Escribe Tito Fuente
No queremos más represión policial: por el respeto al convenio 169.
Tiempo de lectura: 3 minutos
El objetivo del paro de un grupo empresarios del transporte de carga es imponer al gobierno un petitorio de 13 medidas, de las cuales 10 fueron elaboradas por La Moneda, que consiste en una inyección de recursos a las policías para aumentar la represión en la Araucanía y al pueblo chileno. Es un paro esencialmente reaccionario y una respuesta contrarrevolucionaria a las reivindicaciones planteadas por la rebelión popular iniciada en octubre.
Este petitorio, sin embargo, se encuentra muy alejado de las reivindicaciones que con urgencia requieren satisfacer los conductores y trabajadores del gremio del transporte. En la práctica, los patrones no respetan el artículo Nº25 bis del Código del Trabajo donde dice que el horario de trabajo no excederá de 180 horas mensuales; los conductores prácticamente viven arriba del camión y con bajos salarios. En muchas empresas de transporte las condiciones laborales de los trabajadores de mantención mecánica son insalubres e indignas; no cuentan con baños ni comedores apropiados. Además, en este gremio, se ha normalizado la práctica del despido inmediato de todos los trabajadores que quieren sindicalizarse. Entonces, la movilización no tiene nada que ver con solucionar las necesidades económicas de los trabajadores del transporte; es un paro político.
Tampoco el paro ha tenido el apoyo del conjunto de los transportistas. Es una movilización que nuevamente saca a flote la división de la burguesía -ante los acontecimientos del país; primero, por la incapacidad del gobierno al enfrentar el impacto de la crisis capitalista y no prever la rebelión popular y, segundo, por el manejo bonapartista de Piñera que ha prevalecido sus negocios y los de su círculo más cercano, por ejemplo, el “exitoso” viaje a China meses antes de la rebelión. Recordemos que el gobierno sufrió una derrota en el parlamento por la aprobación del retiro del 10% de las AFPs con votos de sus parlamentarios; antes sufrió otro traspié con la salida de Mañalich por su manejo engañoso para enfrentar la pandemia; motivos de conflictos entre la UDI-Evopóli vs RN son la salida de Blumel de Sichel del gabinete de Piñera y el “encierro” de Desbordes en el Ministerio de Defensa. En resumidas cuentas, los cambios de gabinete demuestran la fuerte pugna interna que mantienen los partidos de gobierno.
La caída del régimen de Pinochet por la movilización social y la fuerza de la rebelión popular de octubre son experiencias que las masas la entienden como un camino hacia el poder político, y la burguesía comprende también, que está en juego su propia existencia. La derecha dura plantea que la salida a la crisis es aumentar la represión a las movilizaciones, como el petitorio de los camioneros, y la otra posición que toma fuerza en la derecha es la de iniciar conversaciones con un sector de la oposición para enfrentar los “necesarios cambios a la constitución” y las próximas elecciones, sin descartar la salida violenta a la crisis. Ahora, el plan con la oposición es amortiguar por la izquierda las próximas movilizaciones de masas. Varios personajes de la izquierda han declarado que incansablemente han golpeado las puertas de la moneda para abrir una mesa de diálogo. La izquierda parlamentaria va a estar dispuesta, porque ven con incertidumbre su futuro político.
La crisis capitalista y la pandemia a desfinanciado al Estado. Los paquetes económicos no han sido suficiente para reactivar la economía y aumentan los cierres de la industria manufacturera y tiendas comerciales. La pérdida de los puestos de trabajo, formal e informal, sobrepasan los dos millones y el aumento de los precios de los alimentos de primera necesidad son incontrolables. Por lo tanto, el panorama político que se presenta para los próximos meses va a ser de reclamos y movilizaciones por la carestía de la vida y por trabajo. Es en ese contexto que, en las exigencias de los transportistas y de Piñera, están más presente que nunca la rebelión popular y las reivindicaciones que allí surgieron. Al empresariado le produce mucho temor la intervención de las masas por el nivel de conciencia política que ha adquirido.
Denunciamos que el paro camionero impulsado por Piñera es una operación maligna contra las comunidades mapuche y la clase obrera pues está dirigido a resguardar el saqueo forestal de la Araucanía por las transnacionales, y dotar a las policías con mayor contingente especializado, más financiamiento y recursos tecnológicos para la persecución a los luchadores sociales -con atribuciones legales que los desligue de toda responsabilidad ante la brutalidad de la represión.
Hacemos un llamado a las organizaciones populares y sindicales a rechazar el paro reaccionario de los transportistas y de Piñera. A seguir luchando por trabajo y un sueldo equivalente a una canasta de consumo familiar; no a la usurpación y devolución de tierras a los mapuche, que se cumpla el Convenio 169 de la OIT; no a la militarización de la Araucanía. Que los empresarios cumplan con el artículo 25 bis y pago de las horas extras a todos los conductores del transporte de carga; ante la carestía de los alimentos, organizar el control poblacional de los precios.