Tiempo de lectura: 3 minutos
Según los datos publicados por la Seguridad Social, correspondientes a octubre 2020, “ANSeS pagó 380.883 asignaciones por hijos menos a los trabajadores en relación de dependencia registrados que en igual mes de 2019. En tanto pagó 211.136 AUH más. Y si extendemos la comparación a fines de 2017, el contraste es muy superior" (Clarín, 30/1).
Estos números tienen dos explicaciones fundamentales. La primera es la reducción de 200 mil puestos de trabajo formales, entre octubre de 2019 y de 2020. La otra es que la actualización de los topes para percibir el salario familiar (y otras asignaciones) fue actualizado, en 2020, sólo un 20%, muy por debajo de la inflación del mismo período que fue del 36,1%. Luego de las paritarias, muchos trabajadores dejaron de percibirlo.
La sub-actualizacion de los topes de las asignaciones familiares opera del mismo modo que la sub-actualizacion del piso del ´Impuesto a las Ganancias´, produciéndose, en este caso, una doble confiscación – a medida que menos trabajadores perciben las asignaciones familiares, más trabajadores son alcanzados por el impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría. En diciembre de 2020, un trabajador con ingresos por debajo la línea de pobreza (establecida en $54.000) pagó el impuesto.
Con la última actualización de diciembre, el tope fijado para este año para percibir las asignaciones familiares será de $77.664 – lo que, para la burocracia del estado, supone un ingreso familiar superior a $155.168. Basta que un solo miembro del grupo familiar perciba la suma de $77.664 para verse excluido del beneficio del salario familiar.
A medida que sube el escalafón salarial, la asignación por hijo va disminuyendo hasta desaparecer; si un trabajador tiene un ingreso familiar inferior a $57.609 (como dijimos más arriba, basta que un miembro del grupo familiar perciba la mitad de esa suma para considerarse que la familia tiene ese ingreso), el salario familiar representa $3.717 – aproximadamente el 6,4% de su salario; si tiene un ingreso superior a $57.609 e inferior a $84.491, desciende a un 2,9% ($2.506); si el ingreso familiar es inferior a $97.548, representa el 1,5% ($1.514); en el límite de $155.148, apenas representa el 0,5% del salario ($779).
La pérdida neta de 200 mil puestos de trabajo registrados es, en primer lugar, la prueba del fracaso del decreto de ´prohibición de despidos´ y de que el resquicio dejado a los sindicatos de la CGT para negociarlos operó como canilla libre. Pero un dato poco conocido es que, en la gran industria, una cantidad enorme de trabajadores fueron incorporados -aunque sea en forma eventual- para reemplazar al sector de operarios licenciados por pertenecer a los grupos de riesgo del Covid 19 o por tener hijos a cargo con las clases suspendidas. Es decir que contradictoriamente, la pandemia actuó como ´generadora´ de empleo, que en algunos casos llegó a representar el 20% de los planteles. Esto significa, por un lado, que la cifra de despidos en el sector privado es muy superior a los 200 mil que se dieron a conocer; y, por otro, que la modificación del decreto de la doble indemnización que fija un tope de 500 mil pesos, apunta a que los capitalistas puedan desvincular a los trabajadores más antiguos y mejor categorizados para quedarse con los eventuales que, en caso de una disminución productiva, podrán ser despedidos por monedas. Como se ve, los miles de millones destinados por el Gobierno al rescate de los capitalistas no fueron a parar a la protección del trabajo, sino a un incremento de la especulación y precarización.
El crecimiento correlativo de la Asignación Universal por Hijo, que alcanza a hijos de trabajadores sin trabajo registrado (ni relación de dependencia ni monotributo) es una demostración del profundo proceso de destrucción de las condiciones de vida de la clase obrera. Lo mismo demuestran los 9 millones de inscriptos para el IFE.