Escribe Lucas Giannetti
Salarios impagos, subsidios millonarios y una empresa que no rinde cuentas.
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Desde el sábado 31 de octubre, los trabajadores de la empresa de transportes La Nueva Perla mantienen una retención de tareas que paraliza el transporte público de Pergamino y los servicios que unen la ciudad con Manuel Ocampo, Mariano Benítez y El Socorro. Unos 3.000 trabajadores y estudiantes viajan diariamente, siendo la única vía de transporte público que une Pergamino con los pueblos aledaños. La medida obedece al reclamo del pago de los salarios adeudados y de una suma no remunerativa que la empresa, hasta ahora, no abonó.
El jueves 12 se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo en la que la empresa aseguró no tener recursos económicos para pagar a los trabajadores. El boleto urbano de Pergamino, con un costo de $2.784, es el tercero más caro del país, superado solo por Pinamar ($3.176) y San Martín de los Andes ($2.900). En una audiencia previa realizada el lunes 2 de noviembre entre la empresa, delegados, la UTA, el Ministerio de Trabajo bonaerense y el Municipio, los choferes condicionan el levantamiento de la medida a un salario básico de $3.500.000 y al pago de lo adeudado. La respuesta de la patronal fue pedir más subsidios al Municipio.
Alfredo González, portavoz de la empresa, sostiene que La Nueva Perla “necesita recursos” para normalizar el servicio. En febrero de 2024 se registraron siete despidos por parte de la empresa, que durante años ha recibido subsidios nacionales, provinciales y municipales. Este año la empresa consumió el presupuesto anual 2026 de subsidios municipales cuando faltaban dos meses para terminar el año, y ha puesto el grito en el cielo por los costos de combustible, las cargas sociales de $40 millones mensuales para 35 empleados y la pérdida de pasajeros. Mientras tanto, el Municipio, conducido por el macrista Javier Martínez, presupuestó $577 millones en subsidios para este año y descartó, por ahora, una nueva ayuda económica. Es decir que los trabajadores y usuarios están en el medio de una disputa por fondos públicos entre una empresa que dice no poder pagar y un Estado municipal que ya la subsidió. La contracara se evidencia en un servicio deteriorado: unidades que no funcionan, recorridos recortados y sin circulación los días domingos y feriados. Mientras tanto, la enorme torta de subsidios recibida por la empresa fue usada para diversificar las actividades de la sociedad, que en 2015 compró una empresa de soda y agua, Nueva Pracilio.
La lucha de los choferes de Pergamino no está aislada: se inscribe en la crisis del transporte y en el ajuste del gobierno de Milei, que retiró la asistencia nacional, y de gobernadores e intendentes. Por eso hace falta coordinar con otros sectores en lucha y avanzar hacia una huelga general que ponga fin al ajuste.
Desde la burocracia sindical de la UTA se ha limitado a “iniciar negociaciones” y a un pasilleo en el Ministerio de Trabajo. Lejos está la UTA de organizar un plan de lucha hasta la conquista de todos los reclamos de los trabajadores.
Por ser un servicio público, el Estado debe responder y garantizar el normal funcionamiento del servicio y, por ende, los puestos de trabajo. Para esto, lo más importante es organizar la lucha independiente de trabajadores y usuarios, autoconvocarse y tomar las medidas que correspondan en defensa de sus derechos, como son la fuente de trabajo y los servicios, y por la apertura de los libros contables de la empresa. Si la empresa no puede o no quiere sostener el servicio, éste debe ser municipalizado bajo control de sus trabajadores y de los usuarios, y no rescatado una vez más con fondos de los trabajadores y a expensas de nuevos “boletazos”.

