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León XIV visita la Argentina con una Iglesia atravesada por denuncias y condenas por abusos sexuales cometidos por obispos, sacerdotes y miembros de congregaciones religiosas. La crisis compromete también a las autoridades que recibieron denuncias, trasladaron a los acusados, ocultaron información y obstaculizaron la intervención de la Justicia.
Su antecesor, Jorge Bergoglio, anunció medidas para combatir la impunidad de los abusos sexuales contra niños y adolescentes dentro de la Iglesia, una pesada mochila de la que el Vaticano es incapaz de deshacerse. Las aberraciones cometidas en el marco de la institución, especialmente contra niños y adolescentes, insumieron centenares de millones de dólares en arreglos extrajudiciales e indemnizaciones. El asunto colocó a la Iglesia en una de las peores crisis de su historia milenaria. Las reformas propiciadas por Francisco, entre las cuales nunca figuraron la apertura pública de los archivos eclesiásticos ni garantizaron que las denuncias fueran trasladadas a la Justicia civil, apenas postergaron o apaciguaron su difusión mediática. El problema se trasladó, por el imperio de los hechos, a manos de su sucesor.
León XIV adoptó la vía de reunirse con víctimas durante sus viajes internacionales. Los encuentros buscan mostrar "una Iglesia que escucha", pero no cesan los delitos ni la responsabilidad de las jerarquías que los encubren.
En junio, durante su visita a Madrid, se reunió con seis víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero. El encuentro fue cuestionado por asociaciones de víctimas, que denunciaron haber sido excluidas de la convocatoria. El Papa escuchó sus testimonios y recibió propuestas, pero no anunció nuevas medidas para investigar o sancionar a las autoridades responsables.
En septiembre, en Lourdes, Francia, León XIV mantuvo otro encuentro privado con siete víctimas. Ante los obispos franceses reclamó máxima vigilancia y elogió las medidas adoptadas por la Conferencia Episcopal. Sin embargo, estas medidas no resuelven la responsabilidad penal de las jerarquías ni el problema del encubrimiento.
Para su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, el Vaticano anunció también nuevos encuentros con víctimas, sin precisar públicamente quiénes ni cuántas personas serán recibidas ni en qué países. Pero el sólo anuncio de estas reuniones muestra que los abusos siguen siendo un problema que la Iglesia no ha podido cerrar.
El Vaticano mantiene bajo reserva documentación y antecedentes sobre estos casos. La investigación y el juzgamiento siguen quedando subordinados a los procedimientos internos de la institución.
En Argentina, un caso que expone esto es el de 43 mujeres que fueron numerarias auxiliares del Opus Dei. Denuncian que fueron captadas cuando eran adolescentes, con promesas de educación y formación, y que terminaron sometidas durante años a un régimen de trabajo doméstico sin salario, servidumbre y maltrato físico y psicológico. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la fiscalía federal solicitaron que cinco exautoridades de la organización fueran llamadas a declaración indagatoria. Sin embargo, el juez todavía no concretó esas citaciones. En septiembre de 2026, la Cámara de Casación confirmó la prescripción de tres casos individuales. Las denunciantes solicitaron una audiencia con León XIV durante su visita a la Argentina, pero no hay confirmación de que fueran recibidas. El Opus Dei es una congregación que reúne un lobby política y económicamente poderoso.
Estos hechos se suman a un relevamiento histórico de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, que contabilizó más de 148 personas con cargos religiosos o vinculadas a instituciones religiosas denunciadas por abusos desde 1970 hasta 2022. En 2023 se informaba que solo 31 de esas personas habían recibido condena.
Los casos exponen relaciones de poder sostenidas por el ocultamiento, la protección institucional y la impunidad. Frente a estos crímenes y a la complicidad de las estructuras estatales, es necesaria la lucha por la separación de la Iglesia y el Estado.
