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Lejos de frenar la pederastia institucional que devasta a las infancias, la visita del papa León XIV a la Argentina exhibe de cuerpo entero a todo el arco de partidos patronales, que se desesperan por figurar con el papa, dándole la espalda a una realidad inocultable: la jerarquía eclesiástica y los distintos gobiernos encubren sistemáticamente los crímenes aberrantes, violaciones y abusos, cometidos contra los niños. A través de la mediación judicial, la preservación de privilegios financieros y la cobertura política, el estado burgués interviene activamente para blindar a la Iglesia de las consecuencias penales y económicas de sus actos, chocando con la denuncia permanente de organizaciones de víctimas, como Iglesias sin Abusos —surgida de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico— y los colectivos de víctimas del Instituto Próvolo, que exigen juicio y castigo efectivo a los abusadores, apertura irrestricta de los archivos secretos y el cese de todo encubrimiento estatal.
Mientras el gobierno de Javier Milei ataca las libertades democráticas y desmantela la Educación Sexual Integral (ESI) acusando cobarde y falsamente a las identidades LGTBIQ+ de atentar contra las infancias, guarda un absoluto y cómplice silencio sobre las redes de abuso que operan en el seno de la institución clerical. Para sostener ese andamiaje, el estado burgués le garantiza a la Iglesia su principal fuente de financiamiento a través de los multimillonarios subsidios a la educación privada confesional —que abarca al 70% de las escuelas privadas subvencionadas—, destinando, por ejemplo, entre el 15% y el 20% de los presupuestos educativos provinciales y de CABA a pagar los sueldos docentes eximiendo de esta carga a la Iglesia. Este entramado de impunidad presupuestaria ha sido el escenario de gravísimos delitos, como los abusos sistemáticos a niños sordos en el Instituto Próvolo de Mendoza bajo un riguroso blindaje directivo y judicial, o las decenas de denuncias en colegios religiosos saldadas con el silencio institucional y el traslado impune de los sacerdotes.
Lejos de constituir una novedad de la ultraderecha, la subordinación política al Vaticano encuentra en todo el arco del Partido Justicialista a su pilar histórico más fiel. Desde la derecha peronista tradicional hasta el kirchnerismo y Juan Grabois, todo el espectro del PJ ha tejido un vínculo inquebrantable con Jorge Bergoglio, erigiéndose en el principal sostén político de la jerarquía eclesiástica en el país. Los gobiernos peronistas también han garantizado el flujo ininterrumpido de fondos públicos y han bloqueado cualquier debate real por la separación de la Iglesia y el Estado, utilizando al clero y a sus aparatos territoriales como agentes de contención y control social den las barriadas.
Este salvataje estatal opera a escala internacional para blindar el patrimonio de la Iglesia frente al colapso de su reputación.
El gobierno español de Pedro Sánchez montó un operativo de rescate a medida de la Iglesia: el aparato estatal creó comisiones y estructuras burocráticas para organizar expedientes, centralizar la recepción de los casos y proveer arbitraje legal, mientras la administración pública otorgó exenciones impositivas y canalizó fondos públicos para actuar como un amortiguador financiero que salvó a la institución de la quiebra, negándose terminantemente a expropiar e incautar el vasto patrimonio inmobiliario y financiero de las diócesis y congregaciones abusadoras.
Por su parte, el Vaticano aplicó el mismo encubrimiento en México al proteger a los Legionarios de Cristo y a Marcial Maciel mediante el traslado sistemático de jurisdicción y el uso estricto del secreto pontificio, mientras los distintos gobiernos mexicanos blindaron y encubrieron a la red clerical. El gobierno actual de Claudia Sheinbaum tampoco removió los privilegios y la impunidad de la jerarquía católica. Del mismo modo, en Estados Unidos, tanto con demócratas o republicanas, más de 30 diócesis —incluyendo las de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco— recurrieron cínicamente al Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota para congelar miles de demandas civiles de las víctimas, ocultando miles de millones de dólares en inmuebles y activos con la complicidad y el aval del sistema judicial y político estadounidense para proteger su imperio económico y evitar la compensación real a los damnificados.
La Iglesia opera como el "partido universal del capitalismo", introduciéndose en los hogares para asfixiar las libertades sexuales, oprimir a las mujeres y atentar brutalmente contra las infancias. El celibato obligatorio y la represión sexual sistemática son instrumentos con los que la Iglesia busca regimentar y torturar psicológicamente la vida de las personas para someterlas al orden de la explotación y operan como un factor indiscutible de abusos infantiles.
Frente a este régimen de opresión e impunidad sostenido por todos los gobiernos y el estado burgués, los socialistas luchamos por la separación efectiva de la Iglesia y el Estado, el cese de todo subsidio a la educación confesional y la apertura de los archivos eclesiásticos para la expropiación del patrimonio clerical en función de una reparación integral a las víctimas.
