Escribe Agustín Fernández
El capital sojero y los candidatos del RIGI, los beneficiarios.
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El gobierno provincial envió esta semana el proyecto del presupuesto 2027 a la legislatura para que comience a ser discutido por el Senado. La norma parte de las mismas variables que Milei incluyó en el presupuesto nacional, es decir proyectando una inflación del orden del 21%, un aumento de la actividad económica del 4% y un dólar a finales de 2027 de $1.847.
De ahí se desprende que la provincia alcanzaría un balance superavitario del orden de 900 millones de pesos, lo cual representa tan solo el 0,005% de la diferencia entre el ingreso y los egresos estimados. Recordemos que, desde 2025, el mentado “equilibrio fiscal” se encuentra regulado como un mandato constitucional.
En el desglose de gastos se pueden advertir un retaceo de las áreas de salud, educación y los destinados a la asistencia social (principalmente, a la compra de alimentos e insumos básicos para familias en situación de extrema vulnerabilidad).
Se manifiesta un aumento de la partida (16,9%) por debajo de la inflación proyectada para el año entrante (21,1%). Esto repercute en la prestación de los servicios de salud públicos, en un contexto en el que la desatención y quiebra de obras sociales ha devenido en una mayor demanda sobre la salud pública. El rubro medicamentos también se verá afectado por este recorte, ya que su actualización sería tan solo del 8%. Si la desfinanciación del PAMI, la licuación del ANDIS y las prestaciones por discapacidad no eran suficientes, la provincia no se presenta para cubrir esos espacios.
En la provincia todavía está vigente el Boleto Educativo Gratuito. Para el periodo entrante se visualiza una disminución de casi el 10% de los fondos destinados a financiarlo, que deberían cubrir al menos dos pasajes urbanos diarios de estudiantes secundarios, terciarios, docentes y no docentes de la escuela pública. Por otro lado, tampoco se modifica la partida destinada al llamado "Programa 1.000 aulas", que compone una reserva para mejoras edilicias inmediatas del sistema educativo.
Uno de los caballos de batalla del gobierno de Pullaro ha sido y sigue siendo la campaña de obras públicas, reclamadas por los capitalistas de la provincia. En ese sentido se ha delimitado del gobierno libertario, que ha cortado todo tipo de inversión. Sobre este rubro también se advierte una actualización de partidas por debajo de la inflación.
Por el contrario, los recursos que se destinarán a estos dos frentes son cuantiosos. El gobierno pretende profundizar su política ultra represiva mediante la contratación de IA destinada a la identificación de presuntos delincuentes junto a una mayor dotación de “herramientas de trabajo” para la policía. Entre ellas, nuevas dependencias, mayores patrulleros, pistolas Taser, entre otros. Forma parte de una segunda etapa en la llamada "lucha contra el narcotráfico", que tiene como antecedentes el Plan Bandera en Rosario realizado en forma conjunta con el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando Patricia Bullrich era su titular. Si asociamos esta erogación, que de 2026 a 2027 se triplica, se advierte el desmesurado interés de Pullaro en esto. Visto de conjunto, explica también las reformas antidemocráticas que pretende sacar para fin de año donde promueve los interrogatorios policías, el estado de sitio barrial, las condenas sin juicio previo, entre otras iniciativas que socavan el estado de derecho.
En la misma sintonía, los gastos para la construcción de acueductos, gasoductos, vialidad, entre otras, junto a la conformación de un Fondo de Infraestructura Agropecuaria Santafesina, son exorbitantes en contraste con los puntos anteriores. Esto tiene correlato con la exposición del propio Pullaro en la ronda de discusiones sobre el RIGI, que sucedió la semana pasada, donde propone la integración de las Pymes santafesinas en las cadenas de valor que integren la minería y el petróleo. El traslado para la exportación de estos requiere de puertos adaptados a esas necesidades.
No obstante, el discurso oficial, lo cierto es que luego de año tras año de ajuste presupuestario, la provincia de Santa Fe escala en el ranking segunda en el podio del déficit (Rosario 12, 21/10). Para el año próximo, el ítem referido al pago de obligaciones financieras asciende en un 56%. Se empiezan a sentir los prestamos adjudicados del presente mandato. Entre ellos, un empréstito de 800 millones de dólares a una tasa de 8% anual (que representa el doble de los intereses de referencia). El gobierno ya comunicó que la ley tributaria no aumentará la presión impositiva, por lo tanto, los recursos seguirán siendo retaceados mediante una mayor confiscación de salarios, jubilaciones y del propio financiamiento de la obra social de la provincia (IAPOS).
En este último rubro, la actualización salarial proyecta un 10% por sobre la inflación oficial. De alguna manera configura una suerte de reaseguro muy limitado ante una escalada inflacionaria. Lo cierto es que no existe ningún tipo de recomposición frente a la devaluación del inicio del mandato de Milei, perpetuando una pérdida del salario real. La provincia festeja que disminuyó en un 1,8% el déficit de la Caja en desmedro de sus pasivos, frente a la masacre social que esto significa.
La hoja de ruta es clara: la destrucción del salario tiene su correlato en el Estado que subsidia indirectamente a los ¿futuros? grandes inversores del RIGI y al capital exportador. Si tiene la solvencia económica y política para hacerlo, lo dirá el desenvolvimiento de la crisis.
Santa Fe: Pullaro impulsa una agenda ultrarrepresiva Abajo el Estado policial. Por Agustín Fernández, 29/10/2026.

