una resolución interna de la nueva gestión que tendría en agenda el cierre de las 31 farmacias que dependen de la nueva obra social. En este sentido, se registraron protestas en delegaciones de Mar del Plata, Puerto Belgrano, Santa Fe, San Juan, Córdoba y otras ciudades. En lo que respecta a los hoteles, durante estas semanas hubo reclamos de sectores sindicales para que continúen estos beneficios para los miembros de las FF. AA. Los conflictos más resonantes fueron en Mar del Plata y en Córdoba. Desde OSFA adelantaron que la obra social “se abocará 100 % a las prestaciones médicas” y “no tendrá área de turismo y recreación”, y que los hoteles y centros recreativos volverán a estar en manos de las FF. AA. El Ministerio de Defensa, en conjunto con cada Fuerza Armada, definirá qué hacer con cada uno de los establecimientos turísticos, quedando por fuera de la órbita de OSFA.
El proceso de transición aún no ha resuelto quién se hará cargo de la deuda contraída por la pandilla libertaria, que en principio tiene a los trabajadores de hoteles y farmacias como “pato de la boda”.
