Escribe Emiliano Monge
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El proceso de rebelión popular en Guatemala adquiere una nueva dinámica luego de que masas campesinas y trabajadores bloquearan durante 12 días las rutas de todo el país, reclamando la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general, Consuelo Porras. De acuerdo a los organizadores, unas 200.000 personas participan del movimiento, que abarca 21 de los 22 departamentos en los que se divide administrativamente el país, a las que se suman grupos que organizan cierre de calles y carreteras en pueblos y ciudades (El País, 9/8). El objetivo es realizar un “paro plurinacional” hasta que caiga el presidente y reclamar la formación de un gobierno transicional que convoque una Asamblea Constituyente.
Para la ONG Transparencia Internacional, la imagen de Guatemala es la de un Estado gobernado por mafias que han generado un descontento social muy elevado y permanente (El País, 9/8). Para esta ONG “una represión terminaría por provocar un levantamiento social de consecuencias imprevisibles, porque el descontento sobrepasa al Gobierno. Es contra el sistema” (ídem). El conflicto viene del proceso de rebelión popular desatada a fines de 2020, cuando un grupo de manifestantes incendiaron el palacio presidencial debido al recorte de presupuesto de salud y protección social pare este año.
Pero la nueva chispa fue la destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval el pasado 23 de julio, por Porras y a instancias de Gianmmattei. El presidente y la fiscal general ya querían destituirlo hace tiempo. El fiscal removido destapó más de 50 casos de corrupción en los últimos seis años, fue destituido por supuestamente realizar una justicia selectiva, según el argumento de Porras.
El que convocó a las protestas es el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y otras organizaciones de los pueblos de origen maya, que han bloqueado desde las 06:00 horas del lunes las rutas de conexión con los puertos y ciudades, en 4 rutas, Atlántico, Sur, Oriente y Occidente, “aislado a Guatemala del resto del mundo en una movilización que obedece, en palabras de sus dirigentes, al rechazo ‘a la corrupción, la impunidad y a la cooptación del Estado’” (El País, 9/8). Denuncian el “fraude electoral”, y piden continuar la lucha. A principio de año se manifestaron pidiendo la anulación de las privatizaciones del país y rechazando la criminalización de su lucha y el asesinato de varios de sus líderes.
El brazo político de Codeca es el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que tiene un programa de defensa de los campesinos e indígenas. Son diferentes sectores “sin tierra” que trabajan como jornaleros en las fincas o emigran en busca de trabajo en diferentes lugares y fuera del país. Codeca estuvo ausente de la rebelión popular de noviembre de 2020, catalogándola de estar organizada por grupos empresarios en disputa por el reparto del presupuesto. Dicen que “se ha utilizado el Covid-19 para endeudar más al país, para más corrupción y desmantelar el poder judicial”.
Desde Codeca, pidieron la participación de todas las “fuerzas vivas” del país, y que “no es con la renuncia de estos personajes corruptos que se va a encausar este país. Todos los sectores que constituyen el Gobierno están corruptos”. Reconocen que “Las condiciones para que se vaya el presidente han estado, pero el problema es que nosotros no nos hemos sumado a esta lucha”. Se han convocado a diferentes organizaciones en el país, indican los coodinadores de Codeca. “Necesitamos una constitución nueva”. “Cada día las condiciones se van a profundizar”, indican (prensalibre, 9/8).
Estas manifestaciones y bloqueos se suman a los realizados la semana pasada por los 48 cantones de Totonicapán, universitarios, médicos y la población que ha mostrado su molestia por la falta de vacunas contra Covid-19 en el país y contra la destitución de Sandoval de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (telesurtv, 10/8). La Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala informó que se unirán a la manifestación de Codeca.
Los manifestantes creen que los gobernantes son “titiriteros” y piden Fuera Giammattei “por haber traicionado al pueblo de Guatemala” (Codeca, 8/8). También demandan la suspensión de los festejos del bicentenario de la independencia de Centroamérica de España, el 15 de septiembre de 1821. El comunicado concluye con un llamado a todos los guatemaltecos a construir la unidad. En su propuesta de 'avanzar en el tejido en favor de la vida', amenazada por la gestión capitalista de la pandemia.
El cierre de carreteras es un fuerte golpe al sector privado, que calcula que les puede provocar pérdidas de, en promedio, 50 millones de dólares por día. Reclaman la formación de un Gobierno transitorio y la convocatoria a una ‘Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional’ para redactar una nueva Constitución que recoja “la voluntad y aspiraciones de todos los pueblos y sectores del país”, aspiraciones imposibles de cumplir bajo el actual régimen político y social.
El ex ministro de Exteriores Edgar Gutiérrez dijo: “Giammattei se metió en su propio laberinto y no podrá salir. La clase política tampoco tiene la madurez para proponer salidas institucionales. Así, el reto de encontrar una salida de transición corresponde a la sociedad” (El País, ídem). Según analistas el gobierno no esperaba la unidad con los pueblos indígenas, sectores campesinos y familias muy postergadas y castigadas por la crisis y pandemia, que han salido a las rutas y tienen la capacidad de desabastecer las ciudades.
Reclamamos la conformación de una Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder, que sustituya al Congreso y a la presidencia, y que discuta en función de los diferentes sectores de trabajadores movilizados y accione concretamente sobre los problemas fundamentales del país.