Escribe Aldana González
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En Bangladesh continúa la huelga de trabajadores textiles, pese al supuesto acuerdo salarial al que se había llegado con el gobierno. Los sindicatos reclaman un salario mínimo -miserable- de 260 dólares, el cual implica un incremento de más del 100 %, ya que el salario mínimo actual no supera los 100 dólares y se encuentra congelado desde 2023. El gobierno había anunciado la formación de un consejo salarial para revisar las demandas de los trabajadores tras una reunión de gabinete de emergencia el 31 de octubre. El "gran compromiso" del consejo salarial fue anunciar en diciembre de 2026 la nueva escala que regirá en 2027, ¡pero sin asegurar ninguna cifra! Por eso, aunque muchos trabajadores retomaron tareas, otros siguen en huelga. 146 fábricas volvieron a suspender la producción porque muchos trabajadores entraron a los establecimientos, pero se negaron a trabajar. El movimiento se inició con casi un millón de trabajadores que se declararon en huelga y salieron a las calles y cortaron el paso en importantes rutas.
La industria de la confección es el pilar del sector exportador de este país asiático, generando 39.000 millones de dólares en ingresos anuales. Este sector representa el 80 % de las exportaciones totales de Bangladesh, emplea a casi 4 millones de trabajadores y contribuye aproximadamente con el 10 % al PBI. El país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en exportaciones de prendas de vestir, sólo superado por China, y funciona como el taller de las grandes marcas internacionales. Una buena parte de la producción se realiza a través de fábricas subcontratadas y pequeños talleres clandestinos. La Unión Europea es el mayor mercado de exportación de Bangladesh, representando casi la mitad de los envíos del país, seguida de Estados Unidos.
Bangladesh sostiene su gran industria textil sobre la base de salarios ínfimos. El aumento del costo de vida, consecuencia de la guerra en Medio Oriente, es el motor del conflicto. La tasa de inflación anual de Bangladesh aumentó al 8,34 % en septiembre, su nivel más alto desde junio. Los trabajadores ya no tienen margen para soportar ni subsistir. Las cuentas de luz se duplicaron desde junio. Esto en un país que no tiene salud pública y en el que atender una enfermedad común puede costar 200 dólares. Las mujeres embarazadas tienen por ley derecho a 120 días de licencia, pero en general son despedidas. Cuando no, suelen renunciar ante la imposibilidad de resolver el cuidado de los menores. El 80 % de la fuerza de trabajo está en negro, por lo que las jornadas se pueden extender hasta 14 horas diarias. Son condiciones laborales del siglo XIX.
Las patronales habían respondido con el cierre de cerca de 500 fábricas y las grandes marcas europeas que dependen de esta mano de obra barata están planificando diversificar sus proveedores y trasladar la producción a Vietnam, Pakistán y Camboya. Esta huelga está obstruyendo el lanzamiento de la temporada de primavera-verano en el hemisferio norte.
El escenario de Bangladesh se replica en todo el sur y el sudoeste de Asia, impulsado por una combinación de descontento juvenil, aumento en el costo de vida, inflación por los combustibles y garantías democráticas. En Indonesia, Sri Lanka, y la India se han sucedido huelgas y movilizaciones durante este año.
En Bangladesh, los jóvenes emprendieron un proceso de rebelión durante 2024 y 2025 que se llevó puesto al gobierno. La Liga Awami había gobernado durante 15 años a fuerza de fraude, desaparición de personas y cárcel para los opositores. En 2024, los estudiantes universitarios empezaron a reclamar contra los cupos laborales de empleo público reservados para allegados al gobierno. La represión asesinó a cientos de manifestantes y transformó al movimiento en una rebelión contra el gobierno. Ante la falta de respaldo militar para redoblar la represión, la primera ministra Sheikh Hasina huyó en helicóptero hacia la India. El principal partido de la oposición ganó las elecciones de este año, pero no ha podido frenar el proceso abierto. Mucho menos cuando no ha respondido a ninguna reivindicación material. El gobierno actual, dirigido por el Partido Nacionalista de Bangladesh, se ha centrado en perseguir a los funcionarios y militantes del gobierno anterior. Muchos están con prisión preventiva desde hace dos años. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian la implementación generalizada de la ley antiterrorista y la práctica de incluir sin pruebas a cientos de personas en causas penales por asesinato. De esta manera, el gobierno ha habilitado detenciones masivas.
Esta persecución contra los exfuncionarios y partidarios de un gobierno harto represivo como fue el de la Liga Awami tuvo como objetivo disipar la tensión popular apuntando contra un enemigo público, sin resolver ninguna de las reivindicaciones obreras. Son intentos en vano. Las consecuencias de la guerra acentúan las tendencias a la rebelión popular en Bangladesh y en todo el sur de Asia.

