Chile: 25J por el derecho al aborto y todas nuestras reivindicaciones

Este año las mujeres luchadoras viviremos un 25 de julio diferente. Dado que nos encontramos en medio de una pandemia, con un toque de queda, con el país militarizado y medidas de restricción de movimiento en las principales ciudades del país, no podemos salir a las calles en masa a marchar, una vez más, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Pero, el pasado miércoles, nos movilizamos en todo el país para reclamar justicia para Antonia y prisión efectiva para su abusador, en una jornada histórica que recorrió todo el país y en donde apuntar a la responsabilidad del Estado y el poder judicial, y doblegar la impunidad de la que han gozado por años los abusadores sexuales que, por sus contactos con el poder capitalista, en otras condiciones, nunca llegaban al banquillo de los acusados.

A casi 5 meses de que se confirmara el primer caso de COVID-19 positivo en el país nos encontramos en un escenario catastrófico con más de 341.304 contagios y más de 12.000 fallecidos. Las consecuencias económicas del manejo de la pandemia han sido igual de desastrosas. Hay más de 700.000 trabajadores suspendidos y más de 40.000 con sus jornadas y salario reducidos a la mitad, donde la gran mayoría son mujeres, dado que estas políticas que han permitido el resguardo de las ganancias capitalistas en medio de la crisis sanitaria, han afectado principalmente a las actividades del comercio, el retail y el turismo, donde trabajan mayoritariamente mujeres.

Son miles las trabajadoras que en este contexto han quedado cesantes o han visto caer de forma dramática sus ingresos. Esto representa una verdadera catástrofe para las familias obreras, ya que en Chile de los 5,45 millones de hogares que existen, el 42% es sostenido económicamente por una mujer. Son miles también las mujeres que trabajan de forma informal y por esto, no nos sorprende que los datos ya disponibles indiquen el 97,6% de los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia 1 (IFE) fueron dirigidos a mujeres. En medio la pandemia, Piñera solo ha ofrecido planes de asistencia social de miseria a las mujeres en las poblaciones obreras y por esto, que han sido cientos de luchadoras las que en todo el país han parado las ollas comunes para apoyar y asegurar el derecho a la alimentación de toda su clase social.

Como si no fuera poco todo lo anterior, el derecho a la salud sexual y reproductiva también se ha visto fuertemente afectada. Según la Corporación Miles, 4 de cada 10 personas tuvieron alguna dificultad para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva en los últimos meses y un 56% de las mujeres no pudo acceder a métodos anticonceptivos. Según la OMS, una disminución de un 10% en los servicios de salud sexual y salud reproductiva a causa del COVID-19 ocasiona millones de embarazos no deseados y abortos inseguros a nivel mundial. Chile está sobre el 40% de reducción de atención en salud sexual, lo que sin lugar a dudas agravará, las condiciones de opresión y seguridad de las mujeres en un futuro muy cercano, con miles de embarazos no deseados y exposición a formas inseguras e insalubres de aborto. Desde el gobierno de Piñera no se ha desarrollado un plan efectivo para abordar esta cuestión, no existen protocolos de salud sexual y reproductiva adecuados para un contexto de pandemia y casi como una burla, buscan palear la falta de stock de anticonceptivos y preservativos, metiendo una tira de tres condones y dos paquetes de toallas higiénicas en las cajas de alimentos que llegan a las familias más precarizadas una vez cada 2 meses.

A la fecha no existen cifras actualizadas desde el MINSAL sobre la implementación de la ley de aborto “en 3 causales”, por lo que las mujeres no estamos al tanto de esta situación y el reporte que existe (con meses de desfase) indica que el primer trimestre de este año solo se han realizado 142 interrupciones del embarazo, menos de los 200 casos que se reportaron a igual fecha el 2019. Esta situación lo único que provoca es que las mujeres en ausencia de una asistencia hospitalaria como corresponde, se exponen a ser estafadas en el mercado negro del misoprostol y la mifeprostona, lo que no solo puede traer un perjuicio monetario, sino también de salud en la eventualidad de recurrir a métodos naturales que ponen en riesgo la vida.

Como vemos, el abandono por parte del Estado que hoy deja a miles de mujeres sin acceso al derecho básico a la irrupción de un embarazo no deseado, es parte estructural del sistema capitalista, y antecede a cualquier pandemia. Mientras son mayoritariamente las mujeres las suspendidas y cesantes, el gobierno demoró cinco meses en tramitar el beneficio de la extensión del Post-natal de emergencia en contexto de pandemia, exponiendo la vida y salud de las madres trabajadoras y sus familias.

La pandemia no ha cesado, y por eso, debemos seguir organizándonos para reclamar que el Estado reestablezca lo antes posible y con todas las medidas sanitarias posibles la atención de salud sexual y la provisión lo antes posible de los métodos de anticipación e interrupción del embarazo. No estamos dispuesta a salir más pobres y más oprimidas después de la pandemia.

El movimiento de mujeres debe seguir luchando, debe seguir creciendo, porque las mujeres somos parte de la lucha general de la clase trabajadora y la defensa de las condiciones de salud y de vida hoy nos plantean objetivamente elevar el cuestionamiento radical de este régimen social, para así, sacar adelante todos nuestros reclamos postergados. Es necesario consolidar una fracción del movimiento de mujeres que construya una corriente independiente de cualquier bloque patronal y se oriente -unida a sus compañeros de clase- a la lucha por educación sexual, el aborto legal, contra la violencia y los femicidios, contra las suspensiones y por el reintegro de todas las trabajadoras despedidas, por un trabajo con contrato y seguridad social, contra la brecha salarial y por la construcción de un mundo que merezca ser vivido. Luchemos por un gobierno de trabajadoras y trabajadores.