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En el marco de las elecciones adelantadas que se celebrarán el próximo 29 de noviembre, el actual presidente Pedro Sánchez (PSOE) y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), tuvieron un debate cara a cara este jueves 19, organizado por la Academia de la Televisión. El adelantamiento de las elecciones fue forzado por la quiebra política del Gobierno, tras perder el sostén de sus aliados parlamentarios, Junts, el partido de la burguesía catalana. El ascenso de la lucha de clases, contra la carestía de la vivienda y por reclamos salariales y laborales, dio lugar a una histórica huelga general el 11 de noviembre pasado.
Ambos candidatos volverán a verse el jueves 26, en un debate cuadrangular: se sumarán el jefe de la ultraderecha neofascista, Santiago Abascal (Vox), y Ada Colau, del Frente Amplio, la coalición izquierdista que cogobernó junto al PSOE.
El encuentro -de dos horas de duración- puso de manifiesto la extrema debilidad política de Sánchez, en contraste con un Feijóo embravecido. Algunas crónicas lo describieron como una "ametralladora" de acusaciones contra su rival. Una dinámica similar ya se había producido en contiendas anteriores que luego Sánchez logró revertir en las urnas. La diferencia actual más sustancial radica en que Sánchez ha encabezado ocho años de gobierno signados por el deterioro social de los trabajadores de España.
El debate se estructuró en cinco bloques temáticos: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior. En cada uno de estos ejes quedó expuesta la sintonía patronal de ambos contendientes.
En un país levantado contra los desahucios (desalojos) y el encarecimiento habitacional, Feijóo lanzó una ofensiva brutal contra los inquilinos, proponiendo una nueva ley del suelo y una ley "antiocupación" diseñada para blindar la especulación inmobiliaria y criminalizar la protesta, lo que equivale a echarle nafta a la crisis habitacional. Sánchez intentó presentarse como "regulador", prometiendo vivienda protegida tras años de garantizar el negocio de los rentistas. En el plano de los servicios públicos e infraestructuras -golpeado por las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda y el descarrilamiento reciente que dejó al maquinista herido-, Sánchez exhibió planes a futuro apoyándose en la tregua pactada con las cúpulas sindicales (SEMAF, CCOO y UGT). Fue precisamente esa burocracia sindical la que levantó el paro en los trenes y redujo la huelga general del 11-N a una medida aislada de 24 horas. El Gobierno de Sánchez, en una maniobra que lo describe, jugó simultáneamente a coquetear con la huelga y mandó a la policía a reprimir los piquetes, sin satisfacer ninguno de los reclamos obreros planteados.
Sánchez volvió a ampararse en las cifras macroeconómicas y el crecimiento nominal de España en Europa. Oculta que estos índices reflejan las ganancias de los fondos buitre y la industria armamentística, mientras los trabajadores sufren un derrumbe histórico de su poder adquisitivo (con alquileres que treparon un 44% desde 2021 frente a salarios medios que apenas subieron un 22%). Feijóo, por su parte, atacó el gasto público y la deuda, prometiendo rebajas de impuestos que en la práctica significan un recorte aún más salvaje sobre la sanidad, la educación y las pensiones.
Ambos candidatos coincidieron en defender el cierre de fronteras y el ataque contra los trabajadores migrantes. Feijóo, desde una demagogia xenófoba alineada con la ultraderecha, denunció el "efecto llamada" y las entradas irregulares en Ceuta, exigiendo endurecer el control fronterizo y condicionar la ayuda exterior. Sánchez pretendió mostrarse como un defensor de los derechos humanos criticando los centros de deportación fuera de la Unión Europea, pero ocultando que su propio Gobierno es responsable de los cientos de inmigrantes ahogados en el Mediterráneo y de ejecutar las devoluciones "en caliente". El gobierno “socialista" sostiene los acuerdos con la monarquía marroquí para tercerizar la represión y utiliza a las fuerzas policiales como gendarme europeo en Ceuta y Melilla.
El cruce de acusaciones -Feijóo enumerando los escándalos que rodean al entorno socialista, Sánchez recordando el historial judicial del PP- evidenció que la corrupción no es un ´defecto moral´ de un partido, sino un rasgo inherente al régimen político bajo el capitalismo en su etapa de descomposición: los grupos económicos y especulativos utilizan el Estado mediante sobornos y concesiones para asegurar sus negocios.

