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Este domingo, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva realizó su primera cadena nacional después de haber ganado un cuarto mandato presidencial, que comenzará en enero próximo. El discurso era esperado: el debate político se ha concentrado sobre las posibilidades de Lula para conciliar lo que en otros discursos ha señalado como la necesidad de establecer una “economía ordenada”, y que “el pobre no pagará la cuenta” (La Nación, 07/11). El gobierno de la petista Dilma Rousseff en 2015 llevó un ajuste contra las masas brasileñas, que fue popularmente señalado como “estelionato eleitoral” (estafa electoral) (Ídem).
Luego de ratificar la creación de un Ministerio de Seguridad para “retomar el control de los territorios ocupados por el crimen organizado” (Clarín, 09/10), el presidente reelecto se refirió al peso de la deuda pública, que se eleva al 82,9 % del PBI, y a las altas tasas de interés. Anticipó que su principal objetivo será elevar la tasa de inversión por arriba del 20 % del PBI en alianza con el capital privado, para desde allí “crear las condiciones” para bajar la tasa básica, Selic, considerada la más alta del mundo (La Nación, 07/11). De este modo, Lula delinea una hoja de ruta para llevar adelante un ajuste en Brasil, sin mayores precisiones.
El Estado tiene más de la mitad de su deuda pública en bonos de corto plazo. El déficit de casi el 9 % del PBI está totalmente conformado por los servicios de deuda y se fagocita cualquier superávit primario que se busque. El sistema financiero brasileño es una pesada losa sobre el Estado y las masas, y una bomba de tiempo.
Crisis de la coalición lulista
Los rumores sobre una posible reunión del presidente con el banquero André Lara Resende, autor del “plan Real” en 1994, convocado en 2022 por la coalición lulista para diseñar la “transición” con el gobierno de Jair Bolsonaro, propone un plan de reducción escalonado de la Selic al 7,5 %, un poco más de la mitad de su valor actual, bajo una suerte de plan quinquenal controlado por un comité de política fiscal y monetaria.
Una ola de críticas del “mercado” al planteo de Resende ha dejado planteada de inmediato una devaluación, una mayor inflación y una fuga de capitales (Folha do Sao Paulo. 03/11). Se acusa al plan como un intento de quebrar la “autonomía” del Banco Central. Este debate ha hecho mella también interiormente en el Frente Brasil Popular. Para tranquilizar a los mercados, el actual ministro de Hacienda, Dario Durigan, declaró a la Folha (02/11) que “no hay una fórmula mágica”. Según La Nación (07/11), Durigan propone “endurecer los congelamientos del gasto, apuntar al centro de la meta fiscal, gravar inversiones hoy exentas y recortar supersalarios del Poder Judicial”. Durigan y el ministro de Planificación de Lula se reunieron con Davi Alcolumbre y representantes del gran capital, para discutir una ley paralela al presupuesto 2027 que impone un ajuste de 70.000 millones de reales con respecto al periodo 2026, más una cláusula gatillo para cancelar un gasto presupuestario de 12.800 millones de reales a fin de cumplir las metas fiscales (Jornal do Comercio, 11/11). La determinación de cuáles serían las partidas afectadas quedaría en manos del Ejecutivo.
Mientras este debate se desarrolla, el presidente Lula ha iniciado una ronda de viajes al exterior, al cual intentó sumar a su comitiva de ministros a los presidentes de ambas cámaras del Congreso brasileño, pertenecientes a diferentes partidos del Centrão. Tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, de Republicanos-PB, como el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, de União Brasil-A, se excusaron de participar en la gira en nombre de sus agendas parlamentarias (Folha do Sao Paulo, 09/11). El presidente brasileño ya ha anunciado que quiere un gabinete con 40 ministerios, 2 más que el actual, en los que busca incorporar a nuevos sectores derechistas a su gobierno. Una de estas nuevas carteras sería el mentado Ministerio de Seguridad nacional y la creación de policías municipales.
Lula ha dejado de considerar una “babaquice (pavada) la búsqueda de superávit fiscal” (La Nación, 07/11) para pasar a defender el planteo de orden fiscal. Para ello deberá saldar primero el debate interno de su gobierno. Lo que está ausente en este debate es la agenda reivindicativa de la clase obrera. La última reunión del Comité de Política Monetaria (COPOM) ha anunciado una mayor inflación y una mayor desaceleración económica de cara al 2027, justificadas por la guerra internacional, la corriente de El Niño, la aplicación de la jornada laboral de 6x1 y una mayor apreciación de dólar estadounidense (Folha do Sao Paulo, 10/11).
