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Este miércoles arrancó la cuarta audiencia pública por la privatización de los terrenos de Costa Salguero. Se trata de un predio de 333.515 metros cuadrados para construir edificios de hasta 29 metros de altura y un denso centro comercial, prometiendo el metro cuadrado más caro del país. En la última audiencia, expusieron unas 200 personas. En total se anotaron unos 7.000 expositores de esta instancia del debate, la gran mayoría rechazando el proyecto. “El eje central fue la denuncia de vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que aseguraron que el Gobierno porteño destina tierras privatizadas a favorecer los ‘negocios privados de los más ricos’ y no viviendas para quienes ‘realmente lo necesitan’” (Perfil, 2/11). El proceso de audiencias continuará recién el 14 de diciembre próximo.
La crisis habitacional que atraviesa el país es catastrófica y la pandemia la expuso con el desalojo de Guernica y con la situación en todas las villas del país que tienen elevados índices de muertos y contagios, causados por el hacinamiento y la falta de acceso a servicios esenciales. La gestión capitalista del suelo llevó a un proceso de inquilinización creciente, y la pérdida de 4 millones de empleos hizo que la mayoría de los inquilinos no puedan pagar los alquileres por la brecha entre la valorización del suelo y los ingresos, convirtiéndolos en víctimas de desalojos y abusos. El proyecto es un bloqueo entre la ciudad y el derecho a la costa y al disfrute de esos espacios – a veces el único recreo de cientos de miles de trabajadores. El proyecto fue votado como ley en octubre por el oficialismo y los bloques aliados de la UCR y el socialismo, donde dieron una primera sanción – se trata de una ley de doble lectura. La audiencia pública que recibió una histórica cantidad de inscripciones para rechazarlo es no vinculante, o sea sin capacidad de decisión.
El proyecto viola el artículo 8 y el 27 de la Constitución de la Ciudad que establece que la Costanera debe ser un gran parque público y contar con libre acceso. Las tierras públicas no pueden enajenarse para uso privado según la Constitución Nacional.
La audiencia pública sobre este proyecto se ha convertido en un gran foro de denuncias ciudadanas. En ese ámbito fue cuestionada la enajenación para uso privado de los playones ferroviarios de Liniers, Caballito, Villa Urquiza y Colegiales, votados en común por macristas y kirchneristas, como la enajenación de tierras de la villa 31. También se reclamó que se disuelva la Administración de Bienes del Estado, creada por Cristina Fernández en 2012, junto con toda la venta de tierras públicas desde su creación por ser ilegítimas, ilegales e inconstitucionales. Se pidió la renuncia de la ministra de Planeamiento Urbano y que las audiencias sean vinculantes.
Por nuestro lado denunciamos el ataque a los trabajadores por parte del gobierno de la Ciudad y Nacional, destacando el que sufren los trabajadores de la Salud y Educación. “Acá hay una política sobre el tema de las tierras urbanas y rurales para sacarle más renta. En la rural se queman tierras, humedales, bosques. En la ciudad está el concepto de ´ciudad compactada´. Acá el gobierno y todos los partidos están en función de los negocios. El planteo alternativo se manifiesta en el elevadísimo número de 7.000 personas que se anotaron para la audiencia. Los trabajadores del subte lograron las 6 horas del subte con una gran movilización a las puertas de la Legislatura y con una huelga general. Es el camino. La movilización es importantísima y eso lo aprendimos en el 2001 con las Asambleas Populares”.
En nuestra intervención sobre otro proyecto de enajenación de terrenos de la villa 31, señalamos: “La Villa 31 juega un rol estratégico, el complejo edilicio que está en carpeta implica el desalojo violento de la villa como hizo Cacciatore [intendente de facto]. Acá estamos viendo un acuerdo político entre los partidos. No olvidemos que Alberto Fernández fue legislador de Cavallo. Acá no hay grieta, hay acuerdo político para repartirse los bienes inmobiliarios. Se reparten la ciudad y el país. Acá tenemos que movilizarnos en defensa de la tierra y los bienes públicos”. Concluyó diciendo: “Acá hay un ataque frontal a los trabajadores, a la población, y a todo aquel que tenga el derecho a vivir como se debe vivir”.
Aparte de violar artículos de la Constitución de la Ciudad, este martes se conoció el informe de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que rechazó el emplazamiento del desarrollo inmobiliario con las alturas proyectadas. La iniciativa indicaba que la construcción de edificaciones en ese predio debía contar con la aprobación de la máxima autoridad aeronáutica, que en su dictamen sostuvo que se “vulneran los límites de altura establecidos por la superficie de ascenso en el despegue a pista 13”, entre otras impactos negativos sobre los que advirtió (Página/12, 2/12). Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano dijeron que van a “adaptar el proyecto”.
El peronismo porteño dice que pretende bloquear de manera judicial el proyecto; palabras. Carlos Pagni, en La Nación, señala los vasos comunicantes de la dirigencia pejotaK con Larreta. “La venta de tierras nacionales fue llevada adelante a través de la ´Agencia de Bienes del Estado´, esa suerte de ´inmobiliaria nacional´ creada en 2012 por el gobierno de Cristina Kirchner. Los protagonistas de estas privatizaciones no tienen para ofrecerle a la Ciudad sino más de lo mismo, como lo revela la ´rezonificación´ que el clan Tinelli-Lammens acaba de obtener en provecho propio, y contrabandeando el lema de la *vuelta a Boedo´”.
La inscripción masiva para debe servir de base de una enorme movilización que rechace el proyecto, incluyendo la recolección de firmas para impulsar un referéndum vinculante. Las tierras públicas deben servir para la construcción de viviendas populares y espacios 100% verdes, no para la especulación y los negocios inmobiliarios que significan mayor desposesión de los trabajadores.
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