Discutamos la crisis de dirección de la rebelión popular en Colombia

Colombia vive una rebelión popular única, por su duración ininterrumpida. Es también única en que se encuentra articulada por una coalición de organizaciones, sindicatos y de hecho algunos partidos, mientras por abajo la iniciativa es incesante de cara a los aparatos. Tiene en común con todas las rebeliones populares, que haya tomado por sorpresa al poder político, que es siempre el último en advertir, no digamos comprender, las raíces de la rebelión y su propagación entre las masas. Varios observadores destacan también la falta de ‘flexibilidad’ del régimen político para insinuar una transición política, aunque no ha podido menos que conceder a los reclamos de derogar la ley tributaria y la relativa a la salud. Estas conquistas ‘por la negativa’, o sea impedir medidas ofensivas, no resuelven, sin embargo, las cuestiones fundamentales, como el hambre, la pobreza, incluso la supervivencia en el marco de una pandemia arrasadora. El gobierno ha debido ceder varias fichas de su entorno -los ministros de Economía, Relaciones Exteriores-, pero no abre, de nuevo, una transición política, incluso bajo su tutela, como está dispuesta a aceptar la oposición. Acaba de rechazar un pliego de acuerdo ofrecido por el Comité de Paro, en lo relativo a la libertad de manifestar. Su consigna es: “hay que abandonar la calle”. El ejército, policía y paramilitares, fueron encargados de ejecutar esa consigna por medio de masacres, torturas y desapariciones. Colombia vive, hasta cierto punto, un principio de guerra civil, impulsado por el gobierno o quienes operan a través de él. Guarda, en este sentido, una semejanza con Myanmar, donde los manifestantes han recurrido a las armas para defenderse de una represión descomunal, y forjar alianzas con guerrillas regionales que reclaman la constitución de un estado federado. Duque insiste con un libreto que utilizó el chileno Piñera por un tiempo – la violencia popular estaría motorizada por estados extranjeros.

Tras la primera semana de paro ininterrumpido, se abrieron mesas de negociaciones. Duque se reunió primero con la “Coalición de la Esperanza”, un rejunte de derechistas y centroizquierdistas que se opusieron al paro desde el primer momento, aunque varios de ellos integran el Comité de Paro (CNP). Luego, el 10 de mayo, en medio de masacres contra la población, sobre todo en Cali, Jamundí, Popayán, Buga, Buenaventura, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla y muchas otras ciudades, Duque se sentó a la mesa el CNP.

“En lo político, los delegados del Comité son más afines a la Coalición de la Esperanza, que agrupa a candidatos de centroizquierda como Sergio Fajardo, Ángela Robledo, Juan Fernando Cristo, entre otros, y dentro de ésta hay un número mayor de delegados cercanos a Jorge Enrique Robledo” (sillavacía, 12/5). Esto explica la tenacidad del Comité en defender una vía de acuerdos que sólo serviría para desangrar a los luchadores. Existe una conciencia clara que hay que evitar por sobre todo una revolución. Duque juega al límite con esta limitación del Comité, al que quiere convertir en un restaurador del orden, cuando es una representación de las masas en lucha. Francisco Maltes, de la CUT, coordinador del CNP, es afín a la Coalición Esperanza (aunque también pasó por el Partido Liberal y el partido del derechista de Humberto de la Calle en 2018), al igual de Diógenes Orejuela, del ejecutivo de CUT, Nelson Alarcón (FECODE), Jénifer Pedraza y José Cárdenas (ambos de Acrees, asociación de estudiantes), Óscar Gutiérrez (Dignidad Agropecuaria) y Jorge García (Camioneros). Orejuela, Pedraza, Cárdenas y Gutiérrez son candidatos por el Partido Dignidad de Jorge Robledo. Apoyan a Gustavo Petro (segundo en las últimas elecciones), Fabio Arias Giraldo, del comité ejecutivo de CUT, quien es miembro del Partido del Trabajo de Colombia (PTC). En las reuniones no hubo ningún delegado de la Unión Sindical Obrera (USO), que adhiere al Pacto Histórico liderado por Petro (12/5).

Las direcciones sindicales se han empeñado en que la jornada de lucha del jueves 28 se caracterizara por grandes festivales, en especial en Bogotá, mientras los jóvenes sostienen los cortes y resisten la represión estatal jornada tras jornada, noche tras noche. El gobierno utilizó las mesas de “diálogo” para impulsar acuerdos locales y avanzar en la militarización del país. Sin embargo, el paro, apoyado por la amplia mayoría de la población, no pudo ser desmontado. No se observan, en Colombia, testimonios o caracterizaciones acerca de cómo la vanguardia militante de la lucha evalúa la situación en su conjunto. Uno de los mayores límites de las rebeliones populares, en diversos casos, es confiar en que la presión de abajo puede obligar a las direcciones a adoptar posiciones y métodos políticos que son extraños a su condición de clase y su trayectoria política. Los diferentes borradores de acuerdo entre el CNP y Duque parecen haber sufrido las modificaciones pertinentes como para contar el visto bueno del Ministerio de Defensa e Interior – cuyo ministro enfrenta una moción de censura.

El preacuerdo establece un “protocolo”, que retira en forma parcial al Escuadrón de la Policía de la represión callejera. Se trata, como es obvio, de papel mojado. Las masas reclaman el desmonte del ESMAD y la desmilitarización del país, como así la renuncia del Ministro de Defensa, Diego Moledo, y la investigación de los responsables materiales e ideológicos de las masacres y violaciones de DDHH. Estas reivindicaciones son realizables a condición de derrocar el poder político uribista. El protocolo ni siquiera se compromete a permitir la veeduría de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

La concesión que está dispuesto a hacer el CNP o, mejor, su posición de fondo es la siguiente: “Hasta ahora el Comité ha apoyado el cierre de vías, pero incluso algunos sindicatos han empezado a solicitar el rechazo a los bloqueos” (lasillavacia, 27/5). Con este salvoconducto no escrito todavía, Duque fue al puerto de Buenaventura a tratar de levantar los bloqueos que afectan el comercio y la circulación de la mitad de los bienes que ingresan al país.

En la movilización masiva por la “toma de capitales”, el martes pasado y el viernes siguiente, el CNP no busca reforzar el paro ininterrumpido y convertirla en una huelga general política, con ocupación de pueblos y lugares de trabajo, sino para “potenciar las negociaciones” (ídem).

En Colombia se asiste a una crisis de dirección formidable; es necesario que sea discutida por los partidos que inscriben en su programa la revolución socialista mundial.