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El ministro de Defensa Carlos Presti, el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y el jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino, teniente general Oscar Santiago Zarich, firmaron la Carta de Oferta y Aceptación (LOA) para la compra de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk, destinados al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, y más precisamente a lo que se refiere a "protección, interoperabilidad y capacidad de respuesta en operaciones militares, rescates y emergencias".
Estas compras se dan luego de que el gobierno liberticida, en octubre, promulgara el DNU 1205/2026, por el cual se restringe el acceso público a la información sobre equipos o materiales que se pretenden adquirir, cantidades, proveedores, países de origen, montos presupuestarios, ni la fuerza que recibirá el equipamiento. De esta manera los organismos contratantes quedan eximidos de cumplir con las normas habituales de publicidad y difusión de las actuaciones administrativas en los procesos de compra. Los liberticidas se amparan en un decreto de 1963 del gobierno de Arturo Illia, que clasificaba como secreto militar asuntos vinculados con la preparación y empleo de las FF. AA. El DNU, firmado por Milei y Presti, establece que la información será conocida por personas autorizadas porque su divulgación podría comprometer la "seguridad nacional".
Según fuentes castrenses coincidieron que el secreto militar "es importante para 'pertrechar' a las Fuerzas Armadas" porque "el contexto regional y la conflictividad internacional lo ameritan" (Letra P, 19/10).
Desde que asumió, el gobierno de Javier Milei impulsa un programa de reequipamiento militar y su hoja de ruta incluye aviones, blindados, helicópteros, patrulleros, infraestructura naval, proyectos de submarinos y fragatas. El Ejecutivo lo presenta como la "recuperación de capacidades perdidas y como una defensa de la soberanía", pero lo que subyace es un reordenamiento del aparato militar al servicio del alineamiento con Estados Unidos y de la preparación de las FF. AA. para la represión interna, esgrimiendo la cantinela de las "nuevas amenazas" -el ´narcorterrorismo´- y para oficiar de segundo violín en el Cono Sur de la alianza militar "Escudo de las Américas", promovida por el imperialismo norteamericano. Este recorrido realizado por el gobierno de Milei encuentra su punto álgido en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía, que estipula la creación del Consejo de Seguridad Nacional, el cual incluye medidas de integración transversal de los aparatos represivos. La "causa nacional" de Malvinas no es más que el mascarón de proa del desarrollo de una variante fascista, atada a un acuerdo con el trumpismo para militarizar el Atlántico Sur.
En esta línea de acción Milei instruyó que las FF. AA. estén "adiestradas, alistadas, capacitadas y equipadas", mientras que el ministro de Defensa, Carlos Presti, presenta el reforzamiento del área como la "defensa de la soberanía y de los intereses estratégicos". Para financiar el proceso de rearme, el gobierno lanzó el Plan ARMA, el cual se fondea de privatizaciones, concesiones y licitaciones de predios de las FF. AA. A su vez, en el Presupuesto 2027, las FF. AA. figuran entre las más favorecidas con aumentos de los recursos para Defensa y habilita endeudamiento por U$D 3.500 millones para reequipamiento naval y sostenimiento de la modernización del sistema militar. Una parte importante del endeudamiento estaría destinado a la compra de tres submarinos convencionales y dos fragatas multimisión. Las partidas para defensa aumentaron en relación al 2026 en un 24%.
El proyecto de Presupuesto también establece el financiamiento para la adaptación de la VI Brigada Aérea de Tandil y del Área Material Río Cuarto para recibir los 24 F-16 comprados a Dinamarca. Para 2027 fija como meta incorporar seis cazas, completar treinta ejercicios y alcanzar 98.300 horas de operación, asignar recursos para recuperar pistas, helipuertos y servicios de rampa en quince brigadas, bases y destacamentos. El Presupuesto estipula fondos para ciberdefensa, radares y equipamiento destinado a fuerzas especiales. Así las cosas, el proyecto de Presupuesto, que sería tratado por el Congreso a finales de noviembre, vuelve a ubicar al área entre las excepciones del ajuste. Mientras otras dependencias del Estado siguen bajo la lógica de la motosierra, Defensa mantiene una trayectoria ascendente en recursos y equipamiento, no así en remuneraciones y prestaciones sociales, acentuando la situación de precariedad, generando malestar entre las bases y la oficialidad de las tres fuerzas.
Los liberticidas han convertido la alianza político-militar (y comercial) con Estados Unidos en "política de Estado". La compra de los F-16, la Base Naval Integrada de Ushuaia, el memorándum entre fuerzas especiales de ambos países y la presencia de infantes de marina estadounidenses en Ushuaia y en el Río Paraná, que operan sin autorización del Congreso, muestran un rearme concebido como integración subordinada a la estrategia militar de Washington, que avanza en poner bajo su control total al hemisferio occidental.
Con el secreto militar de por medio, el gobierno avanzará en el rearme sin tener que rendir cuentas, dotándolo de una discrecionalidad y opacidad en momentos en los que la guerra internacional se extiende y la conflictividad social en la Argentina va en aumento de la mano del plan de guerra, que Milei y Caputo siguen descargando contra las masas en pos de hacer frente a los vencimientos de deuda. En este cuadro de situación, el Estado policíaco se presenta como un complemento necesario y el gobierno cívico-militar que inauguró Milei con la designación de Presti comienza a tomar otra relevancia.
