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Un 24 de marzo, hace 45 años, no hubo grietas. Salvo la que separaba en forma brutal a las camarillas de las tres Armas. Un mes y medio antes, el 5 de febrero, una solicitada hacía pública la urgencia de la totalidad de las cámaras empresarias para que no se demorara el golpe militar. El suplemento del Economist de Londres, Intelligence Unit, había adelantado el nombre de quien sería el futuro ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz. El prócer de la República, Ricardo Balbín, había reclamado acabar con lo que llamó la “guerrilla fabril”, algo que las FFAA cumplirían al pie de la letra. El Poder Judicial, encabezado por la Corte, el denominado contrapoder encargado de velar por el estado de derecho, se convertía en una servilleta multiuso, al jurar por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional. El peronismo, que se describe a sí mismo, como lo hacía el yrigoyenismo, como “la nación misma”, había pavimentado el camino, al militarizar la cuenca del Paraná, en 1974, desde San Nicolás hasta el Departamento de San Lorenzo, en Santa Fe; crear la triple A; impulsar el Rodrigazo; designar a Videla comandante en jefe del Ejército; decretar el “aniquilamiento de la subversión”; y luego, como lo estampara para la historia el entonces secretario general de la CGT, Casildo Herrera, declarar “yo me borro”. El partido comunista desempeñó, en todo este proceso, un rol de vanguardia, pues venía pregonando un “gobierno cívico-militar” desde la asunción del gobierno por parte del general Lanusse. Los partidos que supimos conseguir proveyeron decenas de intendentes a la dictadura militar. Cada 24 de marzo se replantea la obligación de trazar con claridad las responsabilidades políticas del golpe asesino, que definen ulteriormente los límites insalvables de las fuerzas políticas en presencia. El peronismo quedó alejado del gobierno hasta la asunción de Menem, en 1989, quien fue más lejos que Martínez de Hoz en los servicios prestados al capital financiero.
No es posible desentrañar las raíces del golpe genocida sin una comprensión adecuada del retorno de Perón en 1972. No fue, como se sigue caracterizando, una reparación histórica de la proscripción impuesta en 1955, sino un recurso último para contener la insurgencia obrera iniciada por el Cordobazo. El carácter sistémico de la vuelta pactada entre el peronismo y el alto mando militar, permite poner de manifiesto la sucesión de golpes que jalonaron su gobierno y concluyeron en el golpe militar. El arribo al gobierno de la fórmula Perón-Perón no fue una transición organizada por el gobierno precedente de Cámpora y de Solano Lima, sino un golpe de estado, que supuso la destitución de un gobierno electo por otro de la camarilla lopezreguista en la persona de Lastiri. A esto siguió la intervención de facto de la provincia de Buenos Aires, mediante el derrocamiento del gobernador Bidegain. La forma acabada del golpismo se alcanzó en febrero de 1974, en Córdoba, mediante un golpe policial, con el apoyo de Perón, que derribó al gobierno de Obregón Cano. En esta ocasión, las direcciones sindicales que habían acompañado el Cordobazo, algunas con influencia del partido comunista o del ERP, se mandaron a guardar. Históricamente, los partidos que hoy compiten por copar la grieta, fueron cómplices del golpe militar.
La memoria del 24 de marzo se ha mantenido viva en las generaciones sucesivas, debido a la actualidad renovada de sus causas históricas. La clase capitalista que apadrinó el golpe y lo sostuvo en el tiempo es la misma, al menos en lo fundamental. Los Videla consolidaron a la “patria contratista” (de esa época proviene el calificativo) que se encuentra involucrada, tanto en los cuadernos de Centeno como en la fuga de capitales y el acuerdo con el FMI del macrismo. La insurgencia popular sigue viva, desde antes y después del Argentinazo del 2001. La miseria social es considerablemente más grave. El aparato de represión se encuentra incólume al igual que su método de gatillo fácil. La condición de la mujer, a pesar de los derechos que ha arrancado, es peor, por la sencilla razón de que la miseria social destruye los lazos familiares precarios y se ensaña en la violencia contra la mujer y la niñez. El FMI, o sea el capital financiero, sigue ordenando y desordenando la vida del país, y Argentina paga un tributo cada vez mayor por una deuda pública incontrolable.
Para las organizaciones de derechos humanos de cuño oficial, la cuenta de la dictadura militar ha quedado saldada con el ascenso del gobierno "nacional y popular", al cual llaman, por supuesto, a defender de sus caídas y recaídas. Recuerdan a los 30 mil compañeros desaparecidos, pero llaman a no traspasar las fronteras del orden establecido. No sacan conclusiones de los golpes de estado que han conmovido a América Latina desde el derrocamiento del hondureño Zelaya, ni de la intervención militar abierta de las FFAA de Brasil en la destitución de la lulista Roussef y de Bolivia en relación a Evo Morales. América Latina no es un oasis de democracia; todo lo contrario: es un polvorín social y político. Las fuerzas antagónicas que entraron en un choque final hace 45 años, siguen presentes en un cuadro de crisis humanitaria y quiebras financieras.
El impasse histórico del capitalismo es mucho más acentuado que hace 45 años. Las guerras más frecuentes y las amenazas de guerras directas entre potencias, mayores. El pulso de la actualidad se manifiesta en las rebeliones populares que se extienden por el planeta como nunca antes en el pasado.
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