Salvador Mazza: Sáenz interviene el municipio para encubrir al intendente Méndez

La justicia salteña ha habilitado una serie de allanamientos al intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, que derivaron en el secuestro de vehículos de alta gama, más de doscientos millones de pesos en efectivo (buena parte en dólares y euros) y armas de alto calibre. El procedimiento derivó en la imputación del jefe comunal y de 11 personas de su entorno directo, acusados de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público; es decir, un desfalco sistemático del municipio fronterizo.

Ante el escándalo, Méndez aprovechó que la justicia omitió dictar su prisión preventiva ante semejantes acusaciones y se licenció de su cargo alegando que podía justificar todo su patrimonio en tanto el sería un histórico “comerciante de frontera”. Posteriormente, las investigaciones periodísticas dieron cuenta del manejo de una suerte de aduana paralela por la cual se contrabandeaban miles de toneladas de soja, entre otros productos.

En reemplazo de Méndez ha asumido la presidente del concejo deliberante, María Valdiviezo, quien no fue reelecta en las elecciones provinciales por haber sido parte del staff de concejales que intentaron cobrar el IFE en 2020. Sin embargo, en tiempo récord, el gobierno provincial impulsó desde la legislatura la intervención del municipio, violando además la constitución provincial, ya que, en vez de proceder a llamar a elecciones en un plazo de 90 días, el interventor se quedará hasta fines del 2023.

Crisis política y encubrimiento

Bajo el escándalo, los concejales saencistas y del FdT local impulsaron movilizaciones para rechazar la intervención antes de que la misma se consume, una suerte de fractura del poder local. Bajo ella y siempre por lo bajo, se ha deslizado que dicha intervención busca preservar los negocios organizados y avalados desde el departamento ejecutivo municipal vinculados al contrabando fronterizo. Después de todo, los beneficiarios de ese contrabando son los sojeros y terratenientes salteños, que “fugan” sus materias primas para evadir impuestos y retenciones. No han faltado tampoco los señalamientos del rol de esta aduana paralela en el narcotráfico que históricamente azota a Salvador Mazza y la provincia.

Es claro para un sector de la población local que la intervención impuesta por Sáenz busca establecer el relato de que “la casa está en orden” para preservar todos estos negociados espurios. Sin embargo, el concejo Deliberante y la intendente interina Valdiviezo, tampoco tienen la más mínima condición de ir a fondo en el desarme de todo este entramado de negocios, corruptelas y desfalcos sobre el patrimonio municipal, ya que a lo sumo se presentan como “normalizadores”, siempre bajo las órdenes de Sáenz; a la par de que se han cuidado prolijamente de no denunciar la indiscutible complicidad de la policía y la gendarmería con semejante red de contrabando a cielo abierto organizada por Méndez y sus compinches.

Que se vayan todos

Hasta el momento, la masa de los trabajadores y explotados del municipio se debaten entre el rechazo o la aceptación de la intervención, siempre bajo la ilusión de que los concejales o un compinche de Sáenz sanee la situación. Sin embargo, las intervenciones y destituciones no han sido pocas en las últimas décadas y hay una sobrada experiencia de cómo estas han servido para garantizar la impunidad del régimen político local, tal como pasó con el exintendente proxeneta y prostibulario, Carlos Villalba o con concejales y diputados narcos.

Los compañeros del PO de Salvador Mazza, han denunciado el operativo de encubrimiento y han convocado a los docentes autoconvocados, los trabajadores de la salud, los municipales de planta y los precarizados, y a las organizaciones de vecinos y comunidades que reclaman por el agua y la obra pública en sus barrios y misiones, a impulsar una asamblea o congreso de trabajadores para luchar por la apertura de los libros contables del municipio y el concejo, colocándolos bajo su control como también el completo desarme de la aduana paralela montada por Méndez desde la intendencia y un control obrero del paso fronterizo. De este modo avanzar en la investigación y el desmantelamiento de las corruptelas que afloran, la recuperación de todo el patrimonio municipal confiscado y el encarcelamiento y condena de todos los implicados.