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Los últimos días, tras la publicación de los bajos resultados obtenidos por Argentina en las evaluaciones estandarizadas ERCE 2019 realizadas por la UNESCO, ha pasado a ser foco de toda la prensa burguesa lo que se nombra como la “Crisis educativa” y una caída en picada de “la calidad educativa”. El ERCE, según la página oficial de la UNESCO, “tiene como objetivo principal servir como una herramienta de monitoreo de la calidad de la educación en la región, para informar el debate y orientar la toma de decisiones en torno a la materia”. Esta cuestión se ha colado en la crisis política desde el juego de “El Gran Bonete”.
Los cruces políticos
El gobierno nacional, a través del Ministro de Educación Nacional, Jaime Perczyk, y de la ex diputada K -ahora vocera presidencial-, Gabriela Cerruti, planteó que la causa de este estado de situación “es la profunda desinversión educativa del periodo 2016-2019”. Es decir que la culpa es del macrismo.
Por su parte, Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación Nacional durante la gestión macrista, salió al cruce y planteó que “Argentina comenzó su declive educativo hace muchos años. En 2006 estuvimos sobre el promedio, pero ya había señales de advertencia. En 2013, cuando el kirchnerismo educativo y el 'cterismo' educativo ya llevaban 10 años en el poder, comenzamos a bajar. Y en 2019 continuamos bajando" y continuó señalando que "Nuestras políticas comenzaban a dar sus frutos, pero este Gobierno no solo las discontinuó sino que también cerró las escuelas dos años" durante la pandemia. O sea que la culpa es del peronismo y de la organización sindical de la docencia.
Unos y otros dicen “quién yo, no señor” y se tiran la pelota sin cesar. En un punto ambos lados de “la grieta” tienen razón: el régimen capitalista ha desarrollado una política de degradación sistemática integral al calor de su propia descomposición que hoy nos tiene atravesando una crisis humanitaria sin parangón por la imposibilidad de contener un virus pese al enorme avance científico-técnico del S XXI que no es más que un nicho del lucro privado. La educación no escapa a este movimiento centrípeto desintegrador y privatizador.
Evaluaciones estandarizadas
La ley de educación Nacional de 2006 K convalidó la “evaluación educativa” en las prácticas del Ministerio de Educación nacional sometiendo el sistema educativo argentino a las llamadas pruebas Pisa a cargo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Al tiempo, descentralizó el sistema educativo transfiriendo dicha responsabilidad a las provincias sin transferir los fondos necesarios.
Esta política fue profundizada por el macrismo que impulsó el Instituto de evaluación docente y de ´calidad educativa´, un organismo autárquico pasible de ser financiado por el capital privado, así como las evaluaciones estandarizadas “Aprender” -que fueron tomadas el día de ayer bajo el pronóstico preestablecido de que va a demostrar que todo es peor tras el confinamiento. Dichas evaluaciones fueron ampliamente rechazadas por la docencia por no contemplar las particularidades de los procesos de enseñanza aprendizaje. Por otra parte, la caída del presupuesto educativo efectivamente fue una marca distintiva del gobierno de JxC que agravó aún más la situación de las cajas educativas provinciales.
El hilo forma una gran red: Silvia Montoya, directora del Instituto de Estadísticas de la UNESCO, desde 2012 a principios de 2015 se desempeñó como Directora General de Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es docente e investigadora en la Universidad Católica Argentina. Por su parte, desde CTERA, ante las pruebas UNESCO, plantearon que "la interpretación de resultados evaluativos de este tipo, realizados aisladamente de su contexto cultural y estructural, pueden conducir a interpretaciones y acciones de política educativa equivocadas" pero fueron defensores de la LEN que oficializó las pruebas PISA.
Las evaluaciones estandarizadas, que todos los gobiernos sin distinción de color sostuvieron, son un engranaje fundamental de las reformas educativas que los organismos internacionales del capital financiero imperialista vienen impulsando desde hace décadas tendientes a la destrucción de las condiciones laborales de la docencia y a la privatización de los sistemas educativos para propiciar el lucro privado y para achicar el ´déficit fiscal´. El ´cumplimiento de compromisos´ con una deuda continuada que unos toman y otros pagan, así como la necesidad de reestructurar las relaciones sociales de producción para poder impulsar un nuevo período de acumulación capitalista, así lo exige.
Por eso la grieta no existe al momento de colocar la responsabilidad de la degradación educativa en la docencia y en los estudiantes particulares para correr el eje de las responsabilidades del régimen político. En una educación donde los edificios escolares explotan matando a los trabajadores de la educación-como sucedió en Moreno con Sandra y Rubén-, donde el deterioro de los salarios docentes es permanente, donde las vacantes en la escuela pública faltan de a decenas de miles dejando este año a casi 20 mil niños de nivel inicial desescolarizados y a miles de jóvenes sometidos a una lucha por encontrar un lugar en la secundaria, donde el alcohol y las mascarillas para enfrentar la pandemia son solventadas por el cuerpo docente, el Estado capitalista, se niega a presentar un balance sobre su gestión educativa.
Calidad y degradación
Los medios de comunicación y los políticos patronales, en este contexto, se llenan la boca hablando de lo que debería ser una ´enseñanza de calidad´ haciendo referencia a que debería ser una enseñanza tendiente ´a la equidad´, a la preparación para ´el mundo del trabajo´, etc. La idea de “calidad educativa” utilizada por el capitalismo no es más que la condensación conceptual de la mercantilización de la educación. Para convertir lo educativo en una mercancía ´mensurable´ y ´tasable´ se tiende a aislar, a separar el proceso educativo de las relaciones sociales y de existencia en las que se produce. No se puede analizar la educación y sus posibilidades sin analizar su contexto de producción. En un capitalismo en decadencia las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras se deterioran a paso acelerado: el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la alimentación están altamente vulnerados, la familia se derrumba bajo el peso de la precarización, el desempleo y la miseria. La educación así concebida queda al servicio del lucro privado, del mundo de un trabajo que aliena, es decir, separa, fragmenta y sustrae, lo producido y creado por los seres humanos en vez de buscar su unificación, perfeccionamiento y planificación con el propósito de que redunde en un bien social.
En resumidas cuentas, para poder tener una “educación de calidad”, la única salida es una revolución social que permita concebir los procesos de enseñanza y aprendizaje como una unidad al servicio de la humanidad toda. Sólo de este modo se podrá acceder a un conocimiento integral y a una evaluación que permita ajustar lo necesario para restituir al ser humano aquello que lo hace humano: su capacidad de transformar la naturaleza, su entorno de existencia para hacer de este mundo un lugar digno de ser vivido para las mayorías trabajadoras.
