La lucha de los residentes revela una crisis de fondo del sistema sanitario

Plantea una huelga general de la salud para conquistar un salario mínimo de 3 millones.

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La lucha de los residentes está sacando a la luz el derrumbe de los salarios y la precarización laboral que afectan a todos los trabajadores de la salud, sin distinción. Las jornadas extenuantes por salarios miserables son comunes a residentes y becarios de todas las jurisdicciones, como así también entre los médicos del PAMI, los acompañantes terapéuticos o los prestadores de discapacidad. Es lo que fuerza al pluriempleo de la planta profesional, obligada a circular entre hospitales públicos, obras sociales, prepagas, clínicas y consultorios privados, para alcanzar un ingreso que permita costear mínimamente sus condiciones de vida. Los residentes están poniendo de manifiesto un problema que excede ampliamente a su propio sector. Sus reclamos y sus métodos de organización plantean la necesidad de superar la fragmentación que atraviesa a los trabajadores de la salud y abrir una perspectiva de lucha común frente una crisis vertebral del sistema sanitario.

Una reforma drástica contra el hospital público

En la degradación del trabajador de la salud se ponen en juego cuestiones políticas de fondo. El gobierno de Milei se encuentra en jaque porque a pesar de todos los ajustes ejecutados no logra reunir los fondos para cubrir los vencimientos de deuda del año 2027. Para el capital financiero, el sistema sanitario es un gasto rígido, que debe ser modificado sustancialmente mediante una reforma de características estructurales mucho más severa que la producida hasta el momento.

En nuestro país, cada vez más trabajadores pierden la cobertura de sus obras sociales, dejan de pagar las prepagas o tienen enormes dificultades para sostener sus cuotas. El retroceso generalizado de los salarios amenaza el financiamiento del sistema sanitario. Las obras sociales, vaciadas, han quedado como apéndices de la medicina privada. Esta situación impacta directamente sobre el negocio capitalista de la salud, que enfrenta una contradicción: por un lado, ve incrementarse la presión por el gasto en medicamentos, equipamiento, aparatología y prestaciones; por el otro, se encuentra una población con cada vez menores condiciones para pagar esos servicios.

La salud pública aparece, en este escenario, como un sostén de última instancia. Sus hospitales y centros de salud terminan absorbiendo la demanda que obras sociales y prepagas dejan de atender. En este sentido, opera como una competencia y como una red de contención para la población, a la que el negocio capitalista de la salud exige liquidar. La reforma de la salud apunta a quebrar ese respaldo a través de un vaciamiento final del hospital público, que facilite a su turno un recorte general del acceso a la atención en salud. Esta reducción de las prestaciones (PMO) es un reclamo que unifica a empresarios de la salud con los burócratas sindicales a cargo de las obras sociales.

Es lo que Milei ya puso en marcha con la amputación del Plan Remediar, el cierre de programas y residencias y el ataque a hospitales como el Garrahan y el Bonaparte. La reforma incluye también una reducción de costos a través de la virtualización de la atención, como ya se habilita en la modificación reaccionaria de la Ley de Salud Mental, con el propósito de proceder a internaciones involuntarias que podrán ser dispuestas por jueces y policías con la asistencia de un médico “a distancia”. Forzar internaciones en hospitales largamente colapsados es la respuesta oficial frente al incremento generalizado del padecimiento subjetivo.

Jorge Macri añadió a estas medidas una clausura de la atención en hospitales porteños para la población migrante y aquella que trabaja en la ciudad, pero vive en el Gran Buenos Aires. El gobernador Kicillof replica estos recortes ejecutando sus propios ajustes en el IOMA y enfrenta la movilización de residentes y becarios ultra-precarizados. El carácter mundial de estas reformas se expresa en grandes rebeliones de médicos en España, Inglaterra o México. Adquirió un rostro propio en la figura de Kennedy Jr., el secretario anti-vacunas del gobierno de Trump.

La discusión sobre la reforma de la salud no se limita a una cuestión presupuestaria. Los avances de la medicina han permitido extender la esperanza de vida de la población, mientras el régimen social se encarga de socavar cada vez más las condiciones materiales de existencia. El capitalismo en decadencia asimila el aumento de la esperanza de vida como una tragedia, a cuyos costos pretende responder con la destrucción de las jubilaciones y del sistema sanitario. La incompatibilidad entre el capitalismo decadente y el acceso irrestricto a la salud plantea el desafío de desarrollar una corriente socialista y clasista entre los trabajadores de la salud.

La lucha autoconvocada ante la postración de las burocracias sindicales

Esta contrarreforma de la salud plantea como necesidad librar una lucha a fondo en defensa del salario y las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Las burocracias que dirigen los sindicatos de la salud se encuentran complemente amoldadas al status qúo del sistema, del cual operan como comisionistas. De UPCN y ATE a SUTECBA y Médicos Municipales en CABA, la CICOP bonaerense o la FATSA de privados, el común denominador es la convalidación sistemática de paritarias a la baja y de la destrucción de las condiciones laborales.

En esto consiste la gran contribución que están haciendo los residentes con su lucha, poniendo en marcha asambleas, paros y movilizaciones que por este motivo cobran un carácter auto-convocado. La profundidad de su pelea, que se propone recomponer el salario del trabajador de la salud al nivel de la canasta familiar, plantea la necesidad de una huelga general de la salud. La conquista de un salario mínimo de 3 millones, por una jornada laboral de 6 horas, implicaría un golpe a la contrarreforma del gobierno y un principio de reconstitución del sistema de salud.

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