Escribe Joaquín Antúnez
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Los vecinos de Remedios de Escalada, distrito de Lanús, se encuentran conmovidos por la explosión de un caño de gas que derivó en un muerto, 30 heridos y decenas de vecinos evacuados. La magnitud del daño en la infraestructura de la zona todavía resulta incierto, contemplando la destrucción de inmuebles, vehículos y pérdidas ocasionadas a los comerciantes afectados.
Los vecinos habían denunciado que la pérdida de gas era conocida por la empresa que realizaba la obra, Exgadet, una tercerizada de Metrogas, y autoridades municipales de Lanús.
Las obras que realizaba Exgadet en la zona habían sido anunciadas por Metrogas como una renovación de caños, equivalente a 390 km de tuberías, en siete distritos del conurbano bonaerense. La fuga de gas se habría originado mientras los operarios maniobraban una tuneladora para lograr colocar los nuevos tubos y, por error, rompieron un caño en funcionamiento que derivó en la explosión. Las tuberías de gas tienen cerca de 60 años.
Al reconocer la existencia de una fuga de gas, los operarios se comunicaron con la empresa Metrogas para dar inicio al protocolo de emergencia ante estos casos. Sin embargo, desde Metrogas omitieron este paso y decidieron enviar una cuadrilla propia, integrada por cinco operarios, para controlar la situación. Mientras el trabajo se realizaba, el gas se fue alojando en el pequeño depósito subterráneo de un comercio ubicado en Del Valle Iberlucea 4494, pleno centro comercial de la zona. Los protocolos de emergencia fueron activados recién una vez sucedida la explosión.
Los trabajadores se encontraban sin ropa ignífuga. Los vecinos han relatado haberlos visto correr envueltos llamas. Varios de los operarios sufrieron quemaduras graves. Uno de ellos, Marcelo García, de 47 años, figura como desaparecido. Podría tratarse de la persona fallecida, que aún no pudo ser identificada.
La tercerización laboral ocupa un lugar central en la precarización de las condiciones de trabajo y la seguridad laboral elemental.
La reacción de los vecinos fue inmediata. No sólo se movilizaron para asistir a los heridos y actuar ante la emergencia, se organizaron cortes de calle y grupos de WhatsApp para organizar piquetes y movilizaciones que se han sostenido desde el viernes 14. Los vecinos han apuntado inmediatamente contra Metrogas.
En diversas entrevistas y testimonios de los propios vecinos, se define el hecho como un “acto de negligencia”. Las denuncias y reclamos por el fuerte olor a gas se habían reiterado al menos durante dos días previos. En la mañana del propio viernes, los vecinos notificaron en varias oportunidades a Metrogas y al municipio de Lanús sobre la situación. La respuesta de la empresa fue que la situación se encontraba "controlada".
El municipio de Lanús, dirigido por el camporista Julián Álvarez, ha responsabilizado a Metrogas por su “negligencia”, pero la obra fue adjudicada a una empresa tercerizada con la aceptación del propio municipio, según figura en los expedientes. Los vecinos que se comunicaban con la Municipalidad de Lanús recibían la misma la respuesta que enviaba la empresa: “todo controlado”. En ningún momento se puso en funcionamiento el protocolo de seguridad. Álvarez ha anunciado que será querellante en la causa contra Metrogas, a la que exigirá resarcimiento económico por las pérdidas materiales. Es una manera de autoencubrirse. Por otro lado, la reparación a las familias afectadas no puede esperar los largos tiempos judiciales. Los empresarios de Metrogas deben responder inmediatamente con su patrimonio, ad referéndum de sus responsabilidades penales.
Por su parte, las medidas anunciadas por el municipio para resarcir a los vecinos son menores (exenciones impositivas y algunos subsidios con montos y fechas inciertas). La exención de impuestos provinciales, asimismo, fue supeditada a un proyecto de ley provincial.
El camporismo ha reducido la responsabilidad de los hechos a Metrogas y al gobierno de Javier Milei. La venta de acciones de Metrogas por parte de YPF fue estimulada mediante el reparto de dividendos, en lugar de apuntalar inversiones en materia de seguridad. Los beneficiados de su privatización fueron los empresarios Vila, Manzano y Filiberti, accionistas de Edenor. Las privatizaciones de Menem fueron preservadas por el matrimonio Kirchner.
El sostenimiento de las privatizaciones fue acompañado por el crecimiento exponencial del trabajo precario y tercerizado, convertido en política de Estado por los K. La burocracia de los sindicatos está integrada completamente a este circuito. Ha abandonado cualquier lucha por el pase a planta permanente e incluso participa del negocio por medio de empresas y ´cooperativas´ truchas. La CGT no ha convocado ni un paro contra las masacres laborales y esta vez tampoco fue la excepción.
Los vecinos han tomado la iniciativa ante esta masacre. Los cortes y piquetes han obligado a controles y mediciones, que de otra manera son ignorados sistemáticamente. Las responsabilidades políticas del caso llevan hasta el propio Estado. Ese es el camino que han marcado los vecinos movilizados.

