Huelga general en España: la irrupción de la clase obrera en la crisis de régimen

La jornada de huelga general del 11 de noviembre ha marcado una irrupción decisiva de la clase trabajadora y la juventud de España. La huelga del 11-N puso en evidencia la confluencia de las luchas obreras, estudiantiles y populares desde abajo, desbordando los diques de contención del régimen y de la burocracia de los sindicatos. Reclamada de inmediato por parte del sindicato de inquilinos, los aparatos sindicales la postergaron un mes y la redujeron a un día.

Las primeras horas de la madrugada manifestaron la acción directa de los piquetes y comités de huelga. El paro golpeó en los motores de la producción, los servicios del Estado y la logística.

Huelga y piquetes

En el comercio mayorista Mercamadrid, cerca de un millar de activistas y trabajadores bloquearon los accesos principales desafiando la represión de la Policía Nacional. Acciones equivalentes paralizaron la actividad nocturna en Mercabarna, Mercasevilla y Mercavalencia, cortando el ingreso de vehículos de carga. La huelga paralizó también el Almacén Central de Zara en Galicia, las plantas frigoríficas de Pescanova (Pontevedra) con un acatamiento del 85 %, e instalaciones de Cofano. En el sector minorista y agroalimentario, piquetes y plataformas populares frenaron la distribución e interrumpieron el paso de mercancías forzando el cierre de múltiples establecimientos de Supermercados Día en Extremadura y otras cadenas urbanas.

Los comités apostados en las plantas automotrices Seat Martorell y Stellantis Zaragoza detuvieron la producción y los cambios de turno. El paro se extendió a plantas clave como Ficosa (Viladecavalls), el complejo petroquímico de Repsol (Tarragona), Nestlé (Girona), Grifols (Parets del Vallès) y los astilleros navales de Navantia en Ferrol.

El paro en la enseñanza tuvo picos que rozaron el vaciamiento total en los institutos públicos y claustros universitarios. Desde primera hora, piquetes de docentes y estudiantes bloquearon los accesos a los campus y centros escolares, uniendo el rechazo al colapso de la educación pública con la lucha por el acceso a la vivienda para la juventud.

Los hospitales funcionaron con servicios mínimos decretados por las administraciones autonómicas y el Estado para desactivar el paro; la adhesión en los centros sanitarios alcanzó un estimado del 38 %, superando el 70 % en áreas de atención primaria y servicios sociosanitarios de Madrid. El personal sanitario denunció en las puertas de los hospitales el colapso del sistema, las listas de espera interminables y salarios golpeados por la inflación.

En las dependencias del Estado y administraciones autonómicas, la huelga se tradujo en una parálisis masiva de mostradores, registros y atención al público. Edificios oficiales desiertos en los centros urbanos atestiguaron la adhesión de los trabajadores estatales contra el deterioro salarial y el ajuste continuo.

Las cocheras de autobuses en Valladolid y de limpieza en El Prado (Mérida) amanecieron custodiadas por trabajadores, obligando al Estado a desplegar fuerzas de seguridad para imponer servicios mínimos. En los puertos estratégicos de Barcelona, Valencia y Algeciras, la acción de los estibadores frenó en seco la carga pesada. En el transporte ferroviario, la huelga dejó un 24 % de los trenes cancelados a nivel estatal y mañana sigue su huelga.

La huelga también incidió en el sector turístico. Piquetes informativos desplegados en Granada paralizaron los accesos a La Alhambra desde primera hora, impidiendo el ingreso de empleados y visitantes hasta la intervención policial a media mañana.

Esta dinámica demostró que el método histórico de la clase obrera conserva toda su efectividad cuando es tomado en forma directa.

La huelga tuvo una expresión territorial que se extendió por más de cien ciudades de todo el Estado español, según el Sindicato de Inquilinas, que informó también de la constitución de 1.130 comités de huelga en los barrios. La jornada mostró una extensión territorial que desbordó las grandes capitales y articuló el conflicto por los salarios y la vivienda con las reivindicaciones obreras y populares en barrios y ciudades de todo el país.

La guerra de cifras y el sabotaje de la patronal

Mientras las plataformas de inquilinos, colectivos de base y sindicatos convocantes cifraron la adhesión en 4 millones de huelguistas, la patronal madrileña (CEIM) descalificó la medida sosteniendo que había tenido un bajo acatamiento.

Los informes del BBVA Research -reproducidos por diarios como El Mundo- pretendieron reducir la huelga a una pérdida económica neta de 1.700 millones de euros (equivalente a restar un 37 % de la producción de una jornada promedio de 4.600 millones). Argumentaron que la extensión del teletrabajo, el menor peso de la industria y el consumo energético (caída del 7,5 % frente al 15 % registrado en la huelga de hace 14 años) amortiguaron el paro.

No se trata de un simple debate técnico: pretenden ocultar que el impacto de una huelga general se mide en su peso político como factor de desorganización del dominio burgués y como catalizador de la conciencia de clase. Buscan mantener a flote el relato de la desaparición de la lucha de clases.

La huelga general -la primera que vive España en 14 años- fue severamente atacada por la derecha del PP y VOX. "Si no hicieron paro en 8 años, no lo hagan ahora", bramaron. España tendrá elecciones el próximo 27 de noviembre para formar nuevo gobierno, tras la disolución de las cámaras por parte de Pedro Sánchez al perder el apoyo a su plan de vivienda, de Juntxs, el partido de la burguesía catalana. La derecha es amplia favorita en las encuestas electorales.

El gobierno centroizquierdista se ha lanzado a un audaz operativo para capitalizar el descontento popular, cuando ha gobernado durante dos mandatos consecutivos. Ante sus narices fue que el precio de los alquileres y el costo de vida general se dispararon por las nubes. El antagonismo aparente entre la urna y la acción directa se topará con una agudización de la lucha de clases y la crisis política.

Pliegos en pugna

Las cúpulas sindicales de la UGT y CCOO presentan un planteo desarmado y servil en el marco institucional pactado con el gobierno "progresista" y la CEOE. Sus reclamos se reducen a una vaga apelación a la "indexación salarial" -convalidando la pérdida actual del salario real que lleva ya cinco años como mínimo- y al "cumplimiento del diálogo social".

Mientras que las exigencias del movimiento de inquilinos son: “bajada obligatoria del 50 % de los alquileres por ley”, la “expropiación sin indemnización de las viviendas en manos de fondos buitre y la banca”, la “prohibición absoluta de los desahucios” y la “disolución de las bandas de desokupación”, la burocracia de CCOO y UGT opera como agente de contención para atar los salarios a los dictados de la OTAN y los presupuestos de guerra de la Unión Europea.

En el plano político, el gobierno "progresista" del Pose-Sumar enfrenta un desgaste agudo. Afectado por las masivas movilizaciones de la población golpeada por el desastre inmobiliario y por la acusación del acampe y las marchas de inquilinos al Ejecutivo como garante del negocio especulativo, Sánchez busca convertirlas en respaldo a su gobierno contra la amenazante "derecha y la extrema derecha". Insta a "defender los derechos frente al fascismo", para evitar la expropiación de los monopolios inmobiliarios y los grandes bancos.

Por su parte, la derecha del PP y la ultraderecha de Vox exigen una mayor represión contra los piquetes y criminalizar el derecho a huelga.

El 11-N agrieta el régimen español de la monarquía parlamentaria. La huelga desborda el diálogo social de CCOO y UGT con el Gobierno, enfrenta las necesidades elementales de los trabajadores con los intereses de la banca, las grandes empresas y los fondos de inversión, y cuestiona el chantaje del mal menor con el que Sánchez pretende subordinarlos a su gobierno frente a la derecha y la ultraderecha. La jornada expresa así una tendencia, un proceso hacia la acción independiente de la clase obrera.

Por la formación de comités de acción para preparar una huelga indefinida con piquetes y ocupaciones de fábrica, para imponer reivindicaciones votadas en asambleas y terminar con la monarquía de la banca y la guerra imperialista.

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11 de noviembre: huelga general en España Convergencia de conflictos obreros. Por Silvia Jayo, 10/11/2026.