Dos millones de personas mayores no podrán jubilarse

Nueve de cada diez mujeres de entre 55 y 59 años y siete de cada diez varones de entre 60 y 64 años, no podrán jubilarse cuando cumplan la edad jubilatoria (60 años las mujeres, 65 años los varones) por no reunir los 30 años de aportes que se requieren y tampoco podrán ingresar a las moratorias vigentes. Según el INDEC, hay 1.103.603 mujeres de entre 55 y 59 años y 906.232 varones de entre 60 y 64 años en esta situación.

Este universo de más de 2 millones de adultos mayores solamente podrá acceder a la PUAM -Pensión Universal al Adulto Mayor- si demuestran que están en situación de vulnerabilidad social en base a una evaluación socio-patrimonial de la familia, transformando a los jubilados en una carga para los bolsillos de sus familiares reventados por la inflación, la devaluación y los salarios a la baja por las paritarias de hambre que se están queriendo imponer los gobiernos de la mano de la UIA y la burocracia sindical . Actualmente, este “beneficio” reviste la suma miserable de $16.457 mensuales, indistintamente de los años de aportes realizados por cada trabajador, y no da derecho a la pensión por viudez por el fallecimiento del cónyuge. Un rasero de pobreza único para las y los trabajadores después de una vida entera de trabajo.

Según un Informe de la Secretaría Política Económica, (Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género), las mujeres trabajadoras son las más afectadas por esta situación ya que “además de tener peores salarios en general, las mujeres enfrentan mayores niveles de informalidad (36% versus 34,2%) y mayores niveles de desocupación (10,8% versus 8,9%) que los varones”. Por otra parte, el Informe precisa que “según datos del Boletín de la Seguridad Social, solo el 53,4% de las mujeres en edad próxima a la jubilación, realizó aportes. Dentro de este grupo, solo 116.771 mujeres superan los 20 años de aportes y podrían efectivamente jubilarse. Esto equivale apenas al 10,7% del total de mujeres de entre 55 y 59 años y al 20,1% de las mujeres no jubiladas de esa edad que realizan aportes. Es decir, la mayor parte de las trabajadoras accede a una jubilación sólo por medio de la moratoria”.

Sin embargo, a pesar la alta informalidad, en especial entre las mujeres (caso Personal Doméstico, con 70% de empleo “en negro”) las moratorias vigentes son muy restringidas. La moratoria ley 26.970 permite regularizar la falta de aportes de las mujeres desde los 18 años (cumplidos en 1979) hasta la fecha límite de regularización del 31 de diciembre de 2003. En tanto, en 2019, facultado por la ley, la ANSeS prorrogó la vigencia de la moratoria hasta julio de 2022, pero no alteró la “fecha de corte” de 2003. Esto significa que, a medida que transcurren los años, las mujeres pueden regularizar por moratoria menos años faltantes y necesitan contar con más años de aportes realizados desde comienzos de 2004. (Clarín, 1/3) Por lo tanto, son mayoría las mujeres que pueden tener aportes hechos hasta 2003, pero no después de esa fecha por el aumento sostenido de la informalidad y el agravamiento del desempleo. En este sentido, aunque cuenten con 15, 20 o 24 años de aportes anteriores a diciembre de 2003, no pueden jubilarse recurriendo a la moratoria. Esta exigencia por trabajo genuino, por salarios y jubilaciones acordes a las necesidades para garantizar una vida digna para todas las mujeres trabajadoras tiene que estar en primera línea de cara al 8M.

Por su parte, los varones sólo pueden acceder a la moratoria ley 25.994 con la condición de que durante 2004 hayan cumplido 65 años y registren aportes hasta diciembre de 2003. Esto quiere decir que, en este caso, el trabajador en esta situación recién se estaría jubilando con 83 años.

Se desarrolla en la práctica la ‘reforma previsional’ que reclama el FMI. Los puntos centrales de ella son: elevar la edad para jubilarse y establecer una relación del 40% entre la jubilación y el salario al cese la vida laboral. Quien no haya reunido los años de aporte, sea como consecuencia de la desocupación o del trabajo en negro, deberá seguir trabajando hasta que las velas de la vida dejen de arder. Para este mismo sector, la pensión a la vejez representa un porcentaje incluso inferior al que reclama el FMI del salario al cabo de los los 60/65 años que requiere la ley jubilatoria. Somete a las y los jubilados a una pauperización enorme de sus condiciones de vida. La “reforma” que “pide” el Fondo es dar staus legal a esta situación, como la condición fundamental para obtener el ‘equilibrio fiscal, en lugar de los subsidios y blanqueos al capital, y por sobre todo el pago de la deuda externa y la posibilidad de refinanciarla a niveles mayores hasta que una crisis mundial no mande todo al diablo.

El acuerdo que los Fernández volvieron a prometer en la Asamblea Legislativa representa una cuerda feroz en el cuello de la clase obrera.