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El 17 de noviembre, una contundente huelga ferroviaria de 24 horas que paralizó las principales vías del país.
La medida estaba prevista para el 12. Cobró mayor voltaje luego de que, en la madrugada del domingo 15 de noviembre, una locomotora de mercancías descarrilara, hiriendo al maquinista y cortando la línea Madrid-Ávila. Fue el tercer accidente ferroviario grave ocurrido en el año. El pasado 28 de octubre, en Urda (Toledo), la colisión entre un AVE de Renfe y un convoy detenido de Iryo provocó 69 muertos y más de 200 heridos. En enero, en Adamuz (Córdoba), otro accidente dejó 46 víctimas fatales.
Los mecánicos de Renfe y controladores de Adif vienen denunciando que el mantenimiento de la infraestructura ha sido entregado a subcontratas precarizadas sin formación adecuada, mientras los trenes circulan con limitaciones de velocidad y fallos técnicos constantes.
La protesta, que afectó tanto a las empresas públicas Renfe y Adif como a las operadoras privadas Iryo y Ouigo, dejó a más de 700.000 viajeros afectados y desbordó los elevados servicios mínimos decretados por el gobierno de Pedro Sánchez. La crisis ferroviaria adquiere un carácter dramático frente al colapso de la seguridad en la red, tras una cadena de siniestros evitables. Detrás de esta rebelión en las vías está el deterioro provocado por años de desinversión, privatización ferroviaria y tercerizaciones.
Pese a que el Ministerio de Transportes impuso servicios mínimos contra la huelga, la adhesión en los puestos clave superó el cerco oficial. En Cercanías Madrid se llegó a suprimir durante la mañana el 97,64 % de los trenes garantizados, cerrando la tarde con un 44 % de servicios mínimos cancelados en la capital y un 41 % en Rodalies de Barcelona. En Alta Velocidad y Larga Distancia cayeron el 14 % de las salidas programadas, dejando fuera de circulación decenas de servicios en vías troncales como Madrid-Barcelona y Madrid-Valladolid, mientras que en el transporte de mercancías apenas circularon 53 de las 205 unidades habituales.
El Ejecutivo de Sánchez, golpeado por la dimisión del ministro Óscar Puente tras la tragedia de Urda, intentó desactivar la huelga aprobando un decreto cosmético que reconoce la llamada "Cultura Justa", que habilita a los maquinistas a detener la marcha ante riesgo grave. Promete un plan de seguridad y ayudas a las víctimas. Sin embargo, el Gobierno se niega a revertir la fragmentación privada del sistema ferroviario y a garantizar la inversión estructural exigida, recurriendo en cambio a servicios mínimos coercitivos para boicotear el derecho de huelga.
Por su parte, las cúpulas sindicales -el sindicato corporativo de maquinistas Semaf junto a CCOO y UGT- se vieron empujadas a convocar al paro por el hecho inevitable de la decisión de luchas de los trabajadores ferroviarios conmocionados tras los accidentes, pero actúan como un dique de contención. En sus comunicados, la dirigencia sindical limita sus reclamos a una negociación técnica con el Ministerio sobre protocolos de doble verificación en los centros de control, coeficientes reductores de jubilación y dotación mínima de personal a bordo.
Al igual que hicieron el 11-N -cuando clausuraron la huelga general en una jornada aislada de 24 horas para canalizar el descontento hacia las urnas-, las direcciones ferroviarias fragmentaron el plan de lucha: levantaron el paro previsto para el 12 de noviembre alegando "avances" en la mesa de negociación, aislaron la jornada de este martes de los demás sectores en lucha y postergaron la siguiente medida recién para el 23 de noviembre. Mientras las burocracias buscan administrar la crisis sin cuestionar el negocio privado ni el ajuste estatal, los trabajadores ferroviarios, junto a los docentes, trabajadores de la sanidad y estudiantes que siguen movilizados en España, demuestran que la única garantía real para defender la vida de la población, las suyas propias y condiciones de trabajo pasa por la huelga general.

