"Gobierno de Progreso", falsas concesiones para ocultar su cara ajustadora

El gobierno de coalición PSOE-UP en menos de 60 días ha pretendido vender como progresos sociales medidas dudosas o simplemente inexistentes y modificaciones ineficaces a leyes vigentes, mientras en otros terrenos mantiene las políticas de sus predecesores como el problema de la inmigración. Ha sustituido las concertinas por una elevación de las vallas en Ceuta y Melilla, y el Ministerio del Interior mantendrá las devoluciones en caliente mientras los ministros de las dos formaciones dicen rechazar el fallo del Tribunal Europeo de Justicia que convalida la devolución de los inmigrantes detenidos en el acto de entrar a España. El Gobierno intenta frenar la desilusión con falsas concesiones mientras la crisis creciente lo empuja a un enfrentamiento con los trabajadores.

Los políticos burgueses tienen por tradición brindar a un nuevo Gobierno 100 días de tregua. El escenario político español está muy lejos de ese objetivo idílico. La coalición entre el PSOE y Unidas Podemos (UP) se encuentra bajo la presión permanente de los partidos a su derecha de un lado y las exigencias de las agrupaciones nacionalistas, que son sus aliados circunstanciales y esquivos, porque exigen concesiones a cambio de su apoyo. En este cuadro general el presidente Pedro Sánchez y su “gobierno de progreso” que cumplirá los primeros dos meses desde su investidura el 7 de marzo se ha dedicado a desnaturalizar los compromisos políticos de su campaña electoral. Las pocas decisiones políticas que adoptó, pretenden crear la imagen de que están destinadas a satisfacer las reivindicaciones de los trabajadores y los sectores empobrecidos de la sociedad. Pero ese engaño no cuela, porque no logra disfrazar que sus medias tintas diluyen las promesas electorales por sus concesiones a las patronales y a los intereses capitalistas. Esto ha convertido al gobierno del PSOE y UP en el Gobierno del como si… Todo es como si se fuese a satisfacer demandas sociales, pero en realidad no lo hacen. Es decir que lisa y llanamente mienten.

El consejo de ministros del 18 de febrero derogó el artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores (ET) que establecía que una de las causas de “despido objetivo” era el absentismo justificado. El despido por el 52d suponía 20 días de indemnización por año trabajado por ser una causa objetiva admitida. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y su valedor el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias, dijeron que: “Mandamos un mensaje a la sociedad de que a partir de hoy a nadie se le va a despedir por tener una causa justificada de baja por enfermedad”. También dijeron que se comenzaba a desmontar la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy. Mentiras. La realidad es que a los trabajadores los podrán despedir y la única diferencia es que el despido se considerará improcedente, con lo cual la indemnización será de 33 días por año trabajado. Las cinco causas de despido objetivo recogidas en el artículo 52 del ET están allí desde la aprobación del Estatuto en 1980. Este despido no fue introducido por Mariano Rajoy. En 2010 quien si lo endureció fue el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero… Para eliminar realmente la posibilidad del despido por acumular bajas justificadas por enfermedad habría sido necesario modificar el artículo 53.4 en el cual se establece cuándo un despido por causas objetivas es nulo. Pero aun peor, puedes estar de baja justificada por enfermedad y sufrir un despido por otra causa objetiva que será valida, y por lo tanto estando de baja sufrirás un despido procedente y te pagarán 20 días por año trabajado y a la puta calle. Pablo Iglesias y Yolanda Díaz mienten por la cara.

El ministro de Consumo Alberto Garzón anunció las líneas generales de las limitaciones a las apuestas deportivas y a las casas de juego. Existe una verdadera presión por parte de las asociaciones de vecinos de los barrios de trabajadores, y de las asociaciones de consumidores, por la presión de las casas de juego sobre una juventud que busca una escape a su situación de postergación social en la ilusión del juego como forma desesperada de salir de sus privaciones. Bajo el argumento de que en Italia la prohibición de la publicidad del juego de azar desató un crecimiento de las apuestas, Garzón defendió una serie de tibias limitaciones como un gran progreso. Este consiste en que la publicidad del juego en radios y televisión dentro de los espacios dedicados a las retransmisiones deportivas sólo se hará a partir de las 20.00 horas. Mientras tanto, como denuncian los propios empresarios de la radio y la televisión, la emisión de esa publicidad por Internet, que es la que domina entre los jóvenes, se hará libremente. Tampoco se han tomado medidas sobre la expansión territorial de las casas de apuestas en los barrios humildes de las grandes ciudades donde se concentran sus ingresos. La tibieza de Garzón tiene una razón de fondo, las apuestas on line mueven 2.580 millones de euros con ingresos brutos para las casas de apuestas de 724 millones de euros. Las promesas electorales se han diluido ante los intereses empresariales, del juego, los medios de comunicación de masas, en especial radio y televisión, de los clubes de fútbol y de Internet. El dirigente comunista ha pretendido empaquetar a las asociaciones de consumidores que lejos de dejarse encandilar rechazan su política.

El martes 25 de febrero el Consejo de Ministros aprobó por decreto una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria en un intento de frenar la movilización de los productores agrarios asfixiados por años de precios en origen por debajo de los costes de producción. Los pequeños productores agrarios, carecen de la posibilidad de reducir sus costes de producción por la propia limitación a su capital que se deriva de la escasa extensión de sus explotaciones cuando son propietarios de suelo, o de los costes, incluido el arriendo de la tierra, cuando no. El Gobierno que prometio soluciones a los productores movilizados ha manifestado su absoluta impotencia al decidir que los precios en origen no deben ser inferiores a los costes de producción, pero ha dejado la definición de esos costes en manos de productores y compradores. Son estas partes enfrentadas las que deben decidir cuales son los costes. Esto tiene una consecuencia inevitable. Los compradores que son las grandes cadenas de distribución y comercialización de la alimentación van a “fijar” cuáles son los costes de producción a los que están dispuestos a comprar. Por añadidura en el supuesto que se vendiera a costes de producción reales los productores no obtendrían margen comercial, mientras que los consumidores, es decir los trabajadores de la ciudad pagarían en el precio final la “bondad” de los acaparadores.

Para los productores que emplean mano de obra asalariada la solución será la misma que hasta ahora: pagar salarios de hambre a sus trabajadores. Los que no, aumentarán su trabajo cada vez peor remunerado hasta que las deudas los lleven a la quiebra. Mientras, las medidas adoptadas en materia laboral para el sector agrario son de misericordia. El 14 de febrero Yolanda Díaz y Pablo Iglesias prometieron a los sindicatos que en atención a las graves condiciones meteorológicas de esta campaña las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario por el paro se bajarán de 35 a 20. Una solución coyuntural que no va al fondo de la cuestión, la estacionalidad del trabajo y la falta de alternativas ocupacionales en el sector agrario. El Gobierno ha hecho una tímida defensa del salario mínimo interprofesional para el sector agrario que las asociaciones de productores dicen no estar en condiciones de pagar, y autorizará a los inspectores de Trabajo el acceso a las viviendas que los productores ofrecen en la campaña de recogida a los trabajadores aunque no estén en el predio donde se trabaja.

La decisión es risible, porque los pequeños productores para sobrevivir pagarán por debajo del SMI, y por el otro lado no hay inspectores suficientes para supervisar las condiciones de vida miserables de los trabajadores contratados para las cosechas. Es decir, el gobierno no resuelve el problema de los pequeños productores, no puede fijar precios mínimos en origen, capitula ante los grandes intereses económicos, y no puede proteger a los trabajadores del campo de las condiciones de explotación extrema que sufren. Gobierno de Progreso…

Mientras tanto la Plataforma de afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado que en los 42 días de “Gobierno Progre” se han registrado 8.316 deshaucios “Sin embargo, al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, le ha dado por hacerse el gracioso. Y es que no se le ha ocurrido otra cosa que enviar su agradecimiento a la (PAH), porque mantiene su presión al nuevo Ejecutivo, para que este «no sólo reciba presiones de la banca o la CEOE»”, señala insurgente.org. Vale la pena recordar que la ministra de Igualdad Irene Montero es una ex activista de la PAH que también contó con la simpatía de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El poder hace de la memoria un acontecimiento fugaz. Mientras tanto el Gobierno anuncia para dentro de poco una ley de control del precio de los alquileres que los pulpos inmobiliarios se ocuparán de moderar o dejar en la nada.

Hay una acción del gobierno que lo pinta de cuerpo entero como publicista de su incapacidad. Los ministro se han llenado la boca con métodos de recaudación radicales, y entre ellos señalaron la Tasa Google, es decir un impuesto a las grandes plataformas digitales que no tributan en los países en los que hacen su negocio y se amparan en países con un trato fiscal privilegiado, como Irlanda en el caso de varias de ellas incluida Google. El consejo de ministros del 18 de febrero aprobó este impuesto del 3% sobre la publicidad dirigida, intermediación y venta de datos. El gobierno dijo en enero, cuando trató el tema por primera, vez que recaudaría 1.200 millones de euros. Ahora dice que serán 968. Sin embargo ha dejado su aplicación en suspenso hasta diciembre de este año. No ha dicho porqué. Pero lo cierto es que teme la reacción de Estados Unidos como la aplicación de tasas a las importaciones desde España. Francia aprobó la misma tasa y la dejó sin afecto después de las represalias de Washington. El equipo de Sánchez tiene la esperanza que en la OCDE se apruebe una tasa consensuada con EEUU, que está en proceso de discusión desde hace un año, y que es posible que se materialice de aquí a diciembre. Eso le sacaría las castañas del fuego. Estas iniciativas son en algunos casos manifestaciones de impotencia disfrazadas de medidas progresistas, y en otros un vulgar engaño que de conjunto pretenden crear la ilusión, la imagen, de que este es un gobierno de progreso.

Mientras tanto la triste realidad es que la crisis capitalista progresa de forma imparable. Airbus Industries ha anunciado despidos y a sus operaciones en España le toca recortar 630 puestos entre Sevilla y Cádiz. La industria del automóvil hace frente a una caída global de las ventas, en particular en China, que fuerza a recortes de plantillas a las grandes empresas del sector. Ford, Nissan, Renault, PSA maduran sus regulaciones de empleo. El turismo cae en picado y las empresas del sector sufren las consecuencias, mucho antes de la crisis del coronavirus. Quiebran tour operadores centenarios como Thomas Cook. Hay una crisis industrial internacional que afecta de forma directa a España. La desaceleración económica internacional se va a agudizar y todo indica que golpeará a España con fuerza. El deterioro de la economía anuncia una tendencia al ajuste en contra de los intereses de los trabajadores que hará inevitable su choque con el Gobierno.

Es en este escenario que una parte de los partidos que se dicen revolucionarios llama a movilizarse para exigirle al Gobierno nada menos ¡que proteja los intereses de los trabajadores y garantice el empleo y el salario! El supuesto de que esta es una forma de generar un movimiento reivindicativo sobre la base de que tenemos un gobierno de progreso social constituye un verdadero engaño para los trabajadores. Este no es un gobierno de progreso social. Es un intento trasnochado de rescatar a España del desmoronamiento de su régimen político pactado en la Constitución de 1978. La coalición PSOE-UP aspira a encontrar una salida ordenada a la crisis de régimen, en particular a la demanda de autodeterminación en Cataluña. Con el telón de fondo de un agravamiento progresivo de la crisis capitalista a escala nacional y global, el objetivo del Gobierno -que se basa en el engaño de las masas sobre sus verdaderas intenciones- está destinado a saltar por los aires. El Gobierno prepara un ajuste profundo de las condiciones de trabajo mediante su propia reforma laboral y de ataque a las pensiones públicas cuya reforma espera poner en marcha a través del Pacto de Toledo. Alentar ilusiones en el Gobierno es desarmar a los trabajadores ante estos planes para llevarlos a la derrota.

Solo la organización de los trabajadores en un partido independiente de los intereses de la patronal y los capitalistas, con un programa de combate contra la explotación y por el socialismo, puede generar una diferenciación respecto de los intereses de la burguesía y garantizar la movilización de los trabajadores por sus propios intereses.